Nuevo aire a cadena perpetua a violadores.

Asesinar o violar niños son delitos que, además de generar el rechazo, reviven propuestas que han hecho camino, como la cadena perpetua para quienes los cometan, aunque el referendo que impulsa esta medida se ha hundido tres veces en el Congreso.

La iniciativa retoma vigencia, pues el electo presidente Iván Duque, durante su encuentro con los alcaldes del país el pasado miércoles, manifestó su interés de acompañarlo, para que los colombianos validen penas contundentes para los responsables de estos delitos que, según Medicina Legal, llegaron a 2.228 casos entre enero y mayo de este año y, en 2017, a los 2.481.

Cada día de 2018, la entidad ha practicado 14,5 exámenes médico-legales relacionados con abuso sexual, mientras el año pasado el promedio llegó a 16,5. “Quiero invitarlos a que construyamos una propuesta para que, como sociedad, al unísono, en 2019 podamos ir como ciudadanos a las urnas y votar el referendo para que exista cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia”, dijo Duque.

Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en las cárceles del país hay actualmente 3.908 condenados por el delito de acceso carnal violento contra menor de 14 años y 2.050 sindicados, mientras que en lo que corresponde al de acto sexual en menor de 14 años, en el país hay 4.486 condenados y 2.387 sindicados.

¿De dónde viene?

La propuesta de un referendo nació hace 10 años, con la exconcejala y senadora Gilma Jiménez, quien falleció en 2013. No obstante, su hija, Johana Jiménez,decidió retomar las banderas y continuó impulsándolo en el país.

Para ella, este empujón de Duque representa que “ahora los niños sí tienen quien los defienda” y confía en que “se obtendrá el respaldo de los colombianos en las urnas”, pues cuestiona la impunidad que sufren víctimas y sus familias.

Lo mismo plantea el constitucionalista José Gregorio Hernández, al sostener que la “sociedad colombiana está cansada de que la población más indefensa siga siendo a la que más le vulneren sus derechos, mientras que los responsables –de estos delitos– quedan libres para continuar amenazando a la niñez”.

¿Populismo punitivo?

Cuando se dio a conocer la propuesta de la senadora Jiménez, el director del Centro de Estudio “Dejusticia”, Rodrigo Uprimny, en varias ocasiones lo calificó como “populismo punitivo”, al cuestionar que la iniciativa es inconveniente, pues desarticula el sistema y no mejora las condiciones para crear mecanismos que permitan proteger a la niñez.

Al respecto, la promotora del referendo sostiene que ese “ha sido el único argumento de quienes lo rechazan”. Además, sostiene Jiménez, “no se vale quedarse de brazos cruzados ante este problema”.

Otra mirada tiene el constitucionalista Juan Manuel Charry, quien no se atreve a calificar el referendo como “populismo”, porque constitucionalmente es viable.

Sin embargo, recuerda Charry, Colombia firmó el pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica de 1996, que se enfoca en que las penas privativas de libertad deben tener un enfoque resocializador, contrario a lo que sucede con la cadena perpetua, que lo único que busca es tener en la cárcel a una persona que cometió un delito.

Más allá del análisis de los expertos, es claro que el referendo es una iniciativa popular que se ha quedado a mitad de camino en el Congreso, ahora con el espaldarazo de Duque podrá llegar a las urnas en donde la última palabra la tendrán los colombianos.

FUENTE EL COLOMBIANO

Las causas que dejan acéfalos a los municipios.

En medio de la investigación por corrupción en el financiamiento de vías en Armenia, por el que ya fue enviada a la cárcel la exalcaldesa, Luz Piedad Valencia, la Fiscalía General de la Nación encontró que el actual mandatario, Carlos Mario Álvarez, también está involucrado y por eso, fue capturado el domingo 29 de abril.

El ente investigador encontró que Álvarez firmó cuatro pagarés por 6.000 millones de pesos cuando era candidato para financiar su campaña, un dinero que provenía de un proyecto de 100.000 millones para obras viales en la capital del Quindío, que fue recaudado por impuesto de valorización aprobado durante la administración de Valencia.

Es decir que Álvarez llegó a la alcaldía gracias al dinero de la ciudad a la que aspiraba y llegó a gobernar.

