Compañeros directivos, veedores, delegados , subdirectivos y educadores en general , les comparto comunicación oficial de RED VITAL sobre el cierre de farmacia de la oriental y alternativa de atención en la sede Argentina.
El próximo miércoles en Junta Directiva analizaremos la situación y propuestas para exigir adecuada y oportuna entrega de los medicamentos al magisterio u beneficiarios.
Omar Arango Jiménez
Presidente ADIDA
Cada anuncio o decisión que se haga con Ecopetrol importará en la medida en que el Estado es dueño del 88,49 % de la empresa. Eso quiere decir que las utilidades que se generen desde esa compañía van a parar, en su mayoría, a las arcas del país. Para hacerse a una idea, solo durante el tercer trimestre del año pasado, el desempeño del crudo le representó a Ecopetrol ganancias por cerca de 8 billones de pesos.
Dinero que se traduce en la repartición de dividendos. Es decir, un precio base de ganancias a los accionistas de la compañía. Para poner un ejemplo, durante el año pasado los entonces 341.000 accionistas minoritarios de la petrolera recibieron $421.000 millones, gracias al pago de un dividendo ordinario establecido en 89 pesos.
La Nación (que cumple como accionista mayoritario) recibió entonces 3,2 billones de pesos, los cuales fueron pagados en dos cuotas; los minoritarios sí recibieron, en un solo pago, el dinero que les correspondía por su participación. En los próximos días la compañía informará sus resultados consolidados del año pasado y ahí se establecerá cuál es el dinero que le quedará a los dueños de Ecopetrol.
De ahí que sea tan importante discutir a profundidad todas aquellas propuestas que afecten los intereses de la Nación sobre la compañía. Como la que hizo el pasado 17 de enero el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobre la posibilidad de que el país saliera de un 8,49 % de su participación en Ecopetrol.
El anuncio se hizo con la idea de que el Gobierno pudiera tener una puerta de salida frente a la necesidad de recoger 7 billones de pesos faltantes de la más reciente reforma tributaria, dinero que además sería utilizado para capitalizar algunos programas sociales, hoy deficitados. Una posible venta de esa participación le supondría al país un ingreso de 10 billones de pesos. “Obviamente, toca discutir el tema con el señor presidente de la República, pero esos recursos están aprobados. Esa operación está aprobada”, dijo en su momento Carrasquilla.
Ese plan ya ha despertado voces encontradas. De un lado expresidentes de Ecopetrol como Carlos Rodado Noriega creen que no es buena idea tapar huecos fiscales con la venta de participaciones estatales en empresas tan importantes como Ecopetrol, mas cuando se está en un negocio que si bien es volátil, aún es representativo.
Sin embargo, para expertos como José Roberto Acosta, miembro de la Red por la Justicia Tributaria, la propuesta es válida en la medida en que “es una maniobra necesaria si se tiene en cuenta que el país necesita los recursos que este Gobierno no pudo conseguir. Era un anuncio cantado, y al final termina siendo un tapa huecos”.
La iniciativa de Carrasquilla también se sustenta en que si bien el petróleo es uno de los negocios más importantes para el país, pues solo en exportaciones representó en 2018 el 59 % del monto total (es decir, de los 41.831 millones de dólares que vendió Colombia, 24.709 llegaron gracias al grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas), es una actividad cada vez menos atractiva: precios, reservas y medioambiente lo empujan.
El tema se resume en que la industria parece tener los barriles contados. Según datos entregados por la consultora noruega Rystad Energy, la cifra se estima en los 2,1 billones. “Razón por la que gran parte de las actividades económicas que sustentan su existencia en el uso de este tipo de materias primas estén empezando a hacer un cambio disruptivo”, sentenció Acosta. El experto se refiere a lo que están haciendo fabricantes como Nissan, Mercedes Benz, BMW, entre otras firmas, que apuestan por vehículos que funcionen con combustión alternativa (electricidad o gas).
Y la estatal petrolera entonces no puede ser ajena a la necesidad de hacer parte de esa transformación. De ahí que Ecopetrol se preocupe por llevar a cabo un plan en el que la diversificación de su portafolio sea una de las máximas.
Sin embargo, no se debe dejar a un lado la necesidad de contar con las herramientas y mecanismos necesarios para garantizar la continuidad del negocio más fuerte de la compañía: el petróleo. En ese sentido es también importante lo que se haga para contar con un gobierno corporativo que enrute los intereses de la empresa en ese negocio.
Es así como Ecopetrol dio a conocer, el pasado 6 de febrero, a los nuevos miembros encargados de apoyar y liderar ese fortalecimiento y transformación. Fueron tres los nombramientos: Jorge Osorio fue designado como vicepresidente de Desarrollo y Producción; Alberto Consuegra, como vicepresidente ejecutivo, y Héctor Monsalva, como presidente de Cenit (filial del Grupo Ecopetrol que lidera la logística y transporte de hidrocarburos y combustibles en el país).
