COLEGIOS PÚBLICOS ABREN TEMPORADA DE MATRÍCULAS

El calendario lectivo está a punto de comenzar en Medellín y las instituciones educativas públicas ya abren sus puertas para recibir a todos aquellos niños y jóvenes que buscan un cupo para arrancar o continuar con su formación.

La Alcaldía de Medellín inició ayer una campaña para que los padres de familia o acudientes matriculen a los estudiantes en los centros educativos oficiales de la ciudad o en las sedes que acoge el programa Buen Comienzo.

Más de 330.000 cupos, garantizados desde el grado primero hasta once, son los que dispone Medellín, no solo para quienes vienen en el proceso, sino también para que accedan los desescolarizados.

Para los niños entre los cero y los cinco años de edad, también hay una oferta de 82.000 cupos dispuestos en centros y jardines infantiles que pertenecen a Buen Comienzo.

Según cifras oficiales se están incorporando más de 10.800 maestros y directivos docentes a las instituciones educativas.

Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación de Medellín, afirmó que se está activando nuevamente el proceso de matrícula por estas fechas dando espera a los padres que no matricularon en el mes de diciembre para que aún lo puedan hacer.

Cabe resaltar que en las sedes oficiales, adscritas a la secretaría de Educación de Medellín, la matrícula es gratis.

También existen proyectos de beneficio adicional para los estudiantes como el de alimentación escolar, tiquetes de metro y rutas de buses, y 11.000 cupos de transporte contratado para niños que viven lejos de sus colegios.

“Hay todo un paquete para asegurar la permanencia y los padres de familia son muy responsables de asegurar este derecho a la educación”, subrayó el secretario Patiño.

En caso de dudas o inquietudes ante el proceso de matrícula, se ha habilitado desde la Secretaría de Educación la línea telefónica 514 82 69 para la atención de los ciudadanos.

En la página web oficial medellin.edu.co se puede encontrar el apartado para reportar jóvenes desescolarizados y buscarles un cupo en los establecimientos disponibles.

Igualmente en las instituciones o escuelas públicas en las comunas de la ciudad se brindará información.

FUENTE EL COLOMBIANO

LA FLA PAGÓ $7.000 MILLONES POR SELLOS ANTIFRAUDE DE ORIGEN DUDOSO

La estatal Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) dio muchas vueltas para que le hicieran 26 millones de sellos antifraude para sus botellas de aguardiente: firmó un convenio de $7.000 millones con la Imprenta Nacional, que no era experta en el tema; esta contrató, a dedo, a una empresa privada, Accesos Holográficos, que aseguró haberlos mandado a fabricar en Suecia.

Sin embargo, ninguna de las tres empresas mostró copia de los registros de importación de las etiquetas que, en concepto de Rentas Departamentales, no cumplen con su propósito, porque se pueden quitar de los envases del licor lícito y luego se podrían poner en el “guaro” adulterado.

Juan Carlos Sánchez Sánchez, oficial retirado de la Armada Nacional, que dijo tener 18 años enfrentando a las mafias de la falsificación de productos, relató que el negocio comenzó a gestarse a comienzos de 2017, con una llamada que él hizo a la FLA. En Mercadeo le indicaron que el tema era del resorte del gerente General, Iván Correa Calderón, con quien luego se sentó en un comité en el que también estuvieron directivos de la Jurídica y Producción.

La tecnología lenticular que ofreció, patentada por Rolling Optics, de Suecia, atrajo la atención del gerente General de la licorera antioqueña. La mayor virtud del sello, según comentó el empresario, es que a simple vista el consumidor identifica el producto legal. Esto, gracias a la palabra “original” que se ve en holograma en el fondo y que se acompaña con un logo de la FLA, no tridimensional, sino plano. La licorera le pidió cotizaciones y precisiones sobre la implementación y la capacitación de los distribuidores y de las autoridades que tienen la tarea de meter en cintura a los ilegales.

“Empezamos a armar el proyecto como tal. Eso duró desde febrero, más o menos que empezamos, hasta que lo concretamos en agosto, con un contrato”, aseguró en entrevista personal Juan Carlos Sánchez Sánchez, responsable en Suramérica de los negocios del grupo empresarial mexicano Accesos Holográficos, quien dijo haber tocado también las puertas de las licoreras de Caldas, Valle y Cundinamarca.

