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Así le va a Colombia con el precio de las materias primas.
A pesar de los menores despachos de petróleo y carbón colombianos a los mercados internacionales, entre enero y agosto, las mejores cotizaciones de esas materias y primas y la tasa de cambio del dólar han servido para que esas negociaciones generen mayores ingresos para el país.
Y es que mientras en los ocho primeros meses de 2017 se exportaron 156,4 millones de barriles de petróleo por 7.047 millones de dólares, en el mismo periodo de este año se despacharon 141 millones de barriles por 8.955 millones de dólares, según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
El mayor valor de los despachos se explica en parte por la cotización del crudo (referencia Brent) que hace un año estaba en 57,82 dólares por barril y ayer cerró en 81,41 dólares. Otro factor a favor de la ventas petroleras está asociado a la tasa de cambio del dólar que hace un año era de 2.932,05 pesos frente a los 3.055,93 pesos con que abre hoy.
En ese contexto, los 305.000 accionistas directos de Ecopetrol se han beneficiado de este desempeño, pues el título que doce meses atrás estuvo en 1.460 pesos inicia hoy en 3.970, observando una valorización de 171,9 %.
Otro efecto en el país de la positiva dinámica del costo del crudo tiene que ver con la actividad de exploración y explotación petrolera. Mientras el año anterior se contabilizaron 116 taladros contratados y 91 en operación, a la fecha hay 151 con contrato y 137 operando, señaló Germán Espinosa, presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol).
El dirigente destacó que, en cuanto a la variación anual, se apreció un crecimiento de 50,5 % en los taladros en operación, además ese registro representó un 92 % del máximo nivel histórico de 149 equipos operando, alcanzado en octubre de 2014 (ver Paréntesis).
Carbón y oro
Según el Dane, entre enero y agosto, las exportaciones de carbón sumaron 60,2 millones de toneladas y su valor fue de 5.038 millones de dólares. En los mismos meses de 2017 el volumen fue 63,5 millones de toneladas y su costo 4.303 millones de dólares.
Al igual que en el caso del petróleo, pese a la menor cantidad enviada al extranjero el mejor precio del mineral y de la tasa de cambio del dólar contribuyeron a elevar el valor exportado (ver gráfico).
En el caso del oro, los despachos sumaron a agosto 903,4 millones de dólares, un 25,5 % menos que los 1.212 millones enviados en los primeros ocho meses del año anterior. Mientras la onza troy se pagaba hace un año a 1.303 dólares, hoy abre en 1.227,20 dólares, acumulando una contracción de 5,81 %.
El presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Santiago Ángel Urdinola, señaló que en el caso del carbón se está evidenciando un aumento de precios que atribuyó a la mayor demanda de los grandes países consumidores como China e India.
Hace un año la tonelada de carbón se pagaba a 60,55 dólares, actualmente está en 77,15 dólares lo que representa un incremento de 27,41 %.
Sobre el descenso del valor del oro, el dirigente gremial explicó que esta obedece a la fortaleza que en el último año ha ganado el dólar gracias a la reforma tributaria implementada por el presidente Estados Unidos, Donald Trump, y a las tensiones comerciales con China y la Unión Europea. En la medida que el dólar se aprecia, el valor del oro se debilita.
Bebida en líos
Otra materia prima o commodity exportado por Colombia es el café, grano del que entre enero y agosto se despacharon 467.992 toneladas, cifra similar a la de los mismos meses del año pasado (467.907 toneladas), pero en precio la reducción fue de 10 %, al pasar de 1.679 millones de dólares a 1.512 millones.
La merma obedeció a la caída de la cotización internacional, que productores nacionales atribuyeron a las movidas de especulación de los fondos de inversión.
FUENTE EL COLOMBIANO
Presupuesto, la pelea constante en las universidades.
Como viene sucediendo cada año desde 1993, los estudiantes de las universidades públicas del país dejan en evidencia la difícil situación que enfrentan las instituciones donde se forman académicamente. Esta vez, el reflejo de su reclamo se basa en el déficit de $16 billones para funcionar, operar y mantener los indicadores de cobertura y calidad académica.
Aunque esta voz se eleva con la coyuntura de la discusión del Presupuesto General de la Nación, estudiantes, docentes y rectores consultados dicen lo contrario, y se refieren a “problemas coyunturales reales”, que se viven en las sedes de las 32 universidades públicas y que por esta vía sufren los cerca de 650 mil estudiantes matriculados.
