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Guerrillero del Eln muerto habría pertenecido a la Guardia de Venezuela: Santos.

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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó este domingo que un guerrillero del Eln que falleció hace una semana mientras colocaba un explosivo en una carretera entre Pamplona y Cúcuta, como parte del paro armado, “pertenecía o perteneció” a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela.

Asimismo, calificó este domingo como “una locura” las acusaciones de que su país prepara una invasión de Venezuela vertidas por el fiscal de ese país, Tarek Saab.

“Estamos acostumbrados a esas expresiones, esas locuras por parte de (el presidente Nicolás) Maduro y sus funcionarios. Esta es otra locura: a quien se le va a pasar por la cabeza que vamos a invadir Venezuela”, dijo Santos en una entrevista con el Canal Uno.

Saab dijo el pasado 12 de febrero que desde Colombia “se está planeando nada más y nada menos que reeditar épocas ya canceladas en la historia de la humanidad, como es el bombardeo militar, la invasión militar, como es la ocupación a sangre y fuego” de Venezuela.

El pasado viernes, el ministro de Interior y Justicia venezolano, Néstor Reverol, elevó las protestas al afirmar que el Ejército de Colombia está reclutando a sus ciudadanos “para crear falsos positivos que deriven luego en una escalada de violencia” en la frontera que comparten ambos países.

Reverol aseguró tener “información y pruebas contundentes sobre la captación y el reclutamiento de ciudadanos venezolanos por parte del Ejército de Colombia” y consideró que se trata de un hecho “grave y peligroso”.

Explicó que, una vez reclutados, los venezolanos reciben “de manera expedita documentos de identidad colombiana, cédula de ciudadanía y luego son incorporados de manera inmediata al servicio militar obligatorio colombiano”, lo que fue refutado por el Gobierno colombiano.

FUENTE EL COLOMBIANO

Maduro llama a la unión cívico militar armada en Venezuela.

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció nuevos ejercicios militares para el próximo fin de semana, señalando que buscan “afinar la puntería”, pues no tolerará una intervención extranjera.

“He ordenado a la Fuerza Armada, junto a nuestro pueblo, en unión cívico-militar, hacer (…) los ejercicios militares Independencia 2018 el próximo sábado 24 de febrero y domingo 25”, dijo Maduro desde el estado Vargas, durante el zarpe del buque escuela Simón Bolívar para un periplo por 12 países de la región.

Añadió que las prácticas servirán para “afinar la puntería de los equipos, el movimiento de todas las tropas, de los tanques, de los misiles, de los aviones, helicópteros y, sobre todo, vamos a afinar la puntería del alma nacional porque Venezuela es una tierra sagrada”.

Estos ejercicios se realizan cada año. En estas ocasión, el mandatario los convocó tras denunciar un complot para desatar un enfrentamiento bélico con Colombia, detrás del cual asegura que se encuentra Estados Unidos.

Maduro sostuvo que el Ejército colombiano entrena venezolanos para simular ataques y justificar un “conflicto armado”.

Y al anunciar el despliegue, dijo que su gobierno “no se mete con nadie”, pero “jamás aceptaremos que la bota militar imperial extranjera toque el sagrado suelo de la patria venezolana, jamás”.

Las nuevas prácticas serán “para demostrarle al mundo que Venezuela se respeta, que Venezuela es territorio de independencia”, subrayó el presidente y candidato a la reelección en los comicios anticipados el 22 de abril.

El gobierno socialista suele hacer demostraciones militares en las que participan civiles, en especial cuando hay crisis diplomática. La más reciente tuvo lugar en agosto pasado y, según Maduro, participaron más de un millón de “combatientes”.

La oposición realiza consultas para decidir si participa en los comicios, pues asegura que Maduro pretende mantenerse en el poder mediante un fraude.

Países como Argentina y Colombia anticiparon que no reconocerán los resultados de unas votaciones convocadas por la oficialista Asamblea Constituyente, a la que tildan de ilegítima.

Venezuela soporta una severa crisis económica que se refleja en las escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que este año treparía a un 13.000% según FMI.

