4,2 millones de afiliados de Medimás, a las mejores EPS.

Entre tumbos llegó y entre tumbos termina la EPS Medimás, por cuenta de la decisión de la agente liquidadora de Saludcoop, de revocar la venta de Cafesalud a Prestasalud, el consorcio que pagó alrededor 1.46 billones de pesos para crearla.

Esto, sin duda, genera preocupaciones a los 4.204.928 afiliados que tiene la empresa, según cifras de la Superintendencia de Salud.

La Procuraduría, el 2 de agosto pasado le presentó a la agente liquidadora el requerimiento, teniendo en cuenta las irregularidades en el proceso de venta y las constantes dificultades que evidenciaron durante los 14 meses de funcionamiento.

El procurador, Fernando Carrillo, en diálogo con EL COLOMBIANO recordó que desde el principio le había puesto la lupa a este proceso, buscando evitar lo que están viviendo los usuarios en la actualidad, en 29 departamentos.

“Esta decisión está condicionada a que la Superintendencia Nacional de Salud adopte las medidas necesarias para garantizar el aseguramiento y la continuidad de la atención a los afiliados”, manifestó el jefe del Ministerio Público.

Por otra parte, la agente liquidadora, Ángela María Echeverri, señaló que cuando empezó su operación, Medimás recibió una entidad “con cero pasivos, les dimos una EPS nueva, con todas las oportunidades de prestar el mejor servicio, recibiendo una Unidad de Pago por Capitación –pago del sistema de salud a las EPS– libre”, apuntando a que su camino estaba orientado “para ofrecer los servicios con garantía y efectividad”, pero no lo logró.

Este proceso fue autorizado por el ministro de Salud del Gobierno Santos, Alejandro Gaviria, y del superintendente de ese momento, Norman Julio Muñoz, quien renunció luego de que la Procuraduría lo sancionó por permitir su operación”, pues Carrillo, desde el comienzo, criticó que se le diera luz verde, cuestionando su capacidad técnica, administrativa y operativa.

En cuidados intensivos

El procurador se refirió a Medimás como un paciente “en cuidados intensivos”, al que se le dieron muchas oportunidades, pero que “boqueó y boqueó” hasta que la liquidadora decidió reversar la venta.

“Constatamos incumplimientos de todo tipo y hay que dejar claro que hubo una falta de transparencia. Nunca hubo calidad en la prestación del servicio”, lo que, para el procurador, es una radiografía de lo que pasó desde el 1 de agosto de 2017, cuando empezó a operar, hasta ayer.

Por ejemplo, tan solo en agosto, la Supersalud recibió 7.051 Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) que buscaban que esta EPS les garantice los servicios de salud. De estas, 1.249 provinieron del régimen subsidiado y 5.802 del contributivo.

Piden garantías

Germán Loaiza, representante de los usuarios de esta EPS en Manizales, asegura que, más allá de las decisiones que se tomen, lo único que le exigen al Gobierno Nacional “es que nos garanticen el derecho a la salud, sin trabas ni problemas que pongan en riesgo la vida de los pacientes, como ha sucedido en diferentes regiones”, comenta el usuario.

Tal y como lo planteó el representante de los usuarios, y como lo dice Francisco Castellanos, director de la organización Defensa del Paciente, “el Gobierno y las organismos de control deberán hacer todo para garantizar que los usuarios reciban atención de calidad y sin trabas”.

Dina Grajales, representante de la Asociación Colombiana de Hipertensión, respaldó este llamado, y destacó que los afiliados se están sintiendo “como si fueran pelota de ping pong, de crisis en crisis”, y recuerda lo que pasó con Saludcoop, que desencadenó en Cafesalud y terminó en Medimás, aunque habrá qué esperar cuáles EPS los recibirán.

Lo que viene

Frente a esto, el procurador les respondió que esa es, por ahora, la única prioridad, y que se esforzarán en que así se cumpla.

“Mañana –hoy– nos reuniremos con el Ministerio de Salud, la Supersalud, y los representantes de las EPS del país, para que, de acuerdo con lo que nos diga la Superintendencia, sean absorbidos por las mejores EPS”, dijo Carrillo, quien además destacó que Medimás está “en la obligación de continuar con los servicios y la atención de los usuarios. No es que esta noche –ayer– dejen de atender, aunque si lo hacen, para eso estamos nosotros, para sancionarlos porque esa es su obligación”.