“Accesos Holográficos Sucursal Colombia no tocó las puertas de la FLA”. La afirmación es del gerente General de la licorera, Iván Correa Calderón, quien negó haber participado en esas reuniones del 2017 con los empresarios privados. La declaración oficial del funcionario llegó en un archivo de Word, que al mirar en sus propiedades identifica como autor del documento a “Juan Carlos Sánchez Sánchez”.

El archivo aparece como modificado por Santiago Arango Ríos, abogado de la Jurídica de la FLA. Tanto el jurista, como el gerente General, dijeron no conocer a Sánchez Sánchez, un personaje que según el área de Nómina no labora en esa industria licorera.

¿Qué hay detrás?

Aunque Accesos Holográficos reconoció haber adelantado todo el negocio, la FLA no la contrató directamente. Para entregarle el contrato, la licorera utilizó la mediación de la Imprenta Nacional de Colombia, que carecía de experticia en esa materia.

En los estudios previos del contrato, funcionarios de la FLA conceptuaron que, de 8 proveedores de sistemas de seguridad analizados, “el ofrecido por la Imprenta Nacional ofrece la mejor tecnología”. A la hora de justificar esa negociación, se afirmó que la Imprenta “cuenta con la patente de la tecnología de imagen lenticular”.

El convencimiento era tal, que Luis Pérez Gutiérrez, mandatario regional, sugirió en Consejo de Gobierno, del 12 de julio de 2017, “que se implemente esta tecnología como reemplazo de la estampilla en Antioquia que es donde más se falsifica el aguardiente”.

Se confirmó con Octavio Villamarín Abril, gerente General de la Imprenta Nacional desde el 4 de septiembre de 2018, que la entidad no tiene la patente de las etiquetas de seguridad con tecnología micro-óptica de Rolling Optics. En los archivos de la empresa lo que sí reposa es una autorización de esa firma sueca a la Imprenta “para comercializar” tales etiquetas.

Usar a la Imprenta como un intermediario que no agrega valor le costó a la FLA más de $787 millones, que se explican así: el convenio con esta compañía estatal se firmó el 3 de agosto de 2017, por $7.000 millones. Y, el 31 de agosto de 2017, Accesos Holográficos sucursal en Colombia firmó por $6.212.266.500 el contrato con la Imprenta, una entidad pública que, vale decir, en ese momento era gerenciada por Jaime Oswaldo Neira La Torre, hoy investigado por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la contratación de los años 2016 y 2017.

El gerente de la FLA no mencionó un solo beneficio de esa intermediación. Solo dijo que “la Imprenta Nacional de Colombia actuó como contratista, en virtud de un contrato interadministrativo”.

La Imprenta “no encima”

Según los informes de Henry Vásquez Vásquez, supervisor del convenio con la Imprenta, la FLA recibió los sellos antifraude entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre de 2017. En recientes declaraciones a medios masivos, Iván Correa Calderón aseguró que en el mes de noviembre de 2017, y como pasa en todo comienzo, “unos sellos se despegaron”.

Lo que para el servidor público son “unos sellos”, para Juan Carlos Sánchez Sánchez y otros directivos de su grupo empresarial, como Humberto Bríñez Guzmán y Hanssen Andrés Bravo Mira, era el 20% de la producción, o sea más de cinco millones de sellos antifraude “no conformes”, en lenguaje técnico, o defectuosos, en palabras sencillas. Para intentar salvar la situación, se forraron los sellos antifraude malos con una etiqueta transparente.

La FLA ordenó que se retiraran todos los sellos. Los directivos de Accesos Holográficos afirmaron que se destruyeron los “no conformes”, o sea más de 5 millones, y se acordó importar, no la diferencia, sino otros 26 millones, nuevos, para evitar futuros inconvenientes. “Perdimos plata” y “prácticamente no hubo sobrecostos para la FLA”, aseguró Sánchez Sánchez.

