Eln y Epl rechazaron masacre en el Catatumbo.

Tras conocerse la masacre registrada este lunes en el Catatumbo, Norte de Santander, los grupos guerrilleros Eln y Epl publicaron dos comunicados en el que aseguran rechazar la acción armada en la que fallecieron nueve personas.

En un comunicado que circula por redes, el Epl asegura que “rechazamos los hechos en el municipio del Tarra N. de Santander y queremos aclararle a la comunidad del departamento, y en especial a los familiares y amigos de las víctimas de ese accionar bélico, que rompe el Derecho Internacional Humanitario, que nuestra organización guerrillera no tiene nada que ver con ese atentado”.

En la comunicación se agregó que uno de sus “pilares” es “defender a la población y su permanencia en el territorio”.

Por otra parte, desde la mesa de negociación en La Habana, Cuba, la guerrilla del Eln manifestó y condenó de manera “pública y categórica” la masacre.

Además, fue más allá, y destacó que esta fue “una acción paramilitar”, cometida a plena luz del día, mientras el grupo de ciudadanos departía en un local público.

“Entre las víctimas se halla una presidente de una Junta de Acción Comunal, y otros eran familiares de integrantes de organizaciones sociales de la región”.

El comunicado de la guerrilla del Eln llama a realizar una “investigación pronta, independiente y eficaz, para dar con los responsables de esta matanza colectiva, que acrecienta el estado de zozobra que vive esta región”.

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ELN Paz@ELN_Paz
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Ajustes laborales que se avecinan por la Ocde.

Protección para líderes sindicales, mejoras en las contrataciones, reducir la siniestralidad en el lugar de trabajo y la brecha salarial de género son algunos de los temas en los que deben trabajar las empresas colombianas para adecuarse al ámbito laboral promovido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde), asociación de países a la que ingresó hace ya tres meses.

Carlos Sandoval, socio de la firma E&Y Colombia y experto en derecho laboral, dijo que aunque el país avanzó en estos temas para ingresar a la Ocde aún tiene camino por recorrer: “Colombia tiene una de las tasas más altas de asesinatos de líderes sindicales”.

De acuerdo con cifras de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), de enero a mayo fueron asesinados a 19 líderes sindicales. “Ese es un tema que caracteriza negativamente a Colombia”, añadió Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.

Otro punto relevante es el tema salarial. El secretario general de la Ocde, Angel Gurría, dijo durante la presentación del informe “Perspectivas del Empleo 2018”, el pasado 4 de julio, que “hay una reactivación del empleo en casi todos los países, el problema es que los salarios no siguen la tendencia”.

Según la Ocde, la tasa de crecimiento anual de los salarios a 0,6 % en el cuarto trimestre de 2017 sigue casi un punto porcentual inferior a antes de la crisis de 2007.

Para Sandoval, este tema en Colombia se ha recrudecido debido a la llegada masiva de migrantes venezolanos que no cuentan con los premisos laborales. “Se están contratando personas del hermano país sin garantizarle ningún tipo de derecho laboral. Una compañía que no cumpla con los estándares legales no tendrá sanciones económicas por parte de la Ocde porque no es de su competencia, pero sí se verá afectada reputacionalmente”, añadió (ver gráfico).

Las empresas que realicen contrataciones irregulares pueden ser multadas con hasta 5 mil salarios mínimos (3.906 millones de pesos) por el Ministerio de Trabajo.

Otro punto a destacar y que la Ocde ha planteado revisar es el de los salarios mínimos diferenciados, tanto por regiones como por edades.

De acuerdo con del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el trimestre móvil marzo-mayo de 2018, la tasa de desempleo para jóvenes de 14 a 28 años fue 16,7 %; estuvo acompañada de una tasa global de participación de 57,5 % y una tasa de ocupación de 47,9 %. En el mismo periodo de 2017 estas fueron 16 %, 57,9 % y 48,7 %, respectivamente.

Jaramillo destacó que la necesidad de que se genere un cambio en el modelo de negociación colectiva hacía uno de negociación sectorial, que también se regule la huelga y los servicios mínimos, y se formalice la tercerizacion laboral.