No es un caso de excepción. Al revisar las causas por las que más han salido de su cargo los alcaldes, resalta principalmente las irregularidades a la hora de licitar y adjudicar los contratos.

Según datos de la Procuraduría, en el actual periodo electoral (2016-2019) existen 5.521 procesos activos contra alcaldes, lo cual habla en promedio de más de cinco investigaciones por cada mandatario, contando con que hay 1.122 municipios en Colombia.

Vale anotar que muchas de estas investigaciones no llegan a convertirse en sanciones, ya que a la fecha, solo 13 municipios han terminado acéfalos por un periodo determinado de tiempo.

Sin embargo, de este voluminoso expediente del ministerio público, en 142 de los casos ya hay un fallo sancionatorio (que no siempre se trata de una suspensión, puede ser también destituido) y hay 220 pliegos de cargos elaborados para las distintas alcaldías.

Las irregularidades encontradas son casi calcadas entre ellas para el tema contractual: pliegos amañados, contrataciones a dedo o sin el cumplimiento de los requisitos mínimos y falta de idoneidad en el contratista, lo que termina concluyendo en obras inconclusas o infladas a la hora de calcular su costo final.

De hecho, en su último informe sobre este tema, presentado el 23 de abril pasado sobre los hallazgos de 2017, la Contraloría General de la República encontró en todo el país obras inservibles, llamadas “elefantes blancos”, por un costo para la nación calculado en 323.574 millones de pesos.

Regresando a los alcaldes castigados por los entes de control, los casos más sonoros tienen la sospecha de corrupción como principal detonante de estos comportamientos. A Fabio Velásquez, alcalde de Riohacha, capital Guajira, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 12 años el 28 de abril pasado tras encontrar que adjudicó el Plan de Alimentación Escolar (PAE) para su municipio de manera directa, por medio de un convenio de asociación que correspondía en realidad a un contrato de suministros. 5.700 millones de pesos de este PAE para una región necesitada como La Guajira quedaron en riesgo por la decisión.

Además de este fenómeno, otro indicador que se encuentra en gran cantidad al revisar los casos de cada alcalde es el de los errores de carácter administrativo.

Por citar un ejemplo, en Cartagena, donde eligieron este domingo al noveno alcalde en 10 años, su mandatario Manuel Vicente Duque fue suspendido el 18 de mayo de 2017 por haber cambiado dos veces en siete meses la competencia de control urbano, lo que habría sido determinante dentro del caos de las curadurías que se descubrió en la capital de Bolívar a raíz del desplome del edificio Blas de Lezo en abril de ese año, que dejó 21 personas muertas.

Investigaciones posteriores llevaron a Duque a la cárcel, pues se descubrió que habría acordado con 14 concejales de la ciudad la elección de una contralora que no cumplía con los requisitos legales.

¿Qué está pasando?

Una cifra abultada de denuncias de corrupción no siempre es un síntoma de que las cosas van marchando peor que antes. Suele también responder a un cambio en la sociedad, que se ve alimentado por una mayor disponibilidad de información y una mayor demanda de transparencia.

Así lo considera Pablo Sanabria, doctor en Administración y Políticas Públicas y experto en temas de corrupción de la Escuela de Gobierno de la U. de Los Andes. “Esto no es un tema solo de lo público y quienes están en cargos de poder, sino de los ciudadanos. No solo es el funcionario, sino la sociedad la que es corrupta… Lo que la evidencia ha mostrado es que no es necesariamente con estrategias penales como se reduce la corrupción”.

Para Sanabria, aunque es especialmente en estas épocas electorales cuando se hace más publicidad sobre la solución punitiva y carcelaria para castigar al corrupto, “se tienen que pensar en estrategias a largo plazo”.

“Lo que hay que mirar es qué del estatuto anticorrupción sirve y qué no, porque estos se enfocan más en lo punitivo. Ver si cada municipio puede tomar esta política nivel nacional, evaluar cuáles prácticas son más usuales y generar para sí mismos un plan propio”.

Acorde con los hallazgos de la Escuela de Gobierno de Los Andes, cada municipio tiene prácticas corruptas propias en mayor o menor cantidad. “Hemos encontrado que este es un fenómeno más local, que responde a particularidades”, concluyó.