Por esa falta de recursos y por lo que consideran desidia estatal volverán a las calles este miércoles, ese lugar de cada ciudad que les ha servido de escenario para mostrar sus inconformismos. En Medellín saldrán desde varios sitios (ver infografía), a las 2:00 de la tarde, para terminar en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Se mueven
“Con esta jornada, en la que esperamos participar al menos 500 mil estudiantes en el país, buscamos que la sociedad se dé cuenta de lo que está pasando, que se entere que sin universidad no hay futuro”, asegura Alejandro Palacio, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior (Acres) que integra a estudiantes de universidades públicas y privadas.
La misma visión tiene Jennifer Pedraza, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional, quien es clara al afirmar que “este reclamo no es nuevo, los problemas económicos de las universidades empezaron a registrarse desde la Ley 30 de 1992, es decir, llevamos 26 años viviendo lo mismo”, debido a que se congeló el presupuesto y se fijó su aumento solo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Lo peor del caso, dice Pedraza, es que no ha habido un solo gobierno que ponga como prioridad la educación. Aunque en el gobierno Santos el presupuesto fue el más alto de la historia, con $37,49 billones, la inversión apenas llegaba a $3,42 billones. Los 34 billones restantes eran para gastos de funcionamiento divididos en varios items, entre ellos los más representativos: nómina, $8,51 billones y pensiones de $3,79 billones.
El rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema universitario Estatal (SUE), Jairo Torres Oviedo, sostienen que por eso saldrán a movilizarse, teniendo en cuenta que, aunque el dinero es “más que necesario” se deben solucionar otros problemas estructurales, como cobertura, mantenimiento de sedes y el cierre de brechas entre los sectores rural y urbano.
El Gobierno, por su parte, ha sido claro al plantear que no cuenta con los 16 billones que reclama la Universidad Pública. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, respondió ayer que “el compromiso de este gobierno se demuestra en el proyecto de ley de presupuesto, que está calculado para 2019 en $41,26 billones, que está dividido en gastos de funcionamiento e inversión, pero estos no están desagregados porque el presupuesto aún no ha sido aprobado en el Congreso.
Nuevamente el problema son los altos gastos de funcionamiento. Pues con esta cifra, realmente, en el mejor de los casos quedarían solo $4,4 billones para “palear” la crisis, según el proyecto de ley de Presupuesto.
Señala Angulo, este será el primer “impulso”, pues durante los cuatro años del gobierno se “priorizará la educación de los colombianos”
Preocupaciones
Por eso, Luisa Charry, delegada de la Universidad de Antioquia en la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, sostiene que lo que se busca es que la reforma “sea estructural y no que responda a una coyuntura”. Además, plantea que no solo sea impulsada por los docentes o estudiantes, sino que comprometa al Ministerio, los rectores y representantes de la sociedad.
Otro punto que les preocupa a estudiantes y rectores es que no haya represalias contra quienes se movilicen y cesen sus operaciones. Por ello, en el pliego de peticiones radicado ante el Congreso, destacan que “exigimos que no se tomen medidas en contra de ningún miembro del movimiento, por lo tanto solicitamos a las diferentes organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos brindar apoyo durante la agenda de movilización que proponemos desde el movimiento estudiantil y así garantizar nuestro accionar seguro”, expresan.
¿Origen del problema?
Para entender el inicio del déficit presupuestal del sistema universitario, tan solo hay que mencionar la Ley 30 de 1992, pues congeló el presupuesto. Es decir, mientras las universidades crecían en estudiantes, profesores, investigaciones y, se les imponían nuevos indicadores de calidad, la plata para su funcionamiento en la actualidad resulta menor, pues aunque aumenta con el IPC, hoy no se vive la misma realidad de hace 26 años.
“Se desconoció que con el paso del tiempo las universidades crecerían, aumentarían sus capacidades y se verían apretadas porque los mismos recursos no alcanzarían para todo”, resume Santiago Fonseca, representante estudiantil de la Universidad Nacional en Bogotá, quien también critica que la única apuesta sólida del Ministerio de Educación es la promoción de créditos educativos a través del Icetex, lo que genera endeudamiento, inequidad y reduce a un crédito el concepto de universalidad en la educación superior.