Mercado laboral a junio

El subdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Carlos Prada, indicó el pasado 27 de julio que la tasa nacional de desempleo se ubicó en 9,1 % frente al 8,7 % de junio de 2017, un incremento de 0,4 puntos porcentuales. “Este resultado tuvo como influencia el comportamiento de la ciudad de Medellín y Bogotá”, apuntó.

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Prevención en salud llegará mediante alianza de ocho EPS.

El trabajo articulado entre el sector privado y el público en la ciudad permitirá que a partir del primero de agosto, los habitantes de las comunas 1, 2, 3 y 4 de Medellín sean los primeros beneficiarios en los planes de promoción en salud, sin importar a cuál EPS están afiliados.

De esta forma nace en Medellín el Modelo de Atención Integral de Atención en Salud (MIAS), mediante el cual siete EPS privadas y una pública suman esfuerzos para tener un mayor impacto en la prevención, en los sectores donde hay mayor vulnerabilidad.

Según el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, este modelo de inclusión y de innovación social que se ha desarrollado en la ciudad demuestra cómo es posible la articulación de lo público y lo privado para beneficio de la comunidad.

La antesala de lo que ayer presentaron la Alcaldía y los gerentes de las EPS involucradas es el CIGA (Centro Integral de Gestión en la Atención de Salud), que ha permitido la desaturación en un 30 % de los servicios de urgencia de la ciudad. “Independiente de la EPS en la que esté el ciudadano se le dará la atención en salud. Eso es la posibilidad de aterrizar en la práctica lo que debe ser un modelo de promoción y prevención de la salud, que esperamos se replique en el país”, dijo el alcalde Gutiérrez.

MIAS cerca a todos

Antes de este modelo, la Secretaría de Salud llegaba a los territorios, identificaba un riesgo, hacía una atención puntual y luego remitía al paciente a su EPS. “Ahora no solo se identificará el riesgo sino que se informará de inmediato al asegurador que tiene un paciente y que debe ser atendido de forma prioritaria”, explicó la secretaria de Salud de Medellín Claudia Arenas.

Cerca de 200 profesionales de distintas áreas caracterizarán a la población, a través de visitas a los hogares y en las sedes que tienen las EPS en el territorio, con la idea de fortalecer la cobertura en vacunación, fluorización de dientes, evaluar los riesgos sicosociales y métodos de planificación en sitio, entre otros. “Una vez se identifiquen los pacientes y se le notifique a la EPS el caso, la Secretaría hará el seguimiento al cumplimiento”, agregó la funcionaria .

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En vilo, el caso de Álvaro Uribe.

La renuncia del expresidente Álvaro Uribe a su curul, que anunció en reiteradas ocasiones en su cuenta de Twitter, finalmente no llegó al Congreso. La plenaria del Senado, a las 4:00 p.m. de ayer, se dedicó a definir las mesas directivas de las comisiones.

La sesión se levantó y fue convocada para el próximo martes, día en el que se espera se conozca si el senador mantiene su intención de renunciar.

Uribe, que enfrenta una instrucción por soborno y fraude procesal en la Corte Suprema de Justicia, tampoco se hizo presente en la plenaria pues tiene una incapacidad médica por 30 días, según indicó la Secretaría General del Senado. La causa está en que hace dos semanas se cayó de un caballo y sufrió la fractura de una de sus costillas.

Sin embargo, publicó en su cuenta de Twitter un extenso comunicado en el que asegura que las pruebas en su contra hacen parte de una trampa urdida por uno de los testigos, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, en la que también pretendía involucrar a Jaime Lombana, Ernesto Macías, Paloma Valencia, y a Álvaro Hernán Prada.

Así mismo, sostuvo que los togados no se interesaron en conocer y valorar la versión de los hechos de Álvaro Hernán Prada, otro de los acusados, quien asegura que todo es un montaje orquestado por Monsalve, “haré llegar este papel a los magistrados y lo ampliaré en todo cuanto conozca”.

A su turno, el presidente del Senado y miembro del Centro Democrático Ernesto Macías, sostuvo que “si se radica la carta de renuncia en la secretaría general del Senado, esta se pone en consideración de la plenaria. Pero la carta no llegó. Si la carta llega entre hoy y el próximo martes lo discutiremos en la sesión convocada para el 31 de julio”.