“Nos los repusieron todos”, manifestó a otros medios informativos Iván Correa Calderón, al destacar que ante los problemas vinieron los de la Imprenta “con el productor suizo que les hizo los sellos y acá en la Fábrica de Licores nos los pusieron todos. Incluso, la Imprenta Nacional nos encimó cerca de un millón de sellos más”.

Tal regalo es la confesión de un presunto detrimento patrimonial de $267 millones para la Imprenta. Al ser consultado, el actual gerente de la empresa estatal dijo que “al respecto no tenemos conocimiento. La Imprenta Nacional no encima”.

¿Y cómo quedaron las relaciones entre las dos empresas?

El 29 de octubre de 2018 Iván Correa Calderón, gerente de la FLA, le manifestó a Octavio Villamarín Abril su intención de celebrar un nuevo contrato, a lo que Villamarín le respondió, el 21 de noviembre, que la Imprenta “no se encuentra interesada”.

¿Los sellos sí son suecos?

A la pregunta ¿en dónde fueron impresos los 52 millones de sellos antifraude?, el gerente de la FLA señaló que “los identificadores de seguridad no fueron impresos”. Al insistirle por el nombre del fabricante y por los registros de importación, el funcionario indicó que “nuestro contratista fue la Imprenta Nacional de Colombia”.

A la Imprenta se le hizo la petición, esta última se la trasladó al contratista al que le pagó más de $6.212 millones y recibió de Juan Carlos Sánchez Sánchez este mensaje: “los procesos de importación se realizaron conforme a las normas aduaneras vigentes y los registros de importación correspondientes están debidamente registrados en el Incomex”.

Se le hizo notar a Sánchez Sánchez dos cosas: una, que Accesos Holográficos sucursal en Colombia no registra importaciones en 2018 y, en 2017, se da cuenta de un valor de US$56.500, que son menos de $170 millones. Y, segundo, que el Incomex es una entidad que murió hace 18 años. Al pedirle, de nuevo, los registros de importación, el contratista expresó que “la única persona autorizada para hablar en nombre de la compañía es el representante legal, Sr. Humberto Bríñez. Por lo anterior, absténgase de seguirme enviando mensajes”.

A Bríñez se le envió el mensaje de su colega y se le solicitó copia de los registros de importación. Su respuesta aumentó el enigma sobre el supuesto origen sueco de los sellos antifraude de la FLA: “por decisión de nuestros abogados el tema de la información solicitada por parte suya a nuestra empresa no será posible enviarla, debido a que es un tema de un proyecto de seguridad no podemos facilitar a un particular este tipo de información. Solo si una autoridad colombiana nos lo pide con la debida justificación estudiaremos la petición”.

Bríñez concluyó diciendo, textualmente, que “no vemos con buenos ojos el manejo de esta información por un particular. Estamos dentro nuestro derecho a mantener esa información en reserva”

“Los sellos antifraude no se levantan ni un milímetro”, sostiene la empresa Accesos holográficos sucursal en colombia

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El 3 de diciembre de 2018, en entrevista personal, Humberto Bríñez Guzmán, representante legal de Accesos Holográficos sucursal en Colombia, aseguró que los sellos antifraude entregados a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) “no se levantan ni un milímetro”.

Tanto Bríñez, como Juan Carlos Sánchez Sánchez y Hanssen Andrés Bravo Mira, miembros del mismo grupo empresarial, afirmaron que todos los sellos malos fueron destruidos y que, por lo tanto, daban la seguridad de que el segundo lote de 26 millones de sellos, que fueron importados de Suecia, ya no tenían problemas.

Este diario les mostró un video, realizado el 30 de noviembre de 2018 en un almacén de cadena, en el que se aprecian sellos antifraude con distintos niveles de desprendimiento, otros que se levantan con una mínima presión de la uña, unos más que se rasgan como si fueran de papel y hasta etiquetas que, para evitar un mayor deterioro, fueron recubiertas con celofán, situación en la cual se pierde el holograma con la palabra “original”.

“No he visto eso en mis almacenes de cadena. Lo que sí he visto es que cuando se intenta levantar cómo se revienta la etiqueta. Fue un intento de desprendimiento de las etiquetas y queda claro en el video que se rompen y cumplen con su función de seguridad”, afirmó Juan Carlos Sánchez Sánchez.

