Del 4 al 11 de septiembre en Colombia se está adelantando la semana por la paz, donde las diferentes organizaciones sociales, docentes se están uniendo para rechazar los actos de violencia en el país y buscar ese cambio que permita seguir luchando contra eso actores que están originando violencia en el país, así lo indicó el secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Maestros del Tolima Simatol Álvaro Huertas.
Sin embargo, se sigue denunciando que en el sur del Tolima en poblaciones que hacen parte de las zonas de postconflicto los docentes están recibiendo amenazas.
Para el vocero del gremio educativo es lamentable que docentes en municipios como Ataco, Planadas, Chaparral y Rioblanco sigan teniendo temor por algunos actores al margen de la ley que los están amenazando, sin respetar la labor que hacen que es llegar a brinda sus conocimientos para los niños que viven en esas poblaciones apartadas.
Los casos que se han denunciado son materia de investigación por parte de las autoridades.
Isbelia Quinto de Fernández lee la Marcha del Hambre, del fallecido Rafael Hernández, a su nieto Carlos Andrés Arias Fernández.
La protesta social partió con 800 docentes desde Santa Marta a Bogotá y culminó en una audiencia con el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo.
Para quienes hoy se escandalizan por las posiciones férreas de Fecode en la reivindicación de derechos laborales y reclamos por una educación de mejor calidad, hay que recordarles que estas exigencias no son nuevas y que los problemas son de siempre.
Hace 54 años, con la consigna “Por Colombia, por la educación… ¡hasta la muerte!”, 800 maestros del Magdalena iniciaron una marcha desde Santa Marta hasta Bogotá, para exigirle al entonces presidente, Carlos Lleras Restrepo, visibilizar y dar solución a las problemáticas sociales, económicas y educativas por las que atravesaba el gremio de educadores.
La histórica y heroica protesta la llamaron crudamente, ‘La Marcha del hambre”. De los 800 manifestaron que partieron solo 86 llegaron a la capital, 50 mujeres y 36 hombres, los otros sucumbieron por el clima y las agotadoras jornadas a pie.Lea también…
El detonante de la movilización resultó la deuda de nueve meses de salarios.
Era tan degradante y humillante la situación laboral de los docentes, que la Gobernación les pagaba con cajas de Ron Caña.
Además, las escuelas estaban en pésimas condiciones físicas, lo que repercutía en la calidad y rendimiento académico.
La educación era manejada al acomodo y para beneficio de los políticos regionales.
En la antesala de la “Marcha del hambre” hubo protestas locales como paros, movilizaciones por las calles, tomas de colegios y bloqueos en lugares estratégicos.
La movilización hacia Bogotá partió desde la Catedral Basílica de Santa Marta el 24 de septiembre de 1966, y culminó en la plaza de Bolívar de Bogotá, el 21 de octubre, 27 días después.Relato de Isbelia
Este suceso trascendió el ámbito regional y se constituyó en noticia nacional e internacional, pero –además– resultó un hito en las batallas del magisterio colombiano por la reivindicación de sus derechos.
Fue un capítulo aparte en las luchas populares de la clase trabajadora de América Latina, y tiene a Isbelia Quinto de Fernández como una de sus principales figuras.
A sus 72 años es una de los 32 sobrevivientes de la hazaña, y con una memoria fresca contó cómo fue la experiencia.
Para iniciar rememora la inclemencia del tiempo, las carreteras destapadas, el frío, la lluvia, dormir sobre periódicos, la sed y el hambre.
“Recordar todo esto me hace vibrar la sangre”, dice con la misma entereza que tuvo hace 54 años para sumarse a la gigantesca movilización.
En su memoria guarda retratada la atrevida aventura, cuando con 20 años trabajaba en la Escuela 11 para Niñas, de Ciénaga.
“Fue un suceso tan extraordinario que ni siquiera los que participamos fuimos capaces de creer que se iba a dar en la forma en que se dio”, manifiesta.
“Llegamos a pensar que en el camino nos detuvieran para decirnos: ‘Aquí está la plata, regresen que vamos a negociar’. Pero no fue así, los maestros nos quedamos esperando ese aviso”.El recorrido
Recuerda igualmente que salieron de Santa Marta, pasaron por El Rodadero, Gaira, y llegaron a Ciénaga, donde pernoctaron.
Durmieron en diferentes casas. Rafael Hernández, el vocero principal, los citó para el día siguiente a las 3:30 de la mañana.