Según este experto, el ciudadano es sensible a casos colosales de corrupción, como el caso Odebrecht o Reficar. Sin embargo, su nivel de indignación es nulo cuando se trata de comportamientos individuales, como sobornar a un agente de Tránsito o pagar para que un trámite sea más veloz.

Víctimas del centralismo

“Es muy complicado ser alcalde en Colombia”, expuso el director de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, para defender que las cifras de sanciones, en muchos casos, corresponden a una desconexión de la realidad colombiana.

“Tenemos un país famoso por producir normas permanentemente que cambian las reglas de juego en la administración pública local. Se expiden más o menos al año más de 3.000 normas que lo afectan, como si todos los municipios fueran iguales”, explicó.

Para Toro, existe una serie de particularidades en los municipios que hacen imposible la aplicación de normas centralizadas: “Tenemos muchas ciudades que no tienen recursos para asesores jurídicos competentes que conozcan toda esa maraña de normas. Entonces es muy fácil que un alcalde cometa un error. Además, hay pueblos apartados donde contratan con un solo oferente, porque es el único que hay”.

Dice no desconocer la facilidad que hay en Colombia para prácticas de poca transparencia y admitió que en las campañas a las alcaldías es usual que aparezcan contratistas con dinero para financiar y ganas de cobrar el favor posteriormente, “pero es indiscutible que una campaña cuesta un ojo de la cara. Hay la solución es que haya una financiación estatal efectiva de las campañas”.

Concluyó el director de Fedemunicipios que “en Colombia nos preocupa más el control formal que el control real de los recursos públicos”.

Según las conclusiones de la Federación, la interinidad de los alcaldes son nefastas para el cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo de los municipios pues calcula que, entre las aprobaciones de los planes de desarrollo, los empalmes y las leyes de garantías, un mandatario local solo alcanza a gobernar 26 meses de los cuatro años de periodo.

FUENTE EL COLOMBIANO

70 años de una violencia que no termina.

Más allá de El Bogotazo, la oleada violenta que estalló con el magnicidio del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán derivó en un “colombianazo” con víctimas en todo el país, que hoy, 70 años después de confrontaciones armadas en violencias sucesivas, ha cobrado la vida de cerca de un millón de personas, casi la mitad de la población de Medellín. Todavía hay sectores de la sociedad colombiana que siguen reclamando más muertos.

Antes de que Gaitán expirara, la turba que reaccionó había convertido en muladar las zonas vecinas de la carrera Séptima con la avenida Jiménez, escenario del crimen, con el cadáver y la sangre de Juan Roa Sierra, señalado como el supuesto homicida.

Su cuerpo inerte, desnudo, apuñalado, lacerado y molido por todo el que pudo golpearlo fue arrastrado hasta la casa presidencial, donde la muchedumbre enardecida reclamaba la renuncia del presidente conservador Mariano Ospina Pérez, a cuyo gobierno se le endilgaba el crimen.

Registros de ese 9 de abril dicen que en las horas que siguieron al magnicidio murieron, solo en Bogotá, entre 500 y 3.000 personas, la mayoría sepultadas en fosas comunes bajo cruces sin nombres. Los heridos, saqueos e incendios se contabilizaron por miles.

La calma fue impuesta a precio de bala por el gobierno de Ospina Pérez, quien se mantuvo firme en su cargo, pese al fuego que le echaban a la hoguera los líderes de los partidos Liberal y Conservador, Alfonso López Pumarejo y Laureano Gómez, intentando sacarlo del poder, hecho que narra el periodista Alberto Velásquez Martínez, en el libro Colombia País de Rupturas, que estará en circulación este miércoles.

Sometidos los revoltosos en Bogotá y otras ciudades y pueblos grandes, Colombia entró en la noche negra de la violencia partidista, que se prolongó por diez años.

Frente Nacional

El fin de esa primera vorágine cesó con la creación del Frente Nacional luego de pasar por el gobierno de Laureano Gómez, que quiso apagar el fuego con fuego, y la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, quien sacó a Gómez del poder. La confrontación cobró entre 200.000 y 300.000 vidas. Más de dos millones de personas fueron desplazadas en una nación de diez millones de habitantes.

