UN PARO QUE PROTESTÓ POR EL PLAN DE DESARROLLO

Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país para participar del paro nacional promovido por centrales obreras, educadores, estudiantes, organizaciones sociales, indígenas, entre otros.

Zonas céntricas de Medellín, Cali, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Pereira, Pasto, Armenia y Cúcuta fueron los epicentros de las marchas que, según el Ministerio de Defensa, transcurrieron en normalidad; solo en la Plaza de Bolívar de Bogotá se presentaron disturbios al término de las movilizaciones (ver paréntesis).

“Solo tenemos el reporte de 35 personas judicializadas por diferentes hechos, 33 de ellas en Bogotá y 2 en Medellín. Además, en la Capital se registraron 11 heridos leves en los disturbios, ocho policías y tres civiles”, dijo el ministro de la Defensa, Guillermo Botero.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND), que promueve el gobierno del presidente Iván Duque y que actualmente está siendo discutido en el Congreso, fue el principal motivo del paro; sin embargo, cada sector tuvo sus razones.

La directora del Departamento Nacional de Planeación, Gloria Alonso, señaló ayer que el PND surgió de un proceso de discusión con todos los sectores sociales, incluyendo los que se movilizaron.

Centrales obreras

Desde el Comando Nacional Unitario (CNU) afirmaron que son dos los asuntos contradictorios con el Gobierno los que motivaron el paro.

El primero es la reforma laboral que está inscrita en el PND “que elimina el contrato laboral como está inscrito en Colombia; elimina el salario mínimo con la formulación de contratación por horas”; el segundo está relacionado con la paz y, según las centrales obreras, “involucra el tema del asesinato de líderes, el cumplimiento de los acuerdos de La Habana y la resolución de conflictos aún activos”.

Profesores y estudiantes

Para la Federación colombiana de trabajadores de la educación, Fecode, el PND “atenta contra la educación pública, contra la libertad de cátedra contra el gobierno escolar. Este plan tiende a la privatización”. A parte de marchar por los líderes sociales, educadores y estudiantes, también salieron a las calles por “la defensa de nuestro pliego nacional de peticiones radicado el 14 de febrero”.

Indígenas

Aunque se llegó a un acuerdo con el Gobierno en los últimos días, la Minga continúa y también participó en las marchas nacionales. Para el Gobernador del Pueblo Indígena Inga del Putumayo, Sacha Muyuy, quien participó en las movilizaciones en Medellín, a pesar de lo acordado, aún persisten los incumplimientos por parte del Estado y “por eso seguimos en resistencia y la resistencia se camina”.

¿Qué sigue?

Esa es la pregunta que se hace el país después de una jornada de marchas. De acuerdo con el vocero de la CUT, Diógenes Orjuela, los distintos sectores sociales que participaron de la protestas sostendrán hoy una reunión, donde evaluarán cómo avanza el Plan Nacional de Desarrollo y otra posible movilización para este primero de mayo, cuando las centrales obreras también salen a marchar.

“Miraremos cómo será nuestro próximo accionar el primero de mayo y esperamos que haya mucha más movilización y otro paro. Mientras el Gobierno siga haciendo trucos con este PND, que no ha sido consultado con quienes debe ser, nosotros seguiremos dando la lucha”, concluyó Orjuela.

Ante las protestas, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, expresó que no entiende si el país está mejorando “no hay motivos para estar protestando sino para estar trabajando”.

Violencia al término de la jornada

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En Bogotá la marcha fue multitudinaria. Durante gran parte de la mañana la movilización transcurrió en normalidad, sin embargo, después del medio día, se presentaron fuertes disturbios liderados por personas encapuchadas en la Plaza de Bolívar. En los enfrentamientos contra el Esmad de la Policía, varias personas resultaron heridas entre ellas un fotógrafo de Colprensa, quien al parecer fue agredido por un policía. En su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque condenó dichos disturbios que afectaron la Catedral Primada de Colombia y solicitó a las autoridades “avanzar rápidamente en la identificación y judicializacion de los responsables de este ataque”.

FUENTE EL COLOMBIANO

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EL METRO SE ESTRENA EN EL NEGOCIO INMOBILIARIO: ¿QUÉ PRETENDE?