“A esa hora salimos rumbo a Fundación. Era horrible porque la carretera estaba muy mala. Había mucho sol y para protegernos nos colocamos hojas de matarratón en la cabeza, debajo de los sombreros”, anotó.
En Fundación muchos ya no podían dar un paso más. “Los pies eran sangre y vejigas. Nos curábamos con agua caliente, algunos tiraron la toalla y se devolvieron. Quedamos como 100 personas”, precisó.
Rafael Hernández, según Isbelia Quinto, “el alma de la marcha”, les alentaba: “Nunca emprendan un camino que no vayan a terminar”.
También pregonaba: “El que está aquí caminando es porque es un verraco, el que no que se devuelva”. “En ese momento yo dije, para atrás, ni para coger impulso”, rememora la profesora.
Cuando llegaron a Arcabuco, en Boyacá, luego de pasar el Chicamocha, fue el momento más difícil y temeroso. Era una carretera de abismo de lado y lado.
“Decidimos continuar el viaje por la noche, con lámparas para la niebla, tiritando del frío y tomados de la mano, haciendo una cadena”.
Manifestó que lo más hermoso fue la llegada a Bogotá en horas de la tarde, pero la víspera tuvieron una agradable e inimaginada sorpresa.
“Nos acostamos, y a eso de las 11 de la noche nos despertó el sonar de guitarras. Eran Garzón y Collazos en persona, el famoso dueto de música colombiana llegó al sitio y nos puso serenata y juntos cantamos ‘Negrita’, ‘Espumas’ y otros temas. También nos cantó la tuna de Bogotá. Eso fue emocionante y nos dio vida, pues éramos unos espíritus agotados que casi no podíamos más”, relató.
“A la mañana siguiente nos levantamos briosos. El Ejército nos abría camino porque había mucha gente. Todos nos querían abrazar, nos aplaudían”.
El grupo llegó a la Plaza de Bolívar y no podía entrar por la cantidad de gente que los esperaba.
“En un momento escuchamos a través de un megáfono una voz que decía: uno, dos y tres, y nos alzaron en hombros”.
Isbelia narra también que cuando iban a ingresar al Capitolio todos corearon el estribillo: “Por Colombia, por la educación… ¡hasta la muerte!”.Anécdotas
Los maestros sufrieron por el frío, lodo y lluvias, pero pudieron más las ganas por exigir sus derechos.
Cuentan que la profesora Carmen Charris sufrió un desmayo durante la entrevista con el presidente Carlos Lleras Restrepo y que Carmen Ariza, la profesora de mayor edad en el recorrido, al llegar a Bogotá le tocó cargar en hombros a Carmen Ariza de Leyva, quien tenía los pies ampollados.
Rebeca Hernández de Rosado, debido al cansancio extremo de jornadas largas a pie, tuvo que retirarse de la marcha el 19 de octubre, en el tramo Chocontá-Tocancipá, en medio de lluvia y granizo.
El docente y escritor Osvaldo Manjarrés fue testigo del arranque de la ‘Marcha del Hambre’. Estudiaba en el colegio Hugo J. Bermúdez, y con otro compañero pidieron permiso al rector, Anciolino Vives, para observar la partida de los docentes. “En aquella época ya comenzaba plenamente el rechazo a un sistema educativo no propio para una juventud y sociedad que analizaba los alcances educativos en países de Europa”, indicó. Agregó que “por eso los maestros reclamaban el justo sitio que les correspondía como educadores colombianos. Ya pensaban, sin profunda ideología política, en una educación progresista y futurista, en un salario digno y en un bienestar de salud”.
Sindicato de directivos docentes denuncia cambios en la contratación que dejan en vilo a los estudiantes que llevan sus procesos. Alcaldía afirma que solo falta un profesional.
El personal de sicólogos sería reemplazado pero este cambio afectaría procesos de años con los estudiantes de las instituciones educativas.
Los procesos de atención en salud mental de al menos 40 instituciones educativas de Medellín están en riesgo por el cambio de los psicólogos. Aunque el personal será reemplazado, los estudiantes sienten que la crisis emocional de decenas de estudiantes se puede ver afectada por el relevo de este personal.
Al menos así lo manifestó un alumno de la Institución Educativa Lola González, de la comuna 13 (San Javier), en la que, según su relato, los estudiantes están crisis por la salida de la psicóloga que los venía acompañando en el proceso de retorno a las aulas después de dos años viendo clases por un computador.
