Colombia

Agosto 28, 2022

• Nelson Javier Alarcón Suárez

En días pasados, el presidente Gustavo Petro anunció que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) debería ser manejado por las asociaciones y los Consejos de padres y madres de familia de las instituciones educativas. Igualmente, hizo énfasis en la necesidad de garantizar comida caliente en todas las escuelas y colegios del país. Estas declaraciones generan confianza, alegría y satisfacción, pues controvierten la falacia neoliberal de que la contratación con empresas privadas es mejor que entregar directamente los recursos a las comunidades.

“Nos hemos propuesto lograr comida caliente, lograr una nutrición real de la población que llegue a un colegio, es lograr que sean las asociaciones de padres de familia los que tengan bajo su responsabilidad los dineros, la compra de alimentos y la elaboración de los alimentos”, afirmó el presidente desde el Amazonas, unos de los departamentos más golpeados por la pobreza y la desnutrición en el país. 

Como lo hemos denunciado en múltiples ocasiones, existe una relación directa entre la nutrición escolar y la calidad de la educación, algo que el presidente reitera cuando afirma que “muchos niños y niñas van a estudiar con hambre. Y un país así no se puede desarrollar, un país así va limitando sus propias posibilidades, no importa la inmensa riqueza natural que tenga”.

El PAE, que actualmente es manejado por la Unidad de Alimentos para Aprender del Ministerio de Educación, se ha convertido en un nicho de corrupción sin precedentes en la historia reciente del país. Alimentos en mal estado o con sobrecostos, incumplimiento con las medidas de las raciones, contratos amañados con empresas sin experiencia para pagar favores políticos, entre otros escándalos, hacen parte del prontuario criminal que las empresas encargadas de “operar” el PAE le van a dejar a la sociedad colombiana. No pasa una semana sin que se destape, en cualquier ciudad o municipio del país, una olla podrida de corrupción alrededor del PAE.

Acabar con los intermediarios del PAE es un ataque directo al corazón del neoliberalismo que ve en los dineros públicos una fuente de lucro. En una época no muy lejana, cuando todavía tenía eco la idea de que los gobiernos debían favorecer un proyecto nacional para industrializar y desarrollar el país, eran las asociaciones de padres con el acompañamiento de las administraciones municipales quienes manejaban la alimentación escolar. 

Con la asesoría y apoyo de Icbf se elaboraban minutas que garantizaban una dieta de calidad. Además, existían programas de capacitación permanente a cargo del Estado para padres y madres de familia y para los representantes de los profesores. Claro que en ese entonces se pagaba una cuota que jugaba un papel simbólico para mantener de forma justa los costos de producción y transporte.

Ojalá se apruebe pronto esta medida, pues en tiempos en que la verdad histórica se abre campo en las escuelas del país urge buscar mecanismos que impulsen el desarrollo social, el tejido comunitario y el empoderamiento de las comunidades. Y qué mejor forma de hacerlo que alrededor de la producción y consumo de los alimentos. Esta medida fomentaría prácticas sostenibles social y ambientalmente, como la alimentación de km cero, el comercio circular y la seguridad y soberanía alimentaria.

El magisterio colombiano siempre ha defendido la alimentación escolar como parte constitutiva del derecho a la educación, por lo que ya es hora de tener un PAE digno que le permita a la niñez y a la juventud colombiana “comer sabroso” para poder “vivir sabroso”.

Fuente: La silla vacia

El sector educación fue durante 2017 y 2018 el sector que recibió la mayor asignación de recursos en el Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, fue insuficiente ante los retos y compromisos pendientes del sector ¿Cuánto más se necesita?

11/10/2018

Las cuentas del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana señalan que a la educación pública del país le faltan $80,7 billones anuales para alcanzar el mismo nivel que los países del Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con los que tantos comparan a Colombia.

El monto proviene de necesidades de financiamiento por $23,4 billones anuales adicionales para la educación primaria, $36,6 billones más para el bachillerato, y $20,7 billones adicionales para las universidades.

En total, se necesitaría casi 20 veces más que la asignación que recibirá el sector educación en 2019, cuya suma alcanza apenas los $4,4 billones contando con la adición de $500.000 millones que los Ministerios de Hacienda y Educación anunciaron durante las marchas estudiantiles del miércoles.

Los $80,7 billones para la educación parecen casi imposibles de alcanzar en Colombia. Sin embargo, el Observatorio Fiscal de la Javeriana tiene varias ideas.

El grupo recordó que, por ejemplo, la Contraloría General calcula que la corrupción le cuesta al país alrededor de $50 billones cada año.

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Además, el observatorio calculó que “llevar la tasa efectiva de tributación del 1% más privilegiado de los colombianos a un nivel comparable al que tendría ese mismo grupo en Estados Unidos le daría $12,9 billones adicionales al fisco, y reinstaurar el impuesto a la riqueza que fue eliminado por la última reforma tributaria traería $3,9 billones adicionales”. 