Con recursos limitados para construir los 16 corredores de expansión del sistema masivo, el Metro incursionará en una nueva faceta: la de operador urbano.

El propósito de la empresa es poder captar parte del dinero de la valorización del suelo antes de que las líneas se construyan y sus estaciones se vuelvan polos de desarrollo.

Carlos Ortiz, gerente de Generación de Negocios del Metro, explicó que el paso de los sistemas de transporte cambia la dinámica de los territorios en zonas urbanas en el mundo, por lo que las empresas que prestan este servicio, que es subsidiado, deben trabajar a la par en el desarrollo inmobiliario de estos sectores. “Se pueden crear centralidades aprovechando la masificación de las estaciones”, justificó.

Puso de ejemplo el caso de Niquía, zona urbana despoblada hasta 1995, año en el que se estrenó la estación. Hoy ingresan 100.000 personas en un día típico laboral, afluencia que dinamizó la industria, la vivienda y el comercio.

Fue el mismo caso de las estaciones Envigado e Itagüí.

El quid del asunto es cómo trazar una ruta para obtener parte de los recursos de la valorización del suelo en las zonas anexas a las estaciones.

“Son 2.000 millones de dólares invertidos en el sistema metro y no se cobró valorización ni plusvalía. Qué bueno hubiera sido recuperar ese valor para construir más líneas, una figura que se usa en Asia y Estados Unidos”, expuso Ortiz.

Por eso el Metro, dentro de sus objetivos estratégicos en la próxima década, tiene el propósito de consolidarse como operador urbano.

En estaciones locales

En esta nueva faceta el Metro se convierte en operador urbano para gestionar los proyectos ante las autoridades y captar capitalización de inversionistas. “El negocio de la empresa seguirá siendo el transporte y si tiene que invertir recursos lo hará en trenes, no en edificios. Pero se une lo mejor de nosotros, gestionar el suelo y crecer las estaciones, con lo mejor del privado constructor e inversionista”, explicó Ortiz.

El actual portafolio contiene 24 desarrollos en diferentes etapas de estructuración.

La iniciativa más adelantada está en La Estrella, estación terminal en el sur y punto de integración del transporte de ese municipio, de Sabaneta, Caldas y San Antonio de Prado. El Metro compró un terreno para ampliar la estación y desarrollar un proyecto comercial y de servicios. Ortiz confirmó que se encuentran en estructuración del modelo financiero para proceder a la contratación. Estiman el comienzo de obras en 2020.

Otra de las estaciones seleccionadas es Hospital, con tres edificios conexos en los costados nororiental, noroccidental y suroccidental, para vivienda y servicios, por estar al lado del Distrito de Innovación y de Ruta N.

En el Centro de Medellín definieron el potencial de las estaciones Cisneros, San Antonio y Parque de Berrío. En esta última, Ortiz citó el ejemplo de Manhattan, en Nueva York, que, a través de la figura de áreas de revitalización económica, sacó del anonimato su espacio público y lo convirtió en atractivo turístico. En Prado se prevé una ampliación con un edificio encima de la estación.

Herramienta global

Un informe del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, organización estadounidense que estudia conflictos asociados a áreas urbanas, da cuenta de casos de éxito de renovación alrededor de sistemas de transporte en el mundo. El término utilizado es Desarrollo Orientado al Tránsito (DOT), término para describir las operaciones de tipo residencial, comercial y de oficinas cerca de líneas y estaciones.

El estudio citó el caso de Sacramento, California, que definió las tipologías de zonas DOT como núcleo o centro urbano, centro de empleo, centro residencial, troncal de autobuses y hasta centro dormitorio. Otro caso es el de las tipologías de desarrollo urbano en 25 estaciones del metro de Hong Kong, compuestas por oficinas de gran altura, desarrollos residenciales y mixtos a gran escala y edificios residenciales de mediana altura.

En Portland, Oregón y Baltimore (Estados Unidos) se utilizan herramientas para promover inversiones con los beneficios en términos de desplazamientos que ofrece el desarrollo urbano orientado al transporte público.