“La psicóloga tenía un proceso de mediación y mejoraba los problemas de convivencia que existen. Desde que ella se fue, los mediadores no saben cómo afrontar los procesos que ella llevaba de forma extraordinaria”, expresó un estudiante, quien agregó que es el segundo cambio de este personal en los últimos tres años.
Contratos cortos
La crisis con los especialistas, según el Sindicato de Directivos Docentes del Municipio de Medellín (Sididmed), se origina en los contratos por prestación de servicios que se les hace, los cuales pueden ser por seis meses el inicial y posteriormente con prórrogas que pueden ser de uno a tres meses, según lo determine el encargado de la contratación.
Manuel López Ramírez, presidente del Sindicato, explicó que si bien esta modalidad de contratación no es nueva, señaló a la actual administración de no cumplir con la promesa de brindar garantías a este personal directivo y, en particular, a los psicólogos que abanderan el programa Entorno Escolar Protector.
En una carta que se hizo pública sobre la problemática, y que fue firmada por él y por Lilliam Patricia Villegas, secretaria ejecutiva de este sindicato, se señaló que “las políticas públicas exitosas se revisten de financiación adecuada y no sujeta a vaivenes burocráticos que afecten su ejecución”.
López resaltó que algunos de estos 40 psicólogos que salieron de las instituciones llevaban hasta seis años, “lo cual implica que tienen todo un proceso con sus comunidades y estos se ven estropeados por una decisión administrativa o política”.
En el caso particular de la Institución Lola González, según la denuncia del estudiante, el nuevo personal no ha llegado y después de la partida de la profesional que los atendía se presentó una pelea entre estudiantes, en la que tuvo que intervenir personal administrativo no cualificado para este fin.
No tienen garantías
Pero la situación no solo afecta a los psicólogos, sino también a los de otras áreas administrativas como secretarias y contadores, por lo que se buscan garantías desde la administración para la estabilidad laboral y operativa de los colegios.
En las 40 instituciones educativas afectadas, según el sindicato, por la salida de sus psicólogos continúan a la espera de la resolución de esta problemática para retomar los procesos que se venían llevando y atender las crisis de salud mental que dejó la pandemia.
“Algunos estudiantes volvieron a las aulas con depresión y con ansiedad y ella los estaba atendiendo muy bien. Sin embargo, nos habían dicho el martes que iba a continuar, pero de un momento a otro, al jueves siguiente, le cancelaron el contrato”, relató el estudiante del colegio Lola González, el cual se encuentra en anormalidad académica por esta problemática.
Además del repentino cambio de la profesional, los estudiantes afectados señalaron que no comprenden cómo se deja de lado una profesional que lleva largo tiempo con ellos a tres meses de finalizar el año académico.
Ante esta situación, la Secretaría de Educación contradijo la versión entregada por el sindicato y por los estudiantes. Señalaron que ya está lista la contratación de todos los profesionales, excepto uno, al cual se le finalizó el contrato en las últimas horas.
Así mismo, señalaron que este tipo de rotaciones, tan criticadas por los estudiantes, forman parte de las dinámicas de las coberturas educativas, aunque sin descuidar los compromisos con los 304.696 estudiantes y sus familias que están a su cargo.
La petición de estabilidad por parte del sindicato tiene como prioridad que los programas como Entornos Escolares Protectores se desarrollen de manera eficiente. “No hay programa que se pueda sostener con calidad cuando el contrato es tan a corto plazo. Así no se logra un impacto”, concluyó el presidente del Sindicato.
Hace por lo menos cien años que la relación de Colombia con Estados Unidos juega un papel decisivo en la economía colombiana. Desde el I took Panamá de noviembre de 1903 han pasado muchas décadas, signadas en buena parte por una relación estrecha y con muy pocas desavenencias entre los dos gobiernos en todos los terrenos. La relación ha incluido acuerdos militares tales como la participación colombiana en la guerra de Corea, su vinculación al Tratado Interamericano de Asistencia recíproca (TIAR), el intento de establecer aquí simultáneamente ocho bases militares estadounidenses y el hecho de poner a disposición de ese país importantes instalaciones militares. El ritmo, profundidad y características de la lucha contra los cultivos ilícitos y toda una estrategia de desarrollo fueron plasmados en el Plan Colombia que, redactado en inglés, incluye la apertura económica y el Tratado de Libre Comercio como unos de sus componentes principales. Hay, además, acuerdos culturales y educativos. En suma, los gobiernos colombianos han compartido la visión estratégica de Estados Unidos en el mundo y se enorgullecen de ser su principal aliado en Suramérica y de apoyar y participar en la OTAN.