Está situación hundió la popularidad de Maduro, que según encuestas tiene más de 70 % de rechazo, si bien cuenta con un amplio poder institucional encabezado por militares.

FUENTE EL COLOMBIANO.

Investigación contra Uribe revive viejo debate.

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La Corte Suprema de Justicia reavivó la vieja polémica que han mantenido los senadoresÁlvaro Uribe (Centro Democrático) e Iván Cepeda (Polo). El tribunal decidió rechazar la demanda de Uribe contra Cepeda por falso testimonio e invirtió el sentido de la investigación que en este momento tiene como objetivo al exmandatario.

La investigación comenzó en 2014 cuando Cepeda organizó un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en la época en que el expresidente Uribe era gobernador de este departamento. Según expuso Cepeda, Pablo Hernán Sierra García y Juan Monsalve Pineda, condenados por paramilitarismo, en entrevistas que le habían dado desde las cárceles de Itagüí y Cómbita, respaldaban la tesis que en la finca Guacharacas propiedad de la familia de Uribe Vélez se había creado el Bloque Metro de las autodefensas.

Inmediatamente Uribe desestimó los testimonios y contraatacó con una demanda en contra de Cepeda ante la Corte Suprema, por supuestamente coordinar un cartel de falsos testigos que buscaban incriminarlo.

Sin embargo, en el fallo el alto tribunal, a través de interceptaciones y testimonios, llegó a la conclusión de que Cepeda no había coordinado los testimonios de los encarcelados en contra del expresidente, y agrega, que a quien se debe investigar es a Uribe por supuesta manipulación de los testigos que presentó en contra de Cepeda que son los también encarcelados paramilitares: Ramiro Henao y Gabriel Muñoz Ramírez.

En el pronunciamiento, tal y como lo dice el alto tribunal, salen a relucir llamadas en clave, testimonios, amenazas contra los testigos y sus familias y además una “inexplicable falla técnica en la Sala de Interceptaciones de la Fiscalía General de la Nación”, en la cual, según la Corte, no aparece la identificación de varias llamadas implicadas en el caso y no hay registro de otras, por lo que solicitó la respectiva investigación.

El expresidente Uribe grabó un video en donde asegura que “en ejercicio del legítimo derecho a la defensa he buscado personas, y otras me han aproximado, con el noble interés de ayudarme a esclarecer la verdad en procura de defender a mi familia y a mi persona. ¡Acaso esto es manipulación de testigos!”

Y agrega que “lo que sí es manipulación de testigos es aprovecharse de pertenecer a una Comisión de Derechos Humanos para visitar cárceles, docenas de veces, como no han podido negarlo, para ofrecer beneficios a personas que acusen a mi hermano o a mí. Pero la Corte se niega a considerarlo así”.

Según el senador Iván Cepeda, “este fallo convoca a entender que Colombia se encuentra en un momento histórico en el que es necesario que el país conozca la verdad del conflicto armado y sus determinadores, por eso hago un llamado al senador Uribe a que asuma su responsabilidad y le cuente la verdad al país acerca de los hechos que de la sentencia de la Corte se desprenden con pruebas fehacientes”.

FUENTE EL COLOMBIANO

Antioquia cerró 2017 como líder en microcréditos.

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Antioquia ocupó el primer lugar del ránking de nueve departamentos del país con mayor demanda de microcrédito a nivel nacional en 2017, con una cartera de 1,2 billones de pesos o 10,37 % del total nacional; así lo reveló la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas).

La presidente de la sociedad, María Clara Hoyos, señaló que la cifra se dio por dos factores: el aumento del precio del petróleo y el impulso que se le está dando a las zonas rurales y agropecuarias del país por medio de productos como el cacao, el caucho y el café. “Eso contribuye muchísimo en la sustitución de cultivos ilícitos”, subrayó.

Actuación de las otras zonas

De acuerdo con el informe realizado por Asomicrofinanzas, Nariño ocupó el segundo lugar de la lista con 983.821 millones de pesos, equivalentes al 8,41 %. Seguido por Cundinamarca con 7,23 % (no incluye Bogotá por ser la capital del país) y Boyacá (7,09 %).