Los campos fueron desolados, los ríos y sembradíos sirvieron de cementerio de miles de personas, la muerte misma, con sus agentes oficiales y no oficiales, se jactó con todas sus formas de terror: corte de franela, de corbata, crucifixiones, decapitaciones, lapidaciones, descuartizamientos, despellejamientos y empalamientos, que a su vez incubaban toda suerte de venganzas…

Figura de Gaitán

Pero quién fue y qué significaba Gaitán para que su muerte hubiese partido la historia de Colombia en el siglo XX, desatado una guerra civil que inició con cargas de machete contra escopetas, fusiles y bombardeos oficiales y que luego derivó en nuevos conflictos, muchos disímiles entre sí, pero que han tenido como base el pensamiento gaitanista, como las guerrillas, paramilitares, delincuencia organizada y las bacrim, caso Autodefensas Gaitanistas de Urabá…

El historiador de la Universidad Nacional, Guillermo Aguirre, describe al líder como un hombre superior, un caudillo con alto voltaje; con una enorme personalidad política y una capacidad de oratoria avasallantes; conectado con el sentir de las clases más desfavorecidas, a las que sabía llegarles con mensajes, algunos, de tinte populista, y que conocía el momento histórico que vivía un país, asolado por la violencia política, desatada tras el fin de la hegemonía conservadora.

Esa enorme franja de la población veía en Gaitán la esperanza de un gobierno popular, con programas de alto impacto social. “Su muerte frustró ese sueño y la gente terminó desfogándose por los caminos de la violencia”, comenta.

Abusos con su imagen

Darío Acevedo, analista político y profesor asociado de la Universidad Nacional, dice que si bien Gaitán no fue el primero, sí ha sido el más grande movilizador de masas en la historia de Colombia.

“Él usó técnicas caudillistas que presenció cuando estudió en Italia, en la época de florecimiento de la dictadura de Moussolini. Eso le valió para que lo acusaran de fascista los liberales oficialistas, los conservadores, la Iglesia, la prensa liberal y conservadora y los comunistas que veían en él a un enemigo”.

Así, entre cruces y odios políticos, Gaitán, quien conectaba con el pueblo raso fue apabullado, apaleado, señalado de hampón, homicida y caricaturizado en una campaña sistemática de desprestigio, orquestada desde el oficialismo liberal, que dirigía Gabriel Turbay; el conservatismo que inspiraba Laureano Gómez; la Iglesia Católica, en la voz de monseñor Miguel Ángel Builes, los comunistas, terratenientes y demás formas del poder local y nacional.

Su programa político no tenía mayor misterio en esa época y no hay nada que pueda llevar a pensar que preconizaba un nacionalismo extremo ni que condujera a instaurar el socialismo en Colombia.

Los historiadores coinciden en que Gaitán no era socialista, era un liberal de tendencia intervencionista, muy propia de la época.

“Lo que se ha dicho de él es una infamia. Su hija Gloria Gaitán afirma que su pensamiento era socialista y que era un científico político, todo un exabrupto; los comunistas y muchos sectores de la izquierda marxista, hasta los años 80, miraban su proyecto con desconfianza y a él como un miembro de la oligarquía, un demagogo y un enemigo de los trabajadores”, dice.

En los años 80 y 90, con los cambios del comunismo en China, Rusia y Alemania, los socialistas y comunistas criollos y latinoamericanos dieron un giro y se dedicaron a reivindicar figuras nacionales, sin haber hecho un ejercicio de rechazo o crítica a sus antiguas posiciones.

Entonces, convirtieron en héroes a quienes antes miraban como oligarcas, egoístas, defensores del culto a la personalidad y desalmados.

Por esa vía oportunista introdujeron a sus proyectos a personajes como Bolívar, que nunca fue un marxista o socialista, porque fue anterior a Marx; Gaitán, cuya figura la han utilizado para tratar de llegarle más fácil a la gente, sobre todo al campesinado que sí sabía quién había sido Gaitán y, por alguna razón de escuela, quizás también conoce algo elemental sobre Bolívar.

El presidente que no fue

En el texto Colombia entre el Sismo y el Cisma, Velásquez Martínez señala que en las elecciones de 1946, el Partido Comunista había adherido a Gabriel Turbay por considerar a Gaitán un “aventurero, político y un oportunista de discursos farragosos y lo calificaban de facistoide”.

Turbay apoyado en el oficialismo de su partido mantuvo la división cerrándole el paso así a Gaitán. Al final, las urnas favorecieron al conservador Ospina Pérez.