Frente a esta realidad, el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, ha manifestado que la institución tiene “enormes problemas financieros, directamente relacionados con el desfinancimiento, por lo que se está trabajando dentro de la institución para reducir gastos”.
“Tenemos un déficit calculado, desde 2018, de $68.700 millones. El acumulado está cercano a los $113 mil millones. Ajustamos el gasto, vamos a fijar un marco fiscal que nos permita tratar de no invertir más de lo que recibimos”, explicó el rector.
Una idea similar tiene el economista y exministro Amilkar Acosta, quien en un análisis que realizó como antesala a la movilización de hoy, destaca que “está claro el descalce entre los recursos asignados por ley y los requerimientos de las 32 universidades públicas”.
El exministro, citando cifras de la Asociación Colombiana de Universidades, destaca que el número de estudiantes matriculados en pregrado pasó de 159.218 en 1993 a 611.800 en 2016, es decir, creció casi cuatro veces y la cobertura se amplió entre el 2010 y el 2016 del 37,1 % al 51,5%, lo que refleja “la necesidad de un mejor presupuesto”. “Si bien es cierto que el Gobierno Nacional y el Congreso han hecho un esfuerzo por mayores recursos, se han visto desbalanceados”.
FUENTE EL COLOMBIANO
Cambio en el pago de salud y pensión para trabajadores independientes.
Si usted es trabajador independiente tenga muy presente que a partir de este mes los pagos que haga por EPS y pensión los podrá realizar con mes vencido. Es decir, que las obligaciones que se le exigen por ser contratista las podrá cancelar cuando haya terminado el mes y no previo al inicio de este, como hasta ahora se venia haciendo.
La medida se tomó teniendo en cuenta que el pago previo de estas prestaciones suponía una carga financiera complicada para los contratistas. Y según el Ministerio de Salud, “aplica a todas las personas que pagan sus aportes al sistema de seguridad social como trabajadores independientes; es decir, alrededor de 1,8 millones de cotizantes”.
El cambio obliga a que las EPS presenten los servicios de salud independientemente de que el pago se realice con la modalidad de mes vencido. En el caso de pensiones los aportes se reflejarán un mes después del trabajado.
“Era una promesa de hace cuatro años, había que hacerla efectiva. Lo que se busca es que la gente tenga flujo de caja. Esto debería complementarse con la corrección de las disfuncionalidades. Es deseable para el grupo de personas que están en prestación de servicios; el ideal es que la contratación directa sea la que se estimule cada vez más”, afirmó Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.
Algo que sigue igual es que si un trabajador independiente tiene más de un contrato de prestación de servicios, tendrá que pagar las obligaciones correspondientes por cada uno de estos. La cartera de Salud dijo que “el contratista debe sumar los ingresos mensuales de todos sus contratos y sobre dicho valor calcular el 40 %. Sobre este monto se deben hacer los aportes al sistema de seguridad social integral como trabajador independiente con contrato de prestación de servicios” .
FUENTE EL COLOMBIANO
Adquisiciones y primas salariales, en lo que más gasta Colombia.
El gasto público en América Latina y el Caribe consolidado actualmente ronda el 29,7 % del Producto Interno Bruto (PIB), eso representa un alza de 7 puntos porcentuales en los últimos 20 años, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, la entidad resalta que ese incremento no se ha visto reflejado de manera similar en aumentos de beneficios sociales duraderos.
Dicho esto es válido preguntarse, ¿cómo administra Colombia su gasto público? El BID, en su estudio “Mejor gasto para mejores vidas”, publicado hoy, señala que el desembolso en adquisiciones a nivel estadual tiene un papel notable para el país, una cifra cercana al 42 % (ver gráfico).
En ese sentido, Edwin Torres, economista y profesor de la Universidad de Antioquia, detalló que la importancia de ese tipo de inversión radica en los resultados que se obtengan de los proyectos en los que se apueste. “Debido a la falta de capacidad, estamos viendo más seguido que el gobierno invierte en conjunto con el sector privado en planes estratégicos para impulsar el crecimiento económico”, apuntó.
Con todo y eso, el BID resalta que las adquisiciones constituyen un imán para las ineficiencias en la gestión y para la corrupción que, aunque es difícil medir su costo exacto debido a su naturaleza oculta, se estima que por este flagelo se pierde entre un 10 % y un 30 % de la inversión en proyectos de construcción financiados con dinero público.