Los cinco últimos departamentos fueron el Valle del Cauca, Santander, Huila y Tolima, con una participación del 6 %; y Cauca con 5,21 % (ver Origen).

¿Cómo será este año?

María Clara Hoyos consideró que “la curva de disminución ya se rompió. El hecho de que a partir del segundo semestre de 2017 el tema comenzara a reaccionar demuestra la adaptabilidad de los microempresarios ante las diferentes circunstancias del mercado”. Dijo que factores el Mundial de Fútbol Rusia 2018 y el tema electoral pueden afectar el crecimiento del sector.

Andrés Montoya, director ejecutivo de Interactuar (una corporación de desarrollo empresarial sin ánimo de lucro), aunque coincidió con la visión de Hoyos sostuvo que el sector microcréditos ha aprendido a “defenderse de los ciclos económicos”.

“Este año estará mejor que el año pasado, todo esto por el buen desempeño que ha tenido el sector del agro”, resaltó. Sin embargo, Montoya destacó que queda mucho trabajo por delante en materia de inclusión social, productiva y financiera .

FUENTE EL COLOMBIANO

Aumentan los ataques contra la prensa: Flip.

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La agresión más usada por quienes atacan a los periodistas es la amenaza de muerte, así lo reveló un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) llamado “Estado Depredador”. Según los datos, los ataques a periodistas se incrementaron de manera progresiva durante 2017.

En ese año la Flip registró 310 casos de ataques a la prensa, el mayor número de agresiones desde 2006. Así mismo, destaca que 129 periodistas fueron amenazados, en su mayoría por particulares.

De igual forma, sostiene que se han aumentado las estigmatizaciones en contra de la prensa “pues mientras en 2016 se registraron 17 casos, en el año pasado se documentaron 29”.

La Fundación pone como ejemplo la orden de la Corte Suprema de Justicia a publicaciones Semana para que revele sus fuentes, según dice el informe “los intentos de obligar a periodistas para que revelen sus fuentes son otra forma en la que personas poderosas utilizan el sistema judicial en perjuicio de la libertad de expresión”.

En cuanto a medios digitales asegura que 2017 se caracterizó por “el alto número de periodistas que fueron estigmatizados a través de redes sociales, principalmente Twitter y Facebook. Los autores de estas agresiones fueron, en su mayoría, funcionarios públicos”.

Sin embargo, en otro capítulo el informe señala que la Corte Constitucional “no sabe lo que hace”, en materia de regulación digital pues “las decisiones que ha tomado con relación a Internet, especialmente las de 2017, muestran una Corte con miedo a Internet. Este tribunal, aunque ha mencionado pronunciamientos de expertos internacionales que hablan de la importancia de Internet para la democracia, ha adoptado una postura peligrosa. La creación de reglas desmedidas e inaplicables complica y crea incertidumbres sobre la creación de medios y la expresión de los ciudadanos”.

El papel del presidente

En el informe se dedica un capítulo especial a la gestión del presidente Juan Manuel Santos, según la ONG “los más voraces depredadores contra la libertad de prensa vienen del Estado y uno de los más nocivos ha sido su principal representante, el presidente Santos”.

De acuerdo con la publicación en los años de este gobierno se gastaron “al menos mil millones de pesos en una política pública de libertad de expresión que encomendó al Ministerio del Interior y que fue sepultada por un tuit del Ministro Rivera”.

Además sostiene que durante el mandato del actual presidente se han asesinado nueve periodistas y agrega que “en la mayoría de estos casos los homicidas silenciaron la única voz que denunciaba la corrupción que ocurría en sus municipios. Es más, según la clasificación mundial que realiza reporteros sin fronteras de los países más peligrosos para los periodistas, en 2017, Colombia ocupó el puesto 129 de 179”.

Por otro lado, el informe sostiene que la autoridad policial también ha sido un factor determinante para silenciar el papel de la prensa, según dice, “durante 2017 la FLIP registró 27 casos de agresiones contra reporteros por parte de uniformados del Ejército y la Policía”. Sin embargo, destaca que en los últimos cuatro años se disminuyeron el número de agresiones por parte de la Fuerza Pública.

FUENTE EL COLOMBIANO