“Qué buen video. El identificador de seguridad se rasgó. Cumplió su objetivo”, nos expresó vía Whatsapp el gerente general de la FLA, Iván Correa Calderón.

El video también fue compartido con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien se limitó a reportar que “Iván Correa me dijo hace una semana que no había ya problemas y que cualquier inconveniente que surgió en el pasado fue pagado por el contratista”.

Para José Leonardo Sánchez García, presidente de Sintrabecólicas seccional Medellín, en la propia FLA los sellos se desprenden. “Esa plata se perdió, como ocurrió en el gobierno de Luis Alfredo Ramos con los $17.000 millones que pagaron por unos sellos termoencogibles. Eso lo hizo Figurazione, una compañía en la que trabajó uno de los señores que hoy está con Accesos Holográficos”. Se refiere a Hanssen Andrés Bravo Mira, quien al ser consultado señaló que “sí señor. Trabajé antes con otra empresa que también son expertos en impresión de seguridad”.

Los problemas del levantamiento de los sellos antifraude que llevan las botellas de aguardiente de la FLA, fueron corroborados también en los supermercados Boom y Pacardyl, de la Central Mayorista de Antioquia. El abastecedor de estos comercios es la Esquina Azul, en donde su administrador comentó que la mala calidad de los sellos ya la había detectado. Su preocupación es que estas etiquetas terminen pasando a licor adulterado, dado que, con cuidado, se desprenden completas.

En Rentas Departamentales, la dependencia de la Gobernación de Antioquia encargada de combatir a los productores y comercializadores ilegales de licor, su titular, Norman Harry Posada, afirmó que “el método es seguro, si cumpliera. El problema es que no está cumpliendo. Frente a la destrucción, no me cumple, que era lo que se había hablado. La adhesión debería ser tan fuerte, que no permitiera el arrancado completo, ni que permitiera volver a pegar el sello. Esto, con el trajín del comercio, se cae”.

FUENTE EL COLOMBIANO

ESTUDIANTES EN MEDELLÍN SE UNEN A PROTESTA NACIONAL

Tres semanas de diálogo entre el Gobierno Nacional y los estudiantes universitarios no ha sido suficiente para llegar a un acuerdo financiero que dé mayor garantía a la educación pública superior y de fin al paro nacional que se vive desde hace 56 días.

Ante este panorama, los estudiantes de las 32 universidades públicas del país se preparan para una octava jornada de marchas que iniciará a partir de las 10:00 a.m. en todo Colombia y en Medellín se espera que tenga además dos concentraciones.

El primer plantón será en el Parque Obrero de Boston a las 3:00 de la tarde y otro a las 5:00 de la tarde en el Parque Berrío. El vocero de la Universidad de Antioquia, Santiago Gómez Ortiz, informó que en Medellín la marcha partirá desde el Parque de los Deseos hasta el Parque de las Luces.

“Esperamos tener muy buena asistencia y que la ciudadanía se una a esta lucha que es de todos. Queremos pedirles que no nos dejen solos y que salgan a recorrer las calles país junto a nosotros para que así la voz en petición de una educación con garantías se convierta en una sola”, agregó el vocero de la Universidad de Antioquia.

Los estudiantes de la Universidad de Antioquia y Nacional, así como el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, están en cese de actividades desde el pasado 11 de octubre.

En Bogotá, por su parte, se espera culmine a las 3:00 p.m. con un concierto en la Plaza de Bolívar.

Dr.Krapula, los Petit Fellas, 1280 Almas, la Real Academia del Sonido, Pernett, Afrikan Soul y la Doble A serán quienes canten en pro de la educación acompañando a los estudiantes que marcharán.

“La marcha será llena de color y alegría. Como siempre lo hemos realizado, esto es por la educación y por eso mismo daremos muestras artísticas que le demuestren al país que no somos vándalos cómo nos han calificado sino que somos estudiantes que luchamos por un mismo fin: una educación de calidad”, manifestó el representante al Consejo Superior de la Universidad de Cali, Camilo Muñoz.

