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RadioBlog Educación al Día 1.0
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Así es el plan de choque con el que salvarían a Savia Salud.
Buscar una banca financiera que se encargue de identificar nuevos inversionistas para la EPS Savia Salud y, además, asignar un gerente al proceso de reorganización empresarial, son las decisiones tomadas para salvar a la entidad de salud.
Estas estrategias fueron anunciadas luego de la reunión que se llevó a cabo ayer, en la que estuvieron presentes el ministro de Salud, Alejandro Gaviria; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el gobernador de Antioquia, Luis Pérez; el gerente de Comfama, David Escobar; el superintendente de Salud, Luis Fernando Cruz y el gerente de Savia, Juan David Arteaga.
¿En qué consiste?
Orlando Uribe Villa, secretario de Hacienda de Medellín, explicó que el primer paso de este plan de choque, será la conformación de un equipo de trabajo, que estará liderado por un gerente de proyectos, que se dedicará de manera exclusiva a la reorganización de la entidad.
“Se elegirá una persona conocedora del sector, que genere confianza para los socios, el sistema y los usuarios”, comentó Villa.
Para apoyar la tarea de ese equipo de trabajo, explicó el funcionario, se contratará una banca de inversión, conocedora del sistema de salud y que haya participado en otras iniciativas de ese tipo, para que conjuntamente se elabore un modelo de negocio ideal para la operación de Savia Salud.
Ese modelo tendrá que darle viabilidad y sostenibilidad financiera a Savia, ajustar el sistema de información y caracterización de pacientes, además de una futura negociación de tarifas con las distintas IPS.
“En este modelo se deben plantear diferentes alternativas que permitan una operación que satisfaga los intereses de todas las partes, incluidos los acreedores”, añadió.
El nombre de la banca de inversión se anunciará en dos semanas. Una vez nombrada, tanto la firma financiera como el equipo de trabajo designado para llevar a cabo la reestructuración, tendrán 20 semanas para presentar el modelo que sacará a la EPS de sus crisis, es decir, a finales de julio.
“Las condiciones están dadas para que este plan sea exitoso: hay voluntad del Gobierno Nacional, de la Superintendencia y de los socios. Se reitera que Savia Salud no se va a liquidar”, concluyó.
Se busca la capitalización
El ministro Alejandro Gaviria reiteró que “lo que busca la reorganización empresarial es tener un socio que aporte capital, pero no sólo eso. Tiene que tener también una forma de hacer las cosas, mejorar los procesos, los sistemas de información y demás”.
Gaviria aseguró que no descartan que los acreedores -hospitales públicos y privados- participen en la capitalización de la EPS, es decir, que se hagan socios de Savia.
Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez, informó que Metrosalud, el Hospital Infantil y el Hospital General bajarán las tarifas de los servicios prestados a las EPS, como parte de una de las estrategias enfocadas a que Savia logre un equilibrio financiero.
Respecto al proyecto de ordenanza presentado por la Gobernación en las sesiones ordinarias de la Asamblea departamental, el mandatario Luis Pérez aclaró que, los cuatro puntos que lo conforman, entre ellos la autorización para vender la participación de la administración regional en la sociedad (36,65%), así como la creación de una nueva empresa de la que Savia Salud sería socia, siguen vigentes en el debate de la corporación, esto mientras se conocen los primeros resultados de este plan de choque.
FUENTE EL COLOMBIANO
Adiós a la escritura de notaría, un plan que ahorra un billón de pesos.
A partir de junio, todos los trámites de escritura pública migrarán del papel a lo digital. Es decir que aquellos documentos, usualmente largos, que se elaboran en las notarías se podrán hacer desde la comodidad de un computador, en su casa.
Este fue el anuncio de la Superintendencia de Notariado y Registro que confirmó que aunque desde mitad de año los procesos migrarán a los digital, el traslado que deberán pasar los documentos que se han tramitado así a la fecha será gradual, para eliminar su versión de papel.
El plan tiene tres objetivos generales. El primero, lógicamente, es el ahorro de papel que implica dar un paso importante para la protección del ambiente y los recursos naturales del país.
No es un ahorro pequeño, tomando en cuenta que para cualquier documento de este tipo se requieren al menos tres copias en papel para que reposen en un archivo.
El segundo es ahorrar tiempo tanto de ciudadanos como de funcionarios dedicados a operaciones mecánicas. Esto debe llevar, por consiguiente, a un ahorro en el tiempo mismo que dura cada trámite.