De hecho, en el Centro Democrático el revuelo político que causó la renuncia de su líder natural aún no se ha superado. Según los congresistas es necesario que Uribe continúe en la curul pues, “somos millones de colombianos los que lo queremos y nos sentimos representados por él. Colombia lo necesita”, según plasmaron en un comunicado conjunto.

Agregan que “el país estaba advertido de la inminencia de estos eventos, tendientes a atacar la estabilidad del nuevo gobierno. En los días siguientes estaremos mostrando las evidencias de esta estrategia, donde también, han tratado de implicar al representante Álvaro Hernán Prada. Convocamos a la ciudadanía a rodear al presidente Duque y al presidente Uribe ante estos nuevos ataques, a los que ya estamos acostumbrados”.

A esa petición, también se sumó Gustavo Petro, quien le pidió al expresidente que no renunciara pues “el que nada hace, nada teme”.

En ese sentido el profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional, sede Antioquia, Pedro Luis Pemberthy, sostuvo que “la renuncia de Uribe le quita una bandera a la oposición, con esta renuncia tienen un caballito de batalla menos que seguramente iba a ser utilizado en futuras ocasiones”.

El proceso continúa y el abogado del expresidente Uribe, Jaime Granados, asistió a la Corte Suprema de Justicia para hacer una solicitud formal de pruebas y así empezar a organizar la defensa.

Aunque el jurista se abstuvo de dar declaraciones este miércoles, el día martes –durante su primera visita a la Corte– calificó como “sorpresivo” el llamado a indagatoria. “No vemos que Álvaro Uribe tenga que ver con ese tema y esperamos tener más detalle para realizar el procedimiento oportuno. El presidente ha pedido que todo se investigue con celeridad”, dijo.

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Educación rural, la tarea que el próximo gobierno debe terminar.

Lo que han dicho académicos de diferentes universidades y el movimiento ciudadano Todos por la educación en los últimos meses, ahora es respaldado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que aprobó el ingreso del país el 30 de mayo: se deben reforzar los planes para cerrar las brechas entre la educación rural y urbana.

La conclusión se desprende del informe “Una mirada al sistema escolar colombiano”, presentado la semana pasada en el que le dicen al gobierno colombiano que es fundamental la creación de “una dirección especializada dentro del Ministerio de Educación Nacional (MEN), para diseñar políticas adecuadas y diferenciadas para el sector rural”.

Además, se lee en el texto que las apuestas políticas para este sector deben analizar las demandas requeridas sobre “una política educativa diferenciada, según los distintos tipos de ruralidad”, incluyendo factores como la densidad de la población, las posibilidades de transporte y oferta docente, que contenga “inversiones significativas en infraestructura y transporte”.

Así estamos

De acuerdo con Todos por la educación la deuda que se tiene con el sector rural se basa en que hay 41.050 sedes rurales, según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), pero el promedio de uso es de 37 años, lo que permite tener un panorama de “la poca renovación de infraestructura”.

Además de esto, según el movimiento, al menos el 80 % de las sedes no tiene red de gas, el 70 % no cuenta con alcantarillado, el 50 % están afectadas por altas pendientes –dada la topografía– y el 36 % no cumplen con la cantidad de baterías sanitarias que se requieren por estudiante.

Ante este escenario, la Ocde destaca que el Ministerio deberá fortalecer “la educación terciaria profesional, a través de la articulación con la educación superior”.

Para esto, dice la Ocde, el Sena debe crear nuevos programas o cursos que le apunten al desarrollo del aprendizaje virtual y a distancia; por otra parte, el MEN debe promover espacios y estrategias que les permitan a los jóvenes rurales “acceder a la educación terciaria”.

Otra tarea que plantea es una mayor articulación entre el Ministerio y el Sena, pues deben “revisar la oferta de educación terciaria”.

Análisis sectorial

Cecilia Dimaté, coordinadora de la Maestría en Educación de la U. Externado, sostiene que otra tarea que debe tener en cuenta el gobierno y, naturalmente el presidente electo, Iván Duque Márquez, es buscar mecanismos para que los docentes tengan una “mejor formación, en razón de que no todos están formados, especialmente, en primaria”.