Se espera que en la capital de la República, las marchas arranquen desde tres puntos diferentes. El primero de ellos será desde la Universidad Nacional por la carrera 30, para así tomar la Avenida Caracas y llegar a la Plaza de Bolívar.

El segundo punto de salida será desde la Universidad Pedagógica por la calle 72 y la carera séptima hasta la Plaza de Bolívar. Por último, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) partirá del parque Nacional por la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar.

En el panorama nacional se espera que las movilizaciones continúen con la misma ruta que han tenido en versiones anteriores.

En Cali se espera que los estudiantes salgan a marchar desde la glorieta de la Avenida 3 para llegar a la plazoleta de San Francisco.

FUENTE EL COLOMBIANO

NUEVO METROCABLE DE MEDELLÍN ESTÁ LISTO PARA VOLAR

Como si fuera parte de la decoración de un pesebre animado, los habitantes de los barrios El Pinal y el Trece de Noviembre empezarán a ver en diciembre las telecabinas del Metrocable que surcará sus cielos. La Línea M, con 95 % de avance constructivo, entró en la recta final para comenzar su operación comercial, prevista para el primer bimestre de 2019.

Parece mucho tiempo, pero la ejecución del proyecto sumará hitos en los próximos meses. A mediados de diciembre el Metro presupuesta el comienzo de las pruebas en vacío (sin carga), con el propósito de sincronizar los sensores y los equipos de detección de este modo, el quinto de su tipo que se integrará al sistema masivo de transporte.

Luego seguirán los ensayos de aceleración y frenado, ultimando detalles para la operación instructiva, etapa en la que la comunidad interactúa con su regalo de Navidad.

“A mediados de enero empieza la operación instructiva y posteriormente, el servicio comercial”, confirmó Sergio Acosta Ángel, jefe de Ejecución de Proyectos del Metro.

La operación de esta línea, la segunda integrada al tranvía de Ayacucho (la primera opera desde 2016 y llega hasta La Sierra), debía haber comenzado hace dos años; sin embargo, fallas constructivas en Miraflores, la estación inicial del cable, retrasaron la obra.

La línea tiene 1.070 metros de longitud y funcionará con una velocidad de cinco metros por segundo. Beneficiará a 135.000 personas de la comuna 8 – Villa Hermosa y concluirá la Línea T-A del tranvía de Ayacucho, puesta en marcha desde octubre de 2015.

La larga espera

Desde hace dos años la comunidad de los barrios impactados con el nuevo Metrocable ve como el sistema opera en La Sierra y Villa Liliam, vecinos de la misma ladera, en las goteras del Pan de Azúcar.

Luis Octavio Cardona, habitante del Trece de Noviembre hace 35 años, dijo que “estamos todavía esperando que nos pongan a trabajar el cable, qué más vamos a hacer. Será muy elegante, porque ya no habrá que esperar a que despachen el colectivo”.

Según el ingeniero Acosta, el 5 % que falta de ejecución para cumplir el sueño de la comuna más alta en la montaña oriental de Medellín, se divide en tres frentes: la terminación del urbanismo y el equipamiento público; el suministro electromecánico del cable y las cabinas; y el sistema de energía, contrato que estaba suspendido hasta tanto se adecuaran los espacios necesarios en Miraflores.

Emilsen Montoya, vecina de Luis Octavio, contó ayer al salir de una verdulería frente a la estación terminal del sistema, que el barrio anhela la obra desde hace dos años, porque traerá beneficios para la movilidad y la economía local. “Soy temerosa de montar, prefiero quedarme en tierrita. De pronto me tomo la pastilla para poder subirme”, dijo.

Cabinas, libros y cultura

El Metrocable no solo llegará para mejorar la movilidad en la zona, cuya población, en 80 %, es de estrato uno. Antes de ver las cabinas en el aire, la gente disfruta, desde el pasado 2 de noviembre, de la Bibliometro en El Pinal.

María Paulina Gaviria Correa, profesional de Gestión Social del Metro, sostuvo que el programa para relacionarse con la comunidad arrancó en 2010, con el propósito de preparar a los futuros usuarios en el buen uso del sistema y en el cuidado del espacio público.