Y el tercero es ahorrarse cerca de un billón de pesos, que es lo que le cuesta a la Superintendencia, anualmente, organizar los 1.800 kilómetros de papel que existen de archivo nacional desde 1786. Además de los gastos propios de papel y tinta que tienen que destinarse para los trámites del día a día de los colombianos. Es de anotar que solo hasta mitad de año se sabrá a cuánto equivale la inversión que realizará la entidad en este sistema.
Existe otra gran ventaja adicional de pasar a la digitalización, explicó el superintendente, Jairo Alonso Mesa, y es evitar que “pase lo de Cartagena, en donde se encontraron más de 50 licencias falsas”.
La versión digital de los documentos de escritura pública garantiza la confiabilidad de la información requerida, una debilidad encontrada en la capital del Bolívar, donde las curadurías permitieron la entrada de documentos poco fiables para las construcciones.
¿Cómo se implementará?
Explicaron desde la Superintendencia que los datos serán almacenados de forma segura dentro del sistema de datos de la entidad y tendrán disponibilidad permanente para ser consultados.
“Estamos trabajando con los notarios y las oficinas de registro para que efectivamente se pueda implementar la escritura electrónica, que contribuirá a hacer más expeditos los trámites, garantizando la disponibilidad y la consulta desde cualquier sitio y a cualquier hora”, resaltó Mesa.
Aunque se ahorrará papel y fuerza de trabajo al permitir la función virtual, desde la Superintendencia aclararon que los costos de los documentos serán similares, pero se trabajará con un Pin o algún mecanismo de pago virtual para realizar el cobro.
Aún así, remarcaron que el ciudadano ahorrará dinero porque la radicación del documento será automática y no habrá que ir a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.
“En los próximos meses, una vez ajustados los procesos técnicos y con pruebas definitivas, comenzaremos a eliminar gradualmente el uso del papel”, agregó el funcionario.
Por otra parte, para el tema de las curadurías, los documentos que requieren trámite notarial para su aprobación se podrán consultar en la “nube” que tendrá la Superintendencia para que cada notario pueda descargarlas y verificar que su autenticidad.
Advirtió Mesa la urgencia de implementar estas mejoras, pues “si no paramos el consumo de papel en cinco años no tendremos cómo manejar los archivos, con un agravante y es que la escritura pública queda una copia en la notaría pública, otra en el protocolo, otra en el registro y otra en catastro”.
Aparte de esto, la digitalización extinguirá en gran medida una figura tradicional de las notarías: los tramitadores.
Estos ya habían perdido gran parte de su nicho de mercado con la ley antitrámites de 2012 y si ahora se recortará aún más, dependerá de la usabilidad plataforma digital que desarrolle en estos meses la Superintendencia.
Este tema “ayuda a reducir el riesgo profesional de los intervinientes en la calificación y anexo de información a los mismos, así como a los que realizan algún tipo de actividad comercial sobre el mismo y a manejar bien este tipo de documentación que posee contenido muy sensible”, afirmó el superintendente .
FUENTE EL COLOMBIANO
ONU señala al Estado mexicano por el caso Ayotzinapa, ¿logrará justicia?
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacdh) publicó ayer un informe en el que establece, con tono concluyente, que en el caso de la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México, hay “fuerte evidencia de torturas”, y aún más, de que el caso “no fue investigado adecuadamente e incluso fue encubierto por el Estado”.
Según la Oacdh, está claro además que en la desaparición y asesinato de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa —que se encontraban protestando en septiembre, 4 años atrás, para conmemorar la masacre de Tlatelolco (1968)—, las autoridades tuvieron un papel clave, pues concluye que “personal de la Policía y de la Armada Mexicana” arrestó a los jóvenes que después fueron asesinados.
La versión oficial en México apunta a que policías corruptos entregaron a los estudiantes a narcos del cártel Guerreros Unidos, que les dio muerte. Pero la Oacdh no cerró la puerta a nuevas líneas de investigación, que implicarían de mayor forma al Estado, como señalan ONG y activistas de derechos humanos.
¿Avanza la justicia?
¿Qué de nuevo puede lograr con esto el máximo ente internacional para frenar la impunidad por uno de los más bochornosos casos de los últimos años en México? De antemano se evidencia que su informe, basado en análisis forenses y entrevistas con implicados —detenidos, testigos y autoridades—, agrega otro elemento al caso al concluir que hay evidencias de que 34 de ellos fueron torturados durante la pesquisa oficial.