Turbay dejó a Colombia y se fue a vivir su derrota a Europa. En París lo arropó la muerte. Gaitán no cedió y arreció contra el orden establecido en un país de castas dominantes.

Su presencia en las plazas públicas era desbordante. Por millares los liberales, conservadores gaitanistas e incluso los sin partido acudían a escuchar su voz. En las elecciones legislativas de 1947 logró las mayorías electorales.

El 7 de febrero de 1948, dos meses antes de su muerte, encabezó la “Marcha del silencio”, en Bogotá, a la que acudieron 100.000 personas. Protestaban por la violencia política. “Señor Presidente (Ospina) os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre”, clamó en la manifestación.

Una semana después, en otra marcha multitudinaria en Manizales, en honor a 20 liberales asesinados, volvió a levantar la voz contra la campaña de exterminio, protagonizada por agentes del gobierno.

La muerte sigue su cauce

Gaitán se sentía invulnerable al lado de su gente. “Ninguna mano del pueblo se levantará contra mí y la oligarquía no me mata, porque sabe que si lo hace el país se vuelca y las aguas demorarán cincuenta años en regresar a su nivel normal”.

¿Quién lo mató? Se señala a Roa, pero las dudas son más certeras que la certeza oficial misma y señalan al sicario como un simple eslabón de una confabulación.

El historiador Germán Olano, de la Universidad el Rosario, dice que el general Marshall, de EE. UU., siempre creyó que el Bogotazo fue obra de Moscú. En un libro de Olano sobre el caso Gaitán, publicado en 1956, denuncia a Fidel Castro, quien ese día se encontraba en Bogotá en un encuentro internacional de estudiantes, como una de las personas que disparó contra el líder liberal y “hasta hoy nadie me ha desmentido”, dice.

El expresidente Alfonso López Michelsen, señala a Juan Roa Sierra como un “pobre desquiciado”. Plinio Apuleyo Mendoza, en otro libro, dice que “todo lo cuadró un policía”; pero en otro texto, se comenta que el padre de Plinio Apuleyo,Plinio Apuleyo Neira, liberal, exjefe de la policía, que acompañaba a Gaitán, lo había llevado hasta el sitio donde le disparó el sicario, pues el caudillo amenazaba el liderazgo del liberalismo en ese momento, dice Olano.

Como en los magnicidios de la historia de Colombia, nunca se sabrá quién o quiénes planearon todo y dieron la orden de muerte.

En 1953, “Pinilla ascendió al poder arropado por la oligarquía criolla y los jefes de los partidos Liberal y Conservador que veían comprometido su futuro por el avance de las guerrillas del Llano, que ya sumaban unos 10.000 hombres en armas, bajo el mando de Guadalupe Salcedo; habían realizado tres conferencias y en la última decidieron marchar sobre Bogotá. En ese momento el ejército oficial sumaba 8.000 efectivos”, dice el historiador.

Paralelo con las guerrillas liberales de los Llanos, en las tierras de la zona Andina y los santanderes operaban ejércitos de bandoleros liberales, que solo buscaban hacer daño a todo aquello que relacionaran con el conservatismo, y “Los pájaros”, una maquinaria sanguinaria en extremo, con apoyo oficial.

La suerte jugó a favor del establecimiento. El primer gran acto de Pinilla fue declarar una amnistía y un perdón general para todos los actores de la guerra civil. Salcedo y sus hombres se desmovilizaron, lo mismo hicieron pájaros y demás bandoleros.

Democracia a medias

Cuatro años después cae la dictadura y liberales y conservadores crean el Frente Nacional, una forma imperfecta de democracia, la cual si bien logró poner fin a la violencia partidista, dejó por fuera de la construcción de la nueva nación a amplios sectores políticos, sociales y a miles de ciudadanos que se oponían a la forma como los partidos tradicionales manejan el país.

En 1964, un exguerrillero liberal, Manuel Marulanda Vélez, “Tirofijo”, muerto de infarto mientras campeaba en la Colombia profunda, creó las Farc, como autodefensa campesina por los ataques del gobierno central contra las poblaciones que lo cuestionaban; la chispa violenta creció y al año siguiente nació el Eln; al siguiente, el Epl, en los 70 emergió el M19 y en los 80 aparece el narcotráfico, sus ejércitos mafiosos y su enorme capacidad de degradación de amplios sectores de la sociedad. En su texto Colombia país de rupturas, Velásquez Martínez señala a este como el peor de todos los males de Colombia en el siglo XX, incluso por encima de El Bogotazo.