Desde 1998, cuando comenzó a negociarse el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la liberalización comercial y la adopción de normas que no pudieron acordarse en la OMC por desacuerdos entre los países desarrollados ha sido el eje de las relaciones económicas entre los dos países. Ante el inminente fracaso del acuerdo, con el cual el gobierno colombiano coincidía plenamente, Colombia fue el primer país de la región andina que propuso suscribir un TLC bilateral con Estados Unidos. Se suscribió con el pretexto de que, al expirar el Atpdea y con él unas cuantas preferencias unilaterales y discrecionales con las que Estados Unidos compensaba los esfuerzos colombianos en la lucha contra el tráfico de drogas, era necesario que se volvieran permanentes y de mayor alcance. Colombia, a cambio, tendría que dar rápido acceso a su mercado a los productos de Estados Unidos, muchos subsidiados allá.
En la negociación, que culminó en 2006, el país no logró conservar ningún mecanismo de protección a la producción nacional. El Tratado de Libre Comercio entró en vigencia en 2012, por la exigencia del partido Demócrata de que se incluyeran exigencias en materia laboral, ambiental y de derechos humanos, las cuales, en el fondo, buscaban proteger sectores de la economía estadounidense ante la eventual competencia desleal proveniente del dumping laboral o ambiental.
El TLC no implicó un desmonte de la política industrial, ya desmontada durante los primeros años de la apertura, pero sí lo hizo irreversible con el tratado internacional. Durante todos estos años Colombia se ha desindustrializado y ha perdido la capacidad de alimentar a su propia población con productos nativos.
Las diferencias en la chequera de los dos países impiden que Colombia subsidie su agro para colocarlo en condiciones de competir con los productos importados, ya no en el campo internacional sino en el mercado interno. No solo en los subsidios, sino también en el costo país, hay diferencias grandísimas que no pueden subsanarse sino con cuantiosas inversiones en infraestructura y tecnología.
Quienes afirman que da lo mismo tener o no tener TLC y que basta con promover la competitividad olvidan que se aceptaron condiciones desiguales y que llevamos tres décadas de rezago, que solo podrán resolverse con un esfuerzo extraordinario para el cual el país tiene las manos atadas. El TLC le impide al Estado promover una política activa, dar preferencias a los productores nacionales y restablecer la capacidad de investigación, acopio, crédito subsidiado y demás que se necesitan para nivelar la cancha.
Los TLC tienen ganadores y perdedores. Ganadores, Estados Unidos y la Unión Europea. Perdedores, los nuestros. Es incluso posible que entre ellos pueda haber diálogo, especialmente con “nuestros amigos estadounidenses”. Pero si la parte colombiana no tiene una clara y firme posición acerca de sus intereses, el tema difícilmente entrará en la agenda, como efectivamente está sucediendo hasta el momento. Surge entonces la pregunta inevitable. ¿Dónde quedan las afirmaciones hechas por el candidato Petro? “Renegociaremos los Tratados de Libre Comercio y mejoraremos la posición de Colombia en el comercio internacional y en las cadenas mundiales de valor” y “Revisaremos los Tratados de Libre Comercio, la política de derechos de propiedad intelectual y las condiciones hacia la inversión extranjera en Colombia para proteger la producción nacional y mejorar la competitividad en los mercados internacionales” (Programa de Gobierno Gustavo Petro y Francia Márquez).
Valdría la pena atender los llamados hechos hace apenas unos meses por el actual ministro de Industria y Comercio: “En el mediano plazo, para recuperar la capacidad de implementar políticas públicas que conduzcan a un modelo de desarrollo sostenible de incorporación de progreso técnico, desarrollo de la capacidad humana y generación de empleo la renegociación de los tratados bilaterales (…) no es hora de replantear y renegociar tan draconianos Acuerdos, incluyendo los reales intereses de los países en desarrollo?”. Y “Si definimos un nuevo camino no hay ninguna limitante, los acuerdos se renegocian o se denuncian. Los únicos que no ‘se devuelven son los ríos’” (Una breve reflexión disruptiva (2, 3, 5). Germán Umaña Mendoza. Marzo 2, 9 y 24 de 2022. Ver Enlace 1, enlace 2 y enlace 3).