En la Bibliometro, según Kelly Juliana Valencia, asesora del espacio, están disponibles talleres de lectura y expresión artística para niños, cursos de astrofotografía y ciencia para jóvenes, y clases de informática para los adultos.

“Este es el primer espacio cultural que han tenido cercano. Hemos trabajado con ellos cómo se maneja un libro, por ejemplo, les decimos que si está lloviendo no nos debemos tapar con él”, concluyó.

FUENTE EL COLOMBIANO

CONTRALORÍA INVESTIGARÁ A LAS ALCALDÍAS QUE COMPREN PÓLVORA

Esta semana se registró el primer caso de un menor de edad quemado con pólvora en Antioquia, ante lo cual las autoridades anunciaron mayores controles para evitar esta problemática.

Entre las medidas informadas está la de fortalecer las auditorías a las administraciones municipales, con el fin de identificar a aquellas que inviertan recursos públicos en la compra de pólvora para las celebraciones de fin de año.

El contralor general de Antioquia, Rubén Darío Naranjo, hizo un llamado a los alcaldes de Antioquia para que acaten el Código Nacional de Policía y el decreto departamental 6216 del 5 de diciembre de 2016, que refiere la política de cero uso de pólvora.

“Que no inviertan un solo peso de los recursos públicos de las administraciones en el uso de fuegos artificiales y pirotecnia”, reiteró.

La medida obedece al escalafón que durante los últimos años ha liderado Antioquia en el país, siendo el departamento con el mayor número de personas quemadas por el uso indebido de pólvora.

Según la Contraloría de Antioquia, entre el 1 de diciembre de 2017 al 13 de enero 13 de 2018, el número de quemados fue de 125 personas, de los cuales 52 fueron menores de edad.

El funcionario solicitó a sus auditores mayor rigurosidad en las labores, para evitar casos como el del menor de 10 años que resultó con heridas en la cara y cuello tras manipular una papeleta. Los hechos ocurrieron en El Peñol, en el Oriente de Antioquia.

El anuncio del ente de control departamental se suma al de la Alcaldía de Medellín, que ofreció recompensas de hasta tres millones de pesos para quien brinde información que permita decomisar pólvora en la temporada navideña.

FUENTE EL COLOMBIANO

Presupuesto, la pelea constante en las universidades.

Como viene sucediendo cada año desde 1993, los estudiantes de las universidades públicas del país dejan en evidencia la difícil situación que enfrentan las instituciones donde se forman académicamente. Esta vez, el reflejo de su reclamo se basa en el déficit de $16 billones para funcionar, operar y mantener los indicadores de cobertura y calidad académica.

Aunque esta voz se eleva con la coyuntura de la discusión del Presupuesto General de la Nación, estudiantes, docentes y rectores consultados dicen lo contrario, y se refieren a “problemas coyunturales reales”, que se viven en las sedes de las 32 universidades públicas y que por esta vía sufren los cerca de 650 mil estudiantes matriculados.

Por esa falta de recursos y por lo que consideran desidia estatal volverán a las calles este miércoles, ese lugar de cada ciudad que les ha servido de escenario para mostrar sus inconformismos. En Medellín saldrán desde varios sitios (ver infografía), a las 2:00 de la tarde, para terminar en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Se mueven

“Con esta jornada, en la que esperamos participar al menos 500 mil estudiantes en el país, buscamos que la sociedad se dé cuenta de lo que está pasando, que se entere que sin universidad no hay futuro”, asegura Alejandro Palacio, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior (Acres) que integra a estudiantes de universidades públicas y privadas.

La misma visión tiene Jennifer Pedraza, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional, quien es clara al afirmar que “este reclamo no es nuevo, los problemas económicos de las universidades empezaron a registrarse desde la Ley 30 de 1992, es decir, llevamos 26 años viviendo lo mismo”, debido a que se congeló el presupuesto y se fijó su aumento solo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Lo peor del caso, dice Pedraza, es que no ha habido un solo gobierno que ponga como prioridad la educación. Aunque en el gobierno Santos el presupuesto fue el más alto de la historia, con $37,49 billones, la inversión apenas llegaba a $3,42 billones. Los 34 billones restantes eran para gastos de funcionamiento divididos en varios items, entre ellos los más representativos: nómina, $8,51 billones y pensiones de $3,79 billones.

El rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema universitario Estatal (SUE), Jairo Torres Oviedo, sostienen que por eso saldrán a movilizarse, teniendo en cuenta que, aunque el dinero es “más que necesario” se deben solucionar otros problemas estructurales, como cobertura, mantenimiento de sedes y el cierre de brechas entre los sectores rural y urbano.

El Gobierno, por su parte, ha sido claro al plantear que no cuenta con los 16 billones que reclama la Universidad Pública. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, respondió ayer que “el compromiso de este gobierno se demuestra en el proyecto de ley de presupuesto, que está calculado para 2019 en $41,26 billones, que está dividido en gastos de funcionamiento e inversión, pero estos no están desagregados porque el presupuesto aún no ha sido aprobado en el Congreso.

Nuevamente el problema son los altos gastos de funcionamiento. Pues con esta cifra, realmente, en el mejor de los casos quedarían solo $4,4 billones para “palear” la crisis, según el proyecto de ley de Presupuesto.

Señala Angulo, este será el primer “impulso”, pues durante los cuatro años del gobierno se “priorizará la educación de los colombianos”

Preocupaciones

Por eso, Luisa Charry, delegada de la Universidad de Antioquia en la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, sostiene que lo que se busca es que la reforma “sea estructural y no que responda a una coyuntura”. Además, plantea que no solo sea impulsada por los docentes o estudiantes, sino que comprometa al Ministerio, los rectores y representantes de la sociedad.

Otro punto que les preocupa a estudiantes y rectores es que no haya represalias contra quienes se movilicen y cesen sus operaciones. Por ello, en el pliego de peticiones radicado ante el Congreso, destacan que “exigimos que no se tomen medidas en contra de ningún miembro del movimiento, por lo tanto solicitamos a las diferentes organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos brindar apoyo durante la agenda de movilización que proponemos desde el movimiento estudiantil y así garantizar nuestro accionar seguro”, expresan.

¿Origen del problema?

Para entender el inicio del déficit presupuestal del sistema universitario, tan solo hay que mencionar la Ley 30 de 1992, pues congeló el presupuesto. Es decir, mientras las universidades crecían en estudiantes, profesores, investigaciones y, se les imponían nuevos indicadores de calidad, la plata para su funcionamiento en la actualidad resulta menor, pues aunque aumenta con el IPC, hoy no se vive la misma realidad de hace 26 años.

“Se desconoció que con el paso del tiempo las universidades crecerían, aumentarían sus capacidades y se verían apretadas porque los mismos recursos no alcanzarían para todo”, resume Santiago Fonseca, representante estudiantil de la Universidad Nacional en Bogotá, quien también critica que la única apuesta sólida del Ministerio de Educación es la promoción de créditos educativos a través del Icetex, lo que genera endeudamiento, inequidad y reduce a un crédito el concepto de universalidad en la educación superior.

Frente a esta realidad, el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, ha manifestado que la institución tiene “enormes problemas financieros, directamente relacionados con el desfinancimiento, por lo que se está trabajando dentro de la institución para reducir gastos”.

“Tenemos un déficit calculado, desde 2018, de $68.700 millones. El acumulado está cercano a los $113 mil millones. Ajustamos el gasto, vamos a fijar un marco fiscal que nos permita tratar de no invertir más de lo que recibimos”, explicó el rector.

Una idea similar tiene el economista y exministro Amilkar Acosta, quien en un análisis que realizó como antesala a la movilización de hoy, destaca que “está claro el descalce entre los recursos asignados por ley y los requerimientos de las 32 universidades públicas”.

El exministro, citando cifras de la Asociación Colombiana de Universidades, destaca que el número de estudiantes matriculados en pregrado pasó de 159.218 en 1993 a 611.800 en 2016, es decir, creció casi cuatro veces y la cobertura se amplió entre el 2010 y el 2016 del 37,1 % al 51,5%, lo que refleja “la necesidad de un mejor presupuesto”. “Si bien es cierto que el Gobierno Nacional y el Congreso han hecho un esfuerzo por mayores recursos, se han visto desbalanceados”.

FUENTE EL COLOMBIANO