En los noventa, luego de varios intentos frustrados de diálogos con las guerrillas y el ascenso de estas, surgen las Auc, en buena parte financiadas con recursos del narcotráfico y la chispa violenta se eleva a conflagración.

Esperanza lejana

A inicios de los noventa, convencidos de que era más el daño que estaban haciendo que el que querían reparar, se desmovilizaron varios grupos guerrilleros. Se necesitaron 25 años de diálogos frustrados y muertes para que las Farc lo hicieran. El tiempo corre y el Eln sigue esquivo a su reinserción a la vida civil.

El contador de la muerte no para. El Registro Único de Víctimas del Conflicto suma 8.074.272 víctimas – hoy es el Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas–, 7.134.646 son casos de desplazamiento, 983.033 homicidios, 165.927 desapariciones forzadas, 10.237 torturas y 34.814 secuestros.

Las condiciones bajo las que se desmovilizaron las Farc no convencen a amplios sectores ciudadanos y el debate se traslada a una campaña política en la que los programas pasan a segundo plano y los líderes de las fuerzas en contienda enfocan sus baterías en hacer daño a la persona de su opositor, hecho que lleva al país a recordar los días siniestros que antecedieron El Bogotazo o “el colombianazo”.

Que llegue la paz a la tumba de Gaitán, porque Colombia se descubre lejos de alcanzarla.

EL COLOMBIANO

En La Guajira sobran promesas, pero faltan hechos contundentes.

Justo en febrero del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos intervino La Guajira con el objetivo de mejorar la atención en los sectores de salud, acueducto y alimentación de La Guajira, pero pasados 13 meses de aquella decisión, la situación no ha cambiado mucho. Así, lo reveló esta semana la Defensoría.

En Riohacha, su capital, el 15,1 % de sus habitantes está en situación de pobreza extrema, según el Dane, es decir, obtienen ingresos mensuales por $116.330 o menos, lo que, directamente, redunda en la crítica situación que viven.

Los guajiros siguen sumidos en desnutrición, pobreza y desigualdad, y cada que es visitada por una autoridad que defiende los Derechos Humanos –como sucedió con la Defensoría del Pueblo– quedan expuestas las condiciones de vida que afrontan, en especial las comunidades wayúu.

Hasta la semana epidemiológica 12, que recoge datos de enero a marzo de este año, al Instituto Nacional de Salud (INS) le reportaron 16 muertes por desnutrición o síntomas asociados a este flagelo, con corte a marzo. Lo más grave es que pese a las acciones del gobierno, son siete muertes más que en el mismo lapso del año pasado, según cifras del propio INS.

“A los niños les debemos más que promesas y palabras, les debemos acciones y resultados”, criticó el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en la Audiencia Defensorial sobre la situación de mortalidad por desnutrición o causas asociadas, de esta semana.

Negret insistió en que los informes presentados no evidencian los avances en la cobertura del acceso al agua potable de la comunidad wayúu. “La Defensoría recibió información de que se han desarrollado proyectos en la Alianza por el agua y la vida, pero se desconocen cuántos acceden a agua potable”.

Así mismo, sostuvo que esto es un abierto desconocimiento de las órdenes judiciales y la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le otorgó en diciembre pasado, protección a los derechos de alrededor de 3.000 indígenas de la región.

Críticas al gobierno

El defensor cuestionó las acciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por considerar que debía estar en la Audiencia y no llegó su directora,Karen Abudinen. Justamente ayer Abudinen arribó al departamento con la “Operación Guajira”, con la que atenderá a los menores de edad.

Ángel María Solano, presidente de la Veeduría Nacional de Salud para La Guajira, coincidió con lo planteado, pues señaló que la intervención ha puesto barreras para que la atención sea directa. Además, Solano reclamó la falta del agua para algunas zonas, sobre todo en la Alta Guajira.

“El Estado no está haciendo lo que le compete”, cuestionó Solano, haciendo hincapié en que el presidente Santos ya va a cumplir sus ocho años de gobierno, pero las condiciones no cambiaron.