Juan Carlos García Bocanegra, docente de la Facultad de Arquitectura de la UPB y experto en instrumentos de financiación urbana, dijo que esta es la estrategia corporativa más importante que debe emprender el Metro, incluso, dijo, la debió ejecutar hace 20 años. Puso de ejemplo el metro de Barcelona que financió su línea más reciente con operaciones inmobiliarias.

“Tenemos a favor todo: ajuste de estatutos, tierras disponibles y un sistema masivo. Ha faltado voluntad”, expresó el académico.

Carlos Jaramillo, consultor en urbanismo, opinó que el desarrollo conjunto, mediante alianzas público privadas, puede promover la expansión del sistema, eso sí, acotó, sin debilitar la razón de ser de la empresa, como es el servicio de transporte público .

FUENTE EL COLOMBIANO

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Omar Arango Jiménez, presidente de Adida aclara el comunicado emitido por el grupo político MAPA


Derecho de petición a Ejecutiva de Fecode Martha Rocio Alfonso, encargada de Derechos Humanos

La Subdirectiva de La Unión desvirtúa falsas acusaciones contra el presidente de ADIDA


Comunicado de Omar Arango Jiménez – Presidente de Adida

En defensa de la institucionalidad de Adida y Fecode no podemos permitir que la fiscal de Adida patrocine el paralelismo entre Fecode y Adida , el desorden y la desinstitucionalización.

Se aclara al grupo MAPA que dirige en Antioquia la fiscal Sandra Roldán, lo sucedido en comuna del Municipio de La Unión- Antioquia el día 22 de abril.

Por Adida dan informe y orientaciones oficiales el directivo Parmenio Córdoba y el docente Iván Rivas encargado de DDHH por Fecode en Antioquia.


A renglón seguido con el apoyo de la fiscal de Adida Sandra Roldán y sin el conocimiento institucional de la Junta Directiva y del encargado de DDHH Parmenio Córdoba, proceden a dar informes en nombre de FECODE, a recoger bases de datos y a aplicar una encuesta que en Junta no conocemos y que Marta Alfonso tampoco conoce.

En mi calidad de presidente de Adida hice un llamado de atención público y les pedí coordinar acciones con el compañero responsable de DDDHH en Adida: Parmenio Córdoba.

De manera peligrosa el grupo MAPA emite un comunicado público que ya ha originado amenazas contra mi vida creyendo que yo he maltratado físicamente a una mujer cuando esto no ha sucedido y de lo cual tengo 90 testigos.


A Sandra Roldán y al grupo MAPA los responsabilizamos de cualquier retaliación de actores armados por la peligrosa acusación de haber maltratado a una mujer lo cual nunca sucedió como lo pueden testimoniar los docentes de La Unión asistentes a la comuna y los directivos de Adida: Parmenio Córdoba, Albeiro Victoria Cuesta, Lida Yasmín Morales y los miembros de Subdirectiva Magisterial del municipio de La Unión.


Al presidente Nelson Alarcón le sugiero respetuosamente que notifique a las Juntas Directivas de manera oficial de los educadores que tengan comisión sindical y que vengan a cumplir función alguna, respetando así la autonomía de las organizaciones sindicales regionales.

En Antioquia se viene presentando un preocupante paralelismo entre el trabajo de DDHH que hace Fecode con el de ADIDA. Solo pedimos coordinación con La Junta Directiva de Adida.

Atte,

Omar Arango Jiménez
Presidente de Adida

Copia :

Organismos de DDHH y Fiscalia General de la Nación

Magisterio Nacional y Antioqueño

http://www.ens.org.co/wp-content/uploads/2018/04/TIR%C3%81NDOLE-LIBROS-A-LAS-BALAS.pdf

EMISORA VIRTUAL:

Retransmisión de todos los programs todos los dias a las 12 md.

 www.educacionaldia.com.co

http://tun.in/sfijQ

Y EN LAS REDES SOCIALES:

redessociales
https://www.facebook.com/omar.arangojimenez
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RECUERDE: ESTE MARTES ES EL DÍA SIN CARRO Y MOTO EN EL VALLE DE ABURRÁ

Como ocurre desde que fue institucionalizado por medio de un acuerdo de 2008 en el Concejo de Medellín, este año se vivirá un nuevo día sin carro y moto, que será mañana y aplicará no solo en la capital antioqueña, sino en las otras nueve localidades que integran el Valle de Aburrá.