La implementación de los dos impuestos tomaría menos tiempo que la lucha efectiva contra la corrupción que le permitiría al Estado ahorrarse la gran parte de los recursos que aportarían al Presupuesto General estas tres medidas y que suman $66,8 billones, mucho más cerca de las necesidades de financiación que tienen los colegios y universidades públicas.

Las cuentas para 2019

Mientras Colombia encuentra la fórmula para aumentar la inversión en educación pública y reducir la brecha con las entidades privadas, además de mejorar la calidad de la formación que reciben sus ciudadanos, vale la pena recordar algunas cifras del Presupuesto General de la Nación para 2019.

El proyecto está a unos días de aprobarse en segundo debate ante el Senado y la Cámara de Representantes, por un monto total de $258,9 billones.

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De dicho monto, el Gobierno planea destinar $160,3 billones a funcionamiento, otros $51,9 billones para el pago de la deuda nacional y los restantes $46,8 billones para inversión.

Además, el Presupuesto General tiene varias “inflexibilidades” o asignaciones presupuestales que no pueden modificarse pues están ordenadas por la misma Constitución Política. Allí están por ejemplo los $41,2 billones del Sistema General de Participaciones.

Educación recibiría otros $41,4 billones teniendo en cuenta las modificaciones que se dieron durante la votación en primer debate y la adición de medio billón. Del monto total, se destinarán $37,2 billones para funcionamiento, un incremento de 9,2% frente a 2018, y los restantes $4,05 billones se asignarían a inversión.

Los $41,4 billones a su vez se distribuirán en $23,7 billones de la asignación del Sistema General de Participaciones, que benefician a 8,3 millones de estudiantes con educación gratuita y el pago de salarios de 320 mil docentes y directivos docentes,“incluyendo 3 puntos de nivelación salarial para 2019 ($532.700 millones) y el pago de la bonificación pedagógica ($281.600 millones – 11% de la asignación básica mensual)”, explica el Ministerio de Hacienda.

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Otros $9,3 billones se asignarán al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que pagará $7,3 billones en mesadas pensionales a 206.000 maestros retirados, $1,4 billones de servicio a la salud para 850.000 personas y $600.000 millones de 10.299 docentes con cesantías retroactivas y 185.466 docentes con cesantías causadas anualmente.

Las universidades públicas recibirán, incluída la reciente adición de $500.000 millones, un total de $4,1 billones. Estos se distribuyen en $3,3 billones por asignación de la Ley 30 de Educación Superior, $439.100 millones para el pago de pasivos pensionales, $145.000 millones para mejoramiento de infraestructura y base, $223.000 millones para inversiones en proyectos que presenten las mismas universidades, $37.000 millones para pagar el descuento de 10% en las matrículas por participación democrática y $121.000 millones para gratuidad de la educación.

Por su parte, el Icetex recibirá $1,7 billones que incluyen  $101.000 millones para la línea de Excelencia que reemplazará al Ser Pilo Paga, programa que recibirá a su vez $797.000 millones para el cumplimiento de los compromisos ya adquiridos con estudiantes beneficiarios. 

Los restantes $795.000 millones se destinarán a la renovación créditos Líneas de Icetex, subsidio a la tasa de interés y de sostenimiento. “Así como garantizar nuevas convocatorias de Fondos Poblacionales y cumplimiento de compromisos de atención a la población rural y gratuidad educativa”, señala el Minhacienda.

El Programa de Alimentación Escolar recibirá $1,2 billones para la entrega de 5,4 millones de raciones de alimento y extender en 1 millón a los estudiantes beneficiarios.

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Para infraestructura educativa, el Presupuesto General tiene una asignación de $582.200 millones que incluye los $20.000 millones para que la Universidad Nacional llegue a las regiones en cumplimiento del acuerdo de paz; $197.400 millones de vigencias futuras para la construcción de nuevas aulas; para cumplir con la Cumbre Agraria de 2013, fallos de Restitución de Tierras y otros compromisos que suman la construccion de 1.362 aulas y el mejoramiento de 723, se entregarán $109.500 millones para obras con enfoque territorial en Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Nariño y Norte de Santander.

Finalmente, se destinarán $275.300 millones para otras obras “en la ruralidad, mejoramiento de infraestructura, reforzamiento, construcción de cocinas y comedores escolares, avanzar de forma escalonada en la Jornada Única y dar cumplimiento a compromisos derivados de fallos de restitución de tierras”, añade el Ministerio de Hacienda.

El último billón se destinará al apoyo misional. Es decir que se pagarán $151.100 millones divididos a su vez en $58.900 millones de gastos generales del sector y $92.200 millones en pagos a 1.264 servidores públicos; por auditaje se pagarán $48.000 millones; para otros gastos de funcionamiento e inversión se entregarán $733.800 millones adicionales y para los nuevos institutos descentralizados, $67.100 millones.

Fuente: Semana