Abudinen, para hacerle frente al reclamo, agregó que durante dos semanas cerca de 600 profesionales atenderán a los niños, además de que cada cuatro días entregará un informe de lo que se hace. Una estrategia similar fue implementada por la exdirectora del ICBF Cristina Plazas, pero los casos de desnutrición se mantuvieron; no obstante, tras denuncias de corrupción en la región, la Fiscalía logró capturar a 11 contratistas, quienes defraudaron a la entidad en alrededor de $2.700 millones en 2016.

Las acciones

Pese a que la situación sigue siendo crítica, no se debe desconocer que se han hecho esfuerzos enfocados, precisamente, en la atención en salud de las comunidades, así como en educación y acueducto. Esto lo planteó Weildler Guerra, exgobernador, quien señaló que es necesario tener en cuenta el factor climático, pues estos tres meses han sido secos, lo que representa falta de agua, “que afecta la seguridad alimentaria, pues no hay líquido para los alimentos ni los cultivos”. También reconoció que se debe hacer seguimiento especial a los Wayúu que llegan de Venezuela “en condiciones muy difíciles”.

Elkin Osorio, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, dijo que las condiciones estructurales de La Guajira y de otros departamentos en condiciones provocan que los planes de intervención y atención multidisciplinares sean más complejos; sin embargo, manifestó que “desde el sector se ha generado una estrategia fundamentada en la atención primaria”, que consiste en mayor presencia de centros de salud, para que la atención sea rápida.

Aunque el gobierno Santos invirtió en 2017 alrededor de $785 mil millones para los sectores de salud, educación y acueducto, lo que esperan en La Guajira es que se disponga de más plata, para que la crisis se resuelva.

FUENTE EL COLOMBIANO

De capa caída, los vehículos nuevos en Antioquia.

En lo corrido del año a marzo, 9.245 carros han sido estrenados en Antioquia. Así lo demuestran los datos del registro de matrículas que, pese a presentar una desaceleración de 0,8 %; frente al total nacional fue una región a la que le fue bien, pues la caída en el sector automotor fue de 3,5 %, para un total de 54.215 matrículas registradas en el mismo periodo.

Pese a esta situación, Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y Vehículo de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) sostuvo que “estamos apostándole a las 255 mil matrículas nuevas para este año”.

Las cifras, proporcionadas en conjunto con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), también demuestran que la región antioqueña sigue siendo un porcentaje importante del mercado (17%); es segundo en el total de registros de vehículos nuevos, solamente sobrepasado por Bogotá D.C.

La capital del país concentra 32,9 % de los carros matriculados con 17.848, una disminución de 8,4 %. Entre 31 departamentos, 15 tuvieron variaciones positivas en el acumulado del año frente al mismo periodo de 2017.

De acuerdo con una conversación sostenida ayer con el fundador de Raddar,Camilo Herrera, este año las matrículas se ven impactadas debido a la desaceleración en el consumo de los hogares específicamente de los bienes durables, como los vehículos. Esta situación es consecuencia, de la economía, que apenas está dando signos de recuperación, y de la desconfianza que provoca el panorama electoral en el país, que aún es incierto.

En marzo, Eduardo Visbal adjudica el resultado (-7,1 %) a los días de Semana Santa que, sin duda, cada año marcan las ventas del mes en el que ocurren, en este caso marzo. En Antioquia, el registro de matrículas cayó a 3.251, es decir 4,4 % (ver Dicen de…).

Preferencias

Los automóviles (4.705) y utilitarios (3.050) son los carros preferidos en Antioquia, y concentran 83,8 % de las matrículas nuevas, en línea con el comportamiento en el territorio nacional.

Cuando el desagregado se mira por ciudades, tres están en el top 10 de compradores de vehículos nuevos: Medellín, con 4.387 carros; Envigado, con 2.926, y Sabaneta, registró 1.054 vehículos.

Envigado es una de las ciudades en las que los registros aumentaron, 12,2 % en el primer trimestre, un comportamiento atípico para el ritmo en el que se movió el resultado en el mercado nacional.

Finalmente, las preferencias en marcas a nivel país en los tres primeros meses, de acuerdo con la estadística presentada están entre: Chevrolet (11.669), Renault (10.445), Nissan (4.850), Kia (4.741) y Mazda (4.350) .

FUENTE EL COLOMBIANO

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