En esta línea, la Ocde, Dimaté y Todos por la educación coinciden en que garantizar una educación relevante y de calidad, que facilite la inclusión productiva y fomente la creatividad y la innovación, permitirá tener “un verdadero instrumento para la movilidad social, tanto para los jóvenes que deciden quedarse como para quienes migran”.

Al respecto, la ministra de Educación, Yaneth Giha, destaca que este es el primer estudio que se hace para este sector tras el ingreso de Colombia a la organización, lo que permitirá ajustar los estándares de calidad que se tiene y “motivar a los estudiantes para que cumplan sus sueños”.

Además, agrega la ministra, que la Organización también le sugiere al gobierno que revise el Sistema General de Participaciones (SGP) sobre todo para que haya mejor equidad en la entrega de recursos “en las zonas rurales y en las poblaciones más vulnerables. Esto ya se ha planteado en algunas reformas y esperamos se definan más adelante”.

Cambio de estructura

Aunque la Ocde plantea mejorar las condiciones físicas de las escuelas y colegios rurales, la experta Dimaté también resalta que debe haber un rediseño de las condiciones de la ruralidad, teniendo en cuenta que las propuestas pedagógicas deben ser actualizadas a los contextos en los que está ahora Colombia.

Esto, según ella, implicará que haya formas de reconocimiento distintas para el maestro del sector rural y una necesidad de cambiar la relación entre escuela y ruralidad, y viceversa, por ejemplo, agrega Dimaté: “esto implica que la escuela debe estar ubicada donde se necesita y no necesariamente donde se cumpla con el parámetro, para que de esta manera el niño no tenga que hacer grandes desplazamientos para estudiar”, sostiene la experta.

Hace énfasis en que ahora, como se mostró el pasado domingo, con la historia de Daniela Ciro, quien todos los días recorre 5 kilómetros a lomo de mula en el Carmen de Viboral para ir a estudiar, las largas distancias se convierten en un problema para la educación en el campo.

“La escuela debe ir a los niños y no al contrario”, concluye la experta Dimaté.

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Investigan a 158 miembros de la Iglesia.

La crisis en la Iglesia Católica chilena continúa. Esta vez, la Fiscalía de ese país anunció una investigación en contra de 158 miembros de la institución, entre los que estarían desde laicos y sacerdotes hasta obispos, quienes fueron acusados de perpetuar o encubrir casos de abusos sexuales contra niños, y adolescentes. Se estima que estos hechos habrían ocurrido en un lapso de casi 60 años, desde 1960 hasta la actualidad.

Según un informe entregado por el ente acusador que dio a conocer AFP, la gran mayoría de los hechos denunciados que serán materia de investigación corresponden a “delitos sexuales cometidos por sacerdotes, párrocos o personas vinculadas a establecimientos educacionales”. Estas 158 personas habrían hecho parte del clero en el momento en el que ocurrieron las presuntas violaciones, motivo que las vinculó al proceso que lleva a cabo el ente acusador.

Jairo Coro, portavoz de la Conferencia Episcopal de Chile, llamó a reflexionar sobre la cifra de posibles víctimas que reveló la Fiscalía. Según su testimonio, “cada persona debió vivir un proceso sumamente doloroso” y aseguró que esta es lo que más “estremece y preocupa” a la Iglesia. Será necesario conocer el resultado de las investigaciones para saber con exactitud cuántos fueron los involucrado.

Los involucrados

Actualmente, la Fiscalía de Chile adelanta 144 investigaciones por presuntas violaciones a 266 víctimas. De estas, 178 serían niños y adolescentes, mientras 31 de los afectados son adultos y se desconoce si los restantes (58) eran o no menores de edad al momento del presunto delito.

Las organizaciones sociales han asegurado que se trata de un secreto a voces del que la Conferencia Episcopal de ese país tenía conocimiento desde hace más de diez años. Así lo expresó Juan Carlos Claret, quien integra una comunidad de laicos ubicada en la ciudad de Osorno. De acuerdo con su versión, la institución “conocía al menos 120 casos de sacerdotes involucrados en abusos sexuales”, por lo que comenta que la cifra que entregó ayer la Fiscalía “se queda corta” ante la magnitud de las denuncias.

FUENTE EL COLOMBIANO