Este diario buscó, a través de la jefatura de prensa de Medimás, una respuesta frente a la decisión, pero no hubo pronunciamiento alguno; no obstante, se conoció que interpondrán recursos judiciales para intentar frenar la decisión y mantenerse como EPS de los 4,2 millones de afiliados.

FUENTE EL COLOMBIANO

La pelea del gobernador y EPM por Hidroituango, punto a punto.

El rifirrafe por hechos relacionados con Hidroituango no paró con el cruce de denuncias penales entre la Gobernación y EPM. Esta última respondió ayer, punto por punto, a los ocho señalamientos que hizo el gobernador Luis Pérez, el lunes ante la Asamblea, y que calificó de “errores constructivos”.

Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de EPM, dijo que pese a ser contratista, la relación con la Gobernación quedó reglada por el contrato Boomt (sigla en inglés de “construir, operar, mantener, explotar y devolver” central).

“Para dirimir las diferencias se tienen previstos mecanismos jurídicos y técnicos que contempla dicho contrato. Es muy importante mantener la cordura, no estamos evadiendo la discusión técnica ni jurídica y si en algo tenemos que responder, lo haremos, pero exigimos que estas discusiones se hagan sin injurias ni calumnias”, dijo.

Contraargumentos

El consorcio y el diseñador también se sumaron a las réplicas a Pérez. Santiago García, director comercial y contractual del Consorcio CCC Ituango, explicó que el plan para destaponar los túneles iniciales de desviación no se pudo llevar a cabo por la imposibilidad de llegar al sitio.

“Lo intentamos en condiciones muy difíciles, pero no se logró por las inundaciones constantes de la zona”, dijo.

Sobre el potencial daño que sufrió el macizo por las voladuras, otro de los señalamientos del gobernador, respondió: “Excavamos 2,3 millones de metros cúbicos de roca en todo el proyecto. Se utilizaron 4.270 toneladas de explosivos y nunca hubo señal de inestabilidad en la montaña. Para remover el tapón izquierdo se utilizaron 2,3 toneladas, ni el 1 % de la carga usada en los demás túneles. Es improbable que afectaciones del macizo se asocien a voladuras”.

Luis Fernando Restrepo, gerente de Integral, diseñadora del proyecto, explicó que la Galería Auxiliar de Desvío (GAD) se construyó con los mismos parámetros de los túneles iniciales de desvío, estructuras que resistieron velocidades mayores durante cuatro años de operación.

“Son errores gravísimos”

Al término del consejo de seguridad de ayer, el gobernador le respondió a EPM. “Hagan su juicio si creen que la exposición en la Asamblea no fue seria, bien sustentada y si no revela gravísimos errores. Lo que pasa es que EPM, que es contratista, no está acostumbrada a esto”, declaró.

Sobre una posible mediación del presidente Iván Duque en el conflicto con EPM, respondió: “El presidente no me puede decir a mí que no reclame un contrato, excepto que me lo diga por escrito para que las autoridades digan si es procedente. No he podido entender porque esta gente se enoja, tampoco si no se han dado cuenta que son contratistas de la Gobernación”.

FUENTE EL COLOMBIANO

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Cambio en el pago de salud y pensión para trabajadores independientes.

Si usted es trabajador independiente tenga muy presente que a partir de este mes los pagos que haga por EPS y pensión los podrá realizar con mes vencido. Es decir, que las obligaciones que se le exigen por ser contratista las podrá cancelar cuando haya terminado el mes y no previo al inicio de este, como hasta ahora se venia haciendo.

La medida se tomó teniendo en cuenta que el pago previo de estas prestaciones suponía una carga financiera complicada para los contratistas. Y según el Ministerio de Salud, “aplica a todas las personas que pagan sus aportes al sistema de seguridad social como trabajadores independientes; es decir, alrededor de 1,8 millones de cotizantes”.

El cambio obliga a que las EPS presenten los servicios de salud independientemente de que el pago se realice con la modalidad de mes vencido. En el caso de pensiones los aportes se reflejarán un mes después del trabajado.

“Era una promesa de hace cuatro años, había que hacerla efectiva. Lo que se busca es que la gente tenga flujo de caja. Esto debería complementarse con la corrección de las disfuncionalidades. Es deseable para el grupo de personas que están en prestación de servicios; el ideal es que la contratación directa sea la que se estimule cada vez más”, afirmó Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.