La medida se toma como una de las estrategias para conmemorar el Día de la Tierra —23 de abril—, pese a que en algunos años (como el anterior) se implementó un día después.

Esta restricción comenzará a las 7:00 a.m. y se prolongará hasta las 7:00 p.m, pero tendrá algunas excepciones:

Vehículos con tres o más ocupantes, motos con parrillero o de servicios como mensajería, domicilios o asistencia jurídica de aseguradoras.

También están libres los automotores que usen gas natural, energía eléctrica o híbridos, carros de transporte especial o de emergencias, y los destinados al transporte de alimentos.

No obstante, los particulares que tengan pico y placa este día no podrán circular ni con el mínimo de acompañantes.

Cabe recordar que la infracción de esta normativa acarrea una sanción de $414.060, y las autoridades podrán inmovilizar el vehículo infractor.

“Buscamos que la ciudadanía se movilice de forma diferente (…) La idea es que nos motivemos a usar el sistema integrado de transporte público, así como a implementar el teletrabajo en las empresas”, explicó María Del Pilar Restrepo, subdirectora ambiental del Área Metropolitana.

Vías exentas

El día sin carro y moto no aplicará en avenida Las Palmas hasta su empalme con la glorieta de San Diego, el sistema vial del río y vías de servicio.

Tampoco tendrán restricción la triada de la calles 36, 37 (avenida 33) y 38 entre las glorietas San Diego y Exposiciones, la calzada norte paralela a la quebrada La Iguaná desde la Autopista Sur hasta la vía al Túnel de Occidente, la calzada sur paralela a esa misma quebrada desde la Diagonal 63 AA hasta la vía al túnel, además de la Autopista Norte en ambos sentidos, entre la calle 56 y límites con Bello, y la Autopista Medellín-Bogotá.

FUENTE EL COLOMBIANO

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LA RÉPLICA DEL DISEÑADOR DE HIDROITUANGO AL INFORME CAUSA-RAÍZ

La determinación de la causa de la contingencia en el proyecto Hidroituango tuvo su punto de quiebre el pasado 1 de marzo luego de que se presentara el informe causa-raíz, contratado por EPM y realizado por la firma noruego chilena Skava Consulting, según el cual, la crisis se originó por una deficiencia de diseño en fase de asesoría.

Leonardo Bustamante Vega, gerente de Ingeniería de Skava Consulting, explicó el día de la presentación del estudio que la zona de cizalla (deformaciones del terreno generadas por la fractura y deslizamiento de bloques de roca) donde se produjo la erosión y posterior colapso definitivo del túnel auxiliar, no fue tratada ni protegida, por un diagnóstico deficiente en la etapa de diseño.

Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de EPM, dijo ese mismo día de la presentación del estudio que al Consorcio Generación Ituango (Integral-Solingral) le correspondía dar las explicaciones pertinentes.

El consorcio diseñador, pese a que el 6 de marzo le respondió a EPM diciendo que el estudio de Skava tenía errores e inconsistencias, no se pronunció en público al respecto. Se contactó en varias oportunidades a Carlos Eduardo Isaza Aguilar, presidente de la firma Integral, quién informó que no daría declaraciones a medios sobre las conclusiones del informe causa-raíz.

Pero el panorama cambió. El pasado 9 de abril, EPM envió una comunicación oficial a Hidroituango S.A., sociedad propietaria del megaproyecto, mediante la cual le informó que comenzaría a trasladarle todos los costos originados por la contingencia.

En esa comunicación, la empresa justificó que según los resultados obtenidos del estudio causa raíz, la hipótesis más probable era que la obstrucción del túnel auxiliar de desviación se debió a la erosión progresiva de una zona del piso del túnel, para la cual el diseñador no dispuso el tratamiento adecuado.

La nueva imputación de responsabilidad por la ocurrencia de la contingencia generó una respuesta pública del consorcio a EPM.