Tampoco tiene ambigüedades para afirmar que a su vez, estas serias violaciones no fueron investigadas adecuadamente e incluso fueron encubiertas.
¿Pero qué efectos podría dejar la investigación? Y, sobre todo, ¿serán jurídicamente vinculantes? EL COLOMBIANO consultó con expertos.
Para Guillermo Arizmendi, exasesor del Parlamento Latinoamericano en Derechos Humanos y docente de la Universidad de Caldas, en primer lugar la ONU ejerce presión directa contra las instituciones mexicanas. “Era una deuda de la comunidad internacional, que no ha hecho lo suficiente por demandar del Estado mexicano la depuración de la inmensa olla de corrupción que representan todos sus organismos de seguridad, de justicia y penitenciarios”, dijo.
Pero Arizmendi advierte que una de las causas de esa falta de presión en el pasado podría seguir siendo un obstáculo para la lucha contra la impunidad en este y otros casos: “si el Estado mexicano no tuviera ese músculo económico y diplomático en el concierto global, con toda seguridad que el caso Ayotzinapa ya se hubiera resuelto. En suma, es importante la conclusión a la que se ha llegado respecto a la tortura y el encubrimiento, pero aún falta más contundencia de ONU para llegar a la verdad y ayudar a depurar a la institucionalidad mexicana”.
En eso, por ejemplo, resultaría esperanzador que el caso Ayotzinapa sea declarado crimen de lesa humanidad, lo que permitiría ampliar la pesquisa, pero esto no se daría sin duda si los mecanismos internacionales sucumben, en opinión del experto, a la influencia regional de México.
Por su parte, Carlos Arévalo, docente de la Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, consideró que si bien el informe de la ONU no es vinculante, probablemente suscite por fin la apertura y avance de procesos contra el Estado mexicano en entes regionales y mundiales de justicia.
“La Oacdh establece básicamente que la investigación en México no estuvo bien hecha y tuvo un sesgo para eliminar las pruebas. No es obligatorio su informe jurídicamente, pero hace una recomendación al Estado mexicano de que haga bien la pesquisa contra los responsables. Y si este no obedece, ahí podrá ya entrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos a sancionar y esta puede utilizar el informe como fundamento”, explicó.
A pesar de que Arévalo coincide en la idea de que México ha ejercido influencia para evitar consecuencias internacionales por el caso, es escéptico de la idea de que logre a futuro frenar la pesquisa:“esto no es ya un escenario político donde puede acudir al Consejo de Seguridad de ONU. Esto es un escenario de responsabilidad legal, y ahí ya no puede influir”.
FUENTE EL COLOMBIANO
¿Qué tan listos estamos para los retos energéticos?
Colombia está a medio camino entre los países que están listos para tener una transición energética exitosa, y ocupó el escalafón 32 entre 114 economías evaluadas. El país tiene un “rendimiento del sistema superior a la media, pero con una disponibilidad de transición inferior, lo que indica que se requiere incrementar esfuerzos para mantener y mejorar el desempeño actual”.
Así lo dio a conocer el Foro Económico Mundial, en el marco del encuentro que se realiza en Brasil, especializado en América Latina (ver Origen), a través del informe Fostering Effective Energy Transition, a Fact-Based Framework to Support Decision-Making (Fomentar la transición energética efectiva, basada en hechos para la toma de decisiones), y en el que lanza por primera vez el Índice de Transición Energética.
En Latinoamérica, países como Uruguay, Costa Rica, Chile y México tuvieron posiciones destacadas, así como en el panorama global en los que estuvieron en el puesto 13, 20, 24 y 28.
Pero, ¿por qué es importante estar a tono con la transformación energética? De acuerdo con la organización existe el reto de “proporcionar energía a más de mil millones de personas que carecen de ella, y reconocer la demanda para adicional para dos mil millones de personas a 2050”.
Una meta que se puede lograr y que además repercutirá en beneficios de cobertura, precios y agentes del mercado. Según el indicador, los países ejemplo en este aspecto son Suecia, Noruega, Suiza y Dinamarca, que encabezan la clasificación global.
El escalafón, incluye el desempeño del sistema, basado en la distribución de energía teniendo en la mira el “triángulo energético”, que comprende un sistema que apoye el desarrollo económico y el crecimiento, el acceso a la energía de manera segura y confiable, y con sostenibilidad ambiental.