Algo que sigue igual es que si un trabajador independiente tiene más de un contrato de prestación de servicios, tendrá que pagar las obligaciones correspondientes por cada uno de estos. La cartera de Salud dijo que “el contratista debe sumar los ingresos mensuales de todos sus contratos y sobre dicho valor calcular el 40 %. Sobre este monto se deben hacer los aportes al sistema de seguridad social integral como trabajador independiente con contrato de prestación de servicios” .

FUENTE EL COLOMBIANO

La tutela llega a siete millones, entre la zozobra por la reforma.

Creada junto a la Constitución de 1991, la tutela no solo es el mecanismo más importante de justicia para el ciudadano colombiano, sino también el más utilizado. Este lunes, la Corte Constitucional informó que recibió la tutela número siete millones, lo que implica un promedio de 737 interpuestas a diario en el país durante los 26 años de vida de la figura.

Según el reporte del último año de la rama judicial, durante 2017, se impusieron 757.070 acciones de tutela, lo que corresponde al 28 % del total de demandas de justicia.

Por eso, cuando dentro de los anuncios de la reforma a la justicia que presentará el Gobierno de Iván Duque, se mencionó la posibilidad de tocar la tutela, las alarmas se encendieron por la posibilidad de un retroceso en el sistema de protección y defensa de los derechos de los colombianos.

Serían tres cambios: El primero es exigir que solo pueda entablar una tutela quien tenga un interés directo en la solicitud de protección. El segundo, que solo los jueces que tengan a su cargo el objeto de amparo del derecho las conozcan (por ejemplo, que una tutela en un juzgado de familia solo la aborde un juez de familia). Por último, que se normatice los tiempos para interponerlas frente al momento de los hechos que la generan.

A pesar que el Gobierno defendió que estos cambios no implican límites, pero sí buscan acabar con usos polémicos como las llamadas “tutelatones” y que no se use como herramienta para garantizar derechos fundamentales, sino que se haya extendido a todo tipo de asuntos, son más las dudas que las certezas.

Un frente común de defensa

Tras consultar constitucionalistas, todos coincidieron en que tocar la tutela es un retroceso y recalcan que la herramienta debe ser defendida.

“Cada vez que han intentado tocar la tutela, primero dicen que son pequeñas modificaciones de trámite, pero va a uno a ver y lo que se hace es dificultar el acceso”, consideró Alfredo Beltrán, exmagistrado de la Corte Constitucional.

No duda al afirmar que los cambios que propone el Gobierno están “adornados” pero son un “zarpazo” a la herramienta. “Decir que una tutela contra una providencia debe ser resulta por funcionarios de la misma jurisdicción, prácticamente es quitarle a los jueces la majestad de defensor de todos los derechos”.

Además, expone que si el proyecto dice que la tutela solo se podrá interponer en casos en que haya un legítimo interés, pero no especifica cuando sí y cuando no, deja en manos de una ley la regulación y ahí “pueden perfectamente restringir su uso”.

Por su parte, Kenneth Burbano Villamarin director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, alegó que son varios los riesgos como “que la conozca un juez especializado en el asunto cuando en Colombia hay municipios que solo no tienen un juez, además que hay derechos que no corresponden a una determinada especialidad, como el libre desarrollo de la personalidad o las libertades de conciencia”.

Entendiendo la magnitud

La cantidad de tutelas en el sistema responde a que fue concebida para un uso universal, a la mano de cualquier colombiano y que se ha convertido en un salvavidas para la ineficiencia y lentitud que presenta el sistema ordinario. El ejemplo mayor se encuentra en el sistema de salud, que hoy acapara la mayoría de las que se interponen.

Así se refleja en las cifras que muestra la rama judicial frente a la cantidad de personas que han acudido a la tutela para buscar la protección de sus derechos. Hace una década, fueron 42.455 las que se radicaron, para un 3% del total de demandas registradas.

Esto habla de un incremento de 1.783% al día de hoy.

“La tutela ha tenido un auge importante porque el sistema ordinario no da respuesta a las demandas diarias de los ciudadanos”, analiza Julio Sampedro, decano de la facultad de ciencias jurídicas de la Universidad Javeriana.

Aunque reconoce que existen problemas como es el colapso en el aparato de justicia, este jurista recalca que “la tutela debería permanecer como está, porque ella se regula por si misma, si el mecanismo se fortalece”, recalcando que en este escenario, “el problema no es la herramienta sino en la ineficiencia”.

FUENTE EL COLOMBIANO