La réplica del diseñador

El desacuerdo del consorcio diseñador con el informe causa raíz se basa en que es una “hipótesis no probada y carente de rango cuantitativo”. Señaló que la firma Skava utilizó métodos que fueron aplicados de manera no ortodoxa, sin el rigor científico debido y las formalidades metodológicas requeridas para cualquier estudio de este tipo.

Además, dijo que no se ejecutó el cálculo de las probabilidades asociadas a cada evento, por lo que la selección de la causa más probable no tiene sustento metodológico.

Retomó una parte de la carta privada enviada a EPM el pasado 6 de marzo en la que expuso que el diseñador-asesor aclaró, una vez terminada la excavación de la galería auxiliar de desvío, que se requería limpieza del piso hasta roca sana y tratamiento.

“Agrega además el informe que la realización de estas actividades no está acreditada, aspecto este que como es bien sabido por los actores del proyecto, no hace parte del alcance del trabajo del diseñador-asesor”, señaló.

“Causa grave perjuicio”

En la carta, el consorcio aclaró que ha tenido dos roles en el proyecto, el primero como diseñador y el segundo como asesor durante la fase de construcción. Añadió que del propio estudio de Skava se desprende que no es cierto que el diseñador-asesor no haya dispuesto de tratamiento adecuado a las zonas de cizalla y por ende “no es cierto que haya existido omisión del consorcio de acuerdo con sus responsabilidades contractuales”.

Contó que tiene elaborado desde el 27 de febrero un informe causa raíz notariado y que, además, está finiquitando un informe complementario en el que analiza “deficiencias” del estudio de Skava.

“La imputación de responsabilidad, sin apoyo sólido y sin contradicción, está causando un grave perjuicio a nuestra organización, que cuenta con una amplia experiencia y reconocimiento (…) acompañando a EPM en la construcción de su patrimonio desde hace más de 63 años”, finalizó.

En conversación el presidente Isaza Aguilar sintetizó que “no es aceptable que nos pongan como responsables” .

FUENTE EL COLOMBIANO

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EXPORTACIÓN BANANERA VUELVE A NIVELES DE 2008

Los productores y comercializadores bananeros presentan hoy el balance de su actividad el año anterior, cuando exportaron 101,4 millones de cajas de la fruta, un 3,04 % más que las 98,4 millones de cajas despachadas en 2017 (ver gráfico).

Los resultados serán entregados en la asamblea de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), prevista para las tres de la tarde en el auditorio de la sede El Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín. La agenda prevé que a las seis de la tarde el presidente Iván Duque, clausure la sesión.

Juan Camilo Restrepo, quien asiste por última vez a la reunión como presidente de Augura, espera que el mandatario se comprometa con el avance de iniciativas claves para las regiones bananeras de Urabá (Distrito de Adecuación de Tierras) y el Magdalena (reservorios de agua).

Lío pensional

El empresario Gabriel Harry Hinestroza, confió en que el presidente exponga fórmulas para enfrentar la inseguridad que se observa en Urabá y en particular contra el narcotráfico, que aprovecha los contenedores bananeros para enviar drogas al exterior.

Igualmente, se declaró a la espera de algún anuncio que permita resolver la situación laboral de trabajadores agrarios que no fueron vinculados al sistema pensional.

“La idea es que el gobierno se responsabilice o solidarice de esas obligaciones o se logre una concertación con el sector privado para resolver esa coyuntura”, comentó.

El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro), Guillermo Rivera, explicó que la problemática afecta a unos 6.000 obreros que no fueron afiliados al sistema de seguridad social.

“Ese es un problema de los empresarios, porque ellos estaban obligados a afiliar a los trabajadores al entonces Seguro Social, y cuando esta entidad llegó a Urabá no se hizo el trámite. Hoy estas personas tienen la edad de jubilarse, e incluso hay fallos que obligan a que las empresas respondan”, añadió el dirigente.

Rivera confirmó que pese a las gestiones para que el gobierno asuma parte de estos compromisos, estas han sido infructuosas. Se calcula que el reconocimiento de esas pensiones costaría unos 720 mil millones de pesos. “Si no hay un compromiso gubernamental, les toca pagar a los empresarios para que los trabajadores se pensionen”, concluyó.

FUENTE EL COLOMBIANO

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