Fuente: MásColombia, Enrique Daza – Exsecretario de la Alianza Social Continental y de la Red Colombiana frente al Libre Comercio, Recalca. Director del Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo
Reformar el Sistema General de Participaciones (SGP) y la Ley 30 para asegurar más recursos para todos los niveles educativos, serán las prioridades legislativas del Ministerio de Educación bajo la dirección de Alejandro Gaviria. También se prevé una reforma al Icetex. Para el presupuesto de 2023, esta cartera está solicitando 1.9 billones de pesos adicionales. Le explicamos las reformas que buscará el Mineducación.
Ministro de Educación, Alejandro Gaviria, durante su presentación en la Comisión Sexta.
Foto: Ministerio de Educación
En la mañana del martes (30 de agosto), el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, en compañía de algunos de los directores de las dependencias de la cartera, asistió a la Comisión Sexta Constitucional, en la que se abordan los temas relacionados a la educación, para presentar cuáles serán las reformas que tendrán prioridad para el nuevo Gobierno Nacional. (Puede leer: EL PAE, un valioso programa que requiere ajustes. ¿Los podrá hacer Petro?)
“Por los avances en educación nos van a recordar”, fue la frase que le dijo el presidente Gustavo Petro al ministro de Educación hace un mes, y que este último recordó en el inicio de su presentación. Gaviria señaló que el país, el gobierno y el Congreso, deben atender las brechas educativas que crecieron de manera sustancial durante la pandemia, así como en la infraestructura escolar.
Según el ministro de Educación, las dos reformas en las que se concentrarán inicialmente, tienen que ver “con las reglas de juego que definen la financiación de las dos partes fundamentales del ministerio: la educación preescolar, básica y media, y la educación superior”. Esas disposiciones legales a las que hizo referencia Gaviria son el Sistema General de Participaciones (SGP), para el primer sector, y la Ley 30 de 1992, para el segundo. (Le puede interesar: ¿Quién es Mauricio Toro, el nuevo director del Icetex?)
“En el financiamiento de la educación preescolar, básica y media en Colombia hay un problema financiero estructural que es conocido. Se ha diagnosticado en los últimos años una y otra vez, pero ni el Congreso de la República ni las autoridades fiscales entienden plenamente”, dijo Gaviria durante la presentación en la Comisión Sexta. Los 28 billones con los que se cuenta para estos niveles educativos, según el ministro, “no están alcanzando”, y el hueco sería de entre 1.5 y 2 billones de pesos cada año.
Para subsanar ese déficit de financiación, Gaviria anunció que antes de que se acabe el año se convocará a una mesa de alto nivel en la que deberán participar, entre otros, el ministerio de Hacienda, el Departamento de Planeación Nacional, la Federación Nacional de Educadores y la sociedad civil. “Asegurar el Plan de Alimentación Escolar (PAE), el transporte escolar o la jornada única en el país, no se puede hacer si no hay una reforma estructural al Sistema General de Participaciones”, apuntó el jefe de la cartera.
La otra parte fundamental de ese ministerio, como se refirió a la educación superior, cuenta con un problema de déficit “más o menos estructural”, según dijo Gaviria. “Por eso desde el viceministerio de Educación Superior se busca hacer una reforma a la Ley 30 del año 92, que cumple 30 años”, y que es la que define la bolsa para este nivel educativo. (También puede leer: Las imágenes de la primera clase de Juan Manuel Santos en la Universidad Nacional)
Aunque hay iniciativas para reformar esta Ley y que nacieron en el Congreso, el ministro Gaviria señaló que la reforma que se propondrá desde la cartera es “más completa, ya que algunos de los artículos de la Ley tienen una concepción de educación que no se ajusta a nuestros tiempos”. Gaviria comentó que algunos de los aspectos que ya han sido presentados por algunos congresistas serán recogidas por la reforma que impulsará esa cartera.
“Con esas dos reformas ya tendremos las manos llenas”, apuntó el ministro. Sin embargo, recordó que la reforma al Icetex es otro desafío que enfrentan y que los cambios se darán con responsabilidad.