La medición también incluye qué tan preparados están los países para la transición, a la luz de seis dimensiones: disponibilidad de inversión y capital, regulación efectiva y compromiso político, estabilidad institucional y gobernanza, ambiente innovador e infraestructura que así lo soporte, capital humano y la habilidad del sistema actual en adaptarse al cambio.
Hallazgos del FEM
De acuerdo con el Foro, 80 % de los países han mejorado en los últimos cinco años sus sistemas energéticos, pero se necesitan resolver varios desafíos en este aspecto: los niveles de emisión de partículas se han deteriorado 50 %, la intensidad del carbón se mantuvo constante y la productividad energética mejoró 1,8 % anual, pero cayó de 3 %. Además el acceso sigue siendo limitado en algunos países y el precio de la electricidad siguen incrementándose pese a la caída de los precios del combustible.
La apuesta transversal debe ser que los países puedan fomentar el progreso estableciendo condiciones más favorables para el sistema de energía, en las dimensiones propuestas y sinergias entre los actores del sistema, recomienda el Foro. Y los países deben aprender de las experiencias de otros territorios para que realicen su propia hoja de ruta.
“Para Colombia hay muchos retos, aunque ha habido mejoras significativas con una matriz energética diversificada y con las acciones del Gobierno para potenciar un mercado competitivo y sostenible”, dijo Raúl Ávila, docente de la Universidad Nacional.
Profundización en Colombia
En el desempeño del sistema, Colombia tiene una posición destacada en sostenibilidad del medio ambiente, específicamente por la intensidad del uso de energía, y también en acceso a este servicio y la seguridad, debido a la no dependencia de las importaciones para mantener abastecido el mercado interno.
Quedan unas tareas de cara a la transición que se debe dar; específicamente en regulación y compromiso político, en el que Colombia ocupó el puesto 102 entre 144 economías. “No se ha dado una integración efectiva de las fuentes renovables no convencionales a nuestro sistema, esto nos está relegando”, explicó Daniel Vicente Romero, director Cámara de Grandes Consumidores de Energía de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).
Más allá de que haya mucha o poca normativa, lo importante es aplicar la Evaluación de Impacto, como lo recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), explicó Romero.
El país obtuvo una baja calificación en la participación y compromiso con los acuerdos de COP21 y en el que ocupó la posición 113, y estabilidad política (90). Según aclaró Romero el mal desempeño (113) se da por el año de referencia (2016), pues los avances más importantes fueron en 2017.
Hay que trabajar en la infraestructura y un ambiente propicio para la innovación (88), afectado por el indicador de calidad de transporte (98) y logística (88). El análisis puso sobre la mesa la educación (68), y la participación global de reservas de combustibles fósiles (90).
Finalmente, el enfoque en el precio es importante, señaló Romero, y por lo tanto es necesario mover el sistema a uno más eficiente en el cual la demanda participe y se eliminen las restricciones “están demasiado altas”.
FUENTE EL COLOMBIANO
Indígenas de Caucasia sufren desplazamiento interno.
La Organización Indígena de Antioquia -OIA- denunció que un grupo de 20 familias -80 personas en total- de la comunidad Senú, El Tigre Dos, de Caucasia, se desplazaron de manera interna por temor a ser víctimas de los actores armados que hacen presencia en la región.
El desplazamiento interno significa que las familias se juntaron en una sola vivienda para no estar dispersas y así evitar ser más susceptibles de ataques que pongan en riesgo sus vidas, esto debido a que a inicios de marzo un líder indígena de la localidad fue asesinado por desconocidos.
La víctima fue Julio Urango, de 52 años de edad, perteneciente a la misma comunidad Senú, de El Trigre Dos. En el hecho también resultó herido otro indígena yerno de la víctima.
La OIA, a través del Consejero Richard Sierra, expresó su preocupación por la problemática que están viviendo las comunidades indígenas de esta zona de Antioquia y teme que ante la permanente violación de sus derechos por parte de los grupos armados que delinquen en la zona y que ocupan el territorio tras la desmovilización de la guerrilla de las Farc, se vean en la obligación de desplazarse masivamente hacia el caso urbano de Caucasia.
En el Bajo Cauca, concretamente en el municipio de Cáceres, también se presenta actualmente un fenómeno de desplazamientos de campesinos de varias veredas hacia el casco urbano, en un número cercano a las dos mil personas.
FUENTE EL COLOMBIANO.