Al calcular el costo de la ineficiencia que suma excesos en las compras gubernamentales incluyendo pérdidas por causa de la corrupción y por demoras, junto a las transferencias que no llegan al sector indicado de la población y una abultada nómina salarial en el sector público, da como resultado pérdidas por 4,4 % del PIB de América Latina y el Caribe o unos 220 mil millones de dólares (661,5 billones de pesos, a la tasa actual).
Empleo público
Para el BID el gasto salarial del gobierno, cercano a los 400 mil millones de dólares al año (o 1.202,7 billones de pesos, a la tasa actual) en América Latina y el Caribe, es otro insumo clave en el crecimiento del PIB. “Una gran parte de la ineficiencia del gasto público se debe al funcionamiento de un empleo público que no siempre se basa en criterios óptimos”, agrega el informe.
El banco destaca que si bien el empleo público no es uniformemente más alto en América Latina y el Caribe que en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), gran parte del gasto salarial más elevado en los países de la región se puede atribuir a una alta prima salarial pública, es decir, los salarios promedio de los trabajadores del sector público son más elevados que los del sector privado.
“Además de salarios más altos, los empleados del sector público suelen disfrutar de numerosos beneficios no salariales, como la atención sanitaria y los planes jubilatorios, así como de una mayor seguridad en el empleo, lo que implica que el diferencial en el conjunto del paquete de compensaciones puede exceder los simples ingresos salariales”, subraya la investigación.
Los países que más malgastan son aquellos con las primas salariales más altas y una menor proporción de trabajadores no calificados: El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Ecuador (más del 20 %), y Colombia y Costa Rica (más del 15 %).
Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, precisó que esas primas son altas en Colombia porque responden a finalidades específicas como nivel de estudio, experiencia o evaluaciones de desempeño.
“Reducirlas sería una grave afectación de los ingresos de los servidores públicos. Creo que debe priorizarse el gasto social sacrificando gastos suntuarios del Estado, pero es deseable además aumentar el ingreso eliminando excenciones tributarias, por ejemplo”, enfatizó Jaramillo.
Finalmente, el BID subraya que el gasto inteligente puede generar grandes dividendos. “América Latina y el Caribe pierde miles de millones de dólares por año en el gasto que se podría cambiar a otros gastos más rentables o sencillamente utilizarse para disminuir la deuda”, se lee en el estudio (ver Claves).
FUENTE EL COLOMBIANO
Duque expuso proyecto para reactivar la economía regional.
El presidente de la República, Iván Duque Márquez, lanzó la iniciativa: Reactiva Colombia, que junto con Findeter destinará 1,2 billones de pesos para reactivar la economía con los gobiernos regionales, departamentales y municipales.
Duque explicó que los recursos de esta iniciativa están distribuidos en “500.000 millones para hacer infraestructura cultural y social, 350.000 millones para infraestructura de agua y de saneamiento y 350.000 millones para el desarrollo de sostenibilidad energética en los territorios”, al tiempo que resaltó que los 1,2 billones de pesos en créditos tendrán buenas condiciones de plazo y tasa.
En ese sentido, el presidente indicó que este programa tendrá mucho impacto en el país y hace parte de las iniciativas de Reactivación Económica que viene trabajando el Gobierno Nacional.
“Con esta iniciativa se invertirá en proyectos de infraestructura cultural, creativa y social, de agua y saneamiento básico, y de eficiencia energética y de energías renovables, para darle un impulso al desarrollo económico del país”, manifestó Duque, durante el taller Construyendo País que se realizó este sábado en Filandia, Quindío.
Findeter informó que con la inversión de estos recursos se crearán más de 40.000 nuevos empleos formales, se generarán soluciones en energías renovables para las regiones, se incrementará la eficiencia energética de Colombia, se dará un nuevo impulso a la infraestructura de agua y saneamiento básico.
“Este es un programa que les permitirá a las regiones del país recibir un impulso para el desarrollo de sus economías a través de la inversión y la creación de nuevos empleos, lo que redundará en mejores condiciones de vida para todos los colombianos”, explicóRodolfo Zea Navarro, presidente de Findeter.
El funcionario finalmente indicó que con este programa se espera recuperar vías secundarias y terciarias en los municipios del país y apoyar la construcción de infraestructura cultural, creativa y social.
FUENTE EL COLOMBIANO