Más presupuesto para el próximo año
Durante la presentación, Gaviria señaló que le pidió al ministro de Hacienda una aumentó de casi dos billones de pesos en el presupuesto para 2023. Esos recursos serían utilizados para financiar obras de infraestructura, asegurar la gratuidad en la matrícula de universitarios, condonar parte de las deudas que algunas personas tienen con el Icetex, y “avanzar en el camino de la dignificación de los maestros y maestras del país”. (Puede interesarle: Gobierno de Suiza ofrece becas para investigaciones y estudios de posgrado)
Horas más tarde, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dio a conocer que el Presupuesto General de la Nación, será incrementado en $10 billones, para un monto total de $401,4 billones. Sin entrar en detalles, Ocampo mencionó que del incremento anunciado, ocho billones irán para programas de inversión, mientras que los dos billones restantes serán para gastos de funcionamiento.
Finalizando su intervención, Gaviria apuntó que lo que se busca con los recursos, no es solo garantizar mayor cobertura (como por ejemplo los nuevos 500.000 cupos para jóvenes en educación superior que esperan alcanzar durante este cuatrienio), “sino un aumento de la educación de calidad”.
El 25 de agosto se libró orden de Policía Judicial para establecer la ubicación actual de las ministras Yaneth Giha y María Victoria Angulo.
La Fiscalía General de la Nación libró una orden de Policía Judicial para establecer el arraigo y ubicación actual de dos antiguas ministras de Educación.
La orden judicial fue emitida hace 6 días, el pasado 25 de agosto, y ustedes pueden verla a continuación:
Las ministras objeto de la diligencia judicial son Yaneth Cristina Giha Tovar y María Victoria Angulo González. La orden fue emitida por cuenta del fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Ospino Gutiérrez.
El fiscal investiga a las exministras Giha y Angulo por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias de servidor público. El Código Penal establece una pena mínima de 4 años y medio de prisión y una máxima de 12 años por cometer ese delito.
La investigación se inició por cuenta de una orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dentro del caso que condenó al senador Eduardo Pulgar por ese mismo delito tráfico de influencias y por el de cohecho por ofrecer.
Como ustedes quizás recordarán, el senador Eduardo Pulgar está preso porque fue grabado tratando de sobornar a un juez. El ofrecimiento ilegal tenía por objeto que el juez torciera un proceso para favorecer a Luis Fernando Acosta Osío dentro de un pleito para controlar la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
La Universidad y el Hospital Metropolitano, que de ella depende, generan ingresos anuales por 80.000 millones de pesos.
Pulgar se acogió a sentencia anticipada aceptando dos de los cargos. En la condena, el magistrado ponente Marco Antonio Rueda encontró razones suficientes para compulsar copias a la Fiscalía contra las ministras Yanhet Giha y María Victoria Angulo por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias.
Están documentadas varias reuniones entre las ministras y el senador Eduardo Pulgar. Tanto la ministra Giha como la ministra Angulo han sostenido que esos encuentros no tenían como propósito influir en las decisiones del Ministerio de Educación sobre el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
Pese a la versión de las señoras ministras, el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema, Julio Ospino, asistido por un fiscal especializado, ha ordenado que:
Se establezca la ubicación de las exministras Yaneth Giha y María Victoria Angulo.
Oficiar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para que acredite la calidad foral de la señora exministra María Victoria Angulo.
Requerir a las contrapartes del señor Luis Fernando Acosta Ossío, los señores Carlos Jaller, Ivonne Acosta y Jorge Luis Hernández, para que entreguen copia de un documento enviado al Ministerio de Educación dentro del prolongado pleito por la Universidad Metropolitana.
Por último, le pide al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) que se allegue las fichas de identificación de las exministras que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil.
En Barranquilla, el pleito por la Universidad Metropolitana ha transitado un camino tortuoso, pues varios funcionarios judiciales están cuestionados por su actuación en este proceso en el que nada le pasa al señor Luis Fernando Acosta Ossío y, en cambio, quienes han sido sus contrapartes, terminan empapelados o presos.
Recientemente, el condenado exsenador Eduardo Pulgar logró reelegirse en cuerpo ajeno y desde la cárcel. Su cuñada María Claudia Pérez Giraldo fue elegida senadora dentro de las listas del Partido Liberal y con una de las votaciones más altas del país.
Apenas hace unos días, a través de una tutela, Pulgar consiguió que lo trasladaran de la cárcel La Picota en Bogotá al cómodo batallón de Malambo, Atlántico, desde donde sigue manejando su enorme feudo electoral cuyo epicentro es Soledad situado en las goteras de su lugar de relativa reclusión.
No le va mal a Pulgar, quién sabe cómo le irá a las exministras de Educación.
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