Para Raúl Ávila, profesor experto en economía y empresas de la Universidad Nacional, este tipo de movimientos corporativos, cuando se realizan en altas instancias, se hacen para dar una suerte de “renovación y fortalecimiento de objetivos”.
“Hablando en términos de alta gerencia, estos movimientos se convierten en estrategias fundamentales con la idea de que a los niveles más altos de una compañía lleguen nuevas ideas, otras oportunidades para generar más fuentes de negocio, pero sobre todo para darle un cambio, una nueva visión que aterrice las prioridades a las que se somete una empresa”.
Y como la idea es que Ecopetrol siga el ejemplo de lo que están haciendo las petroleras más importantes del mundo, su plan de aquí a 2030 contempla una serie de inversiones en la generación de energía no convencional que la empiecen a poner en el mapa de un negocio que cada vez gana más adeptos.
De esta manera, el plan de inversión de la compañía de 2019 “está centrado en el crecimiento disciplinado del segmento de exploración y producción, al cual se destinará el 81 % del total de las inversiones, lo que permitirá que la producción alcance un nivel de entre 720.000 y 730.000 barriles de petróleo equivalentes por día (petróleo y gas), y la incorporación de reservas probadas equivalentes al 100 % de la producción de petróleo y gas”, dijo la empresa.
Sin embargo, uno de los planes más atractivos sobre los cuales Ecopetrol fijará sus esfuerzos es el de la generación propia de energía renovable. La idea es que con la implementación de un parque solar de 18 hectáreas la compañía empiece a ser protagonista en un segmento que aún está por ser explorado (ver Radiografía).
El pasado 17 de agosto, momento en el que se hizo el anuncio, Felipe Bayón, presidente de la compañía, dijo a través de un comunicado de prensa que: “La incursión en proyectos de gran escala de energía solar marca un hito en la historia de Ecopetrol, que se adiciona a otros desarrollos para contar con una matriz energética más diversificada y limpia, que contribuya a la protección del medio ambiente y a garantizar la seguridad energética de Colombia”.
La idea es que este plan pueda generar entre 10 y 15 MW, lo que equivale al consumo de 6.000 hogares. Sumado a esto, la planta evitará la emisión de cerca de 14.000 toneladas de CO2 en un año y de 210.000 toneladas en 15 años, además de reducir los costos de energía eléctrica del campo. Las menores emisiones equivalen a sembrar 28.000 árboles anuales.
“Lo hacen bien aquellas empresas petroleras que saben que su fuente primaria de trabajo puede estar en riesgo de acabarse en 20, 30 o más años. No es gratuito que incluso la industria del transporte aéreo esté haciendo cambios y no utilice los combustibles tradicionales para el funcionamiento de parte de su flota de aviones, eso supone un grandísimo llamado de atención para un segmento que debe repensarse”, añadió Acosta.
Vale la pena recordar que la incursión en energía solar de Ecopetrol se suma a la producción de biocombustibles a partir de la palma y de la caña en dos plantas en Barrancabermeja, Santander y Puerto López, Meta, “así como a la estrategia de impulsar más proyectos de exploración y producción de gas natural, un combustible amigable con el medio ambiente”, según se lee en los objetivos de la firma.
FUENTE EL COLOMBIANO
Ayer la Comisión de Expertos conformada para investigar si es viable o no que en el país sea permitido el fracking en la exploración petrolera y de gas, se dieron recomendaciones para el uso de la práctica no convencional en planes piloto (ver Antecedentes).
Entre los puntos más importantes, se llamó la atención para que esos proyectos experimentales se den de manera controlada, concertada y con la seguridad de que todas las partes afectadas por el desarrollo de estos proyectos, tengan las compensaciones ambientales, sociales y económicas necesarias.
Natalia Salazar, participante de la mesa, economista y magister en economía de la Universidad de los Andes, aseguró que no se puede dejar de lado cuán importante es el desarrollo de nuevos métodos de extracción de materiales como petróleo y gas.
“En las últimas cuatro décadas las actividades del sector hidrocarburos han sido importantes en las cuentas fiscales, cuentas externas y en el crecimiento del empleo, además del fortalecimiento de las regiones. En 2017, cuando hubo un punto bajo en el precio del petróleo, el sector contribuyó de manera importante: los ingresos de ese segmento representaron el 20 % de sectores como salud y educación”.
Y es que según estimaciones citadas por Salazar en su ponencia, el país tiene un “gran potencial de yacimientos no convencionales. Las reservas potenciales de petróleo y gas de no convencionales estimadas sólo en la Cuenca del Valle Medio de Magdalena son de aproximadamente 7.400 millones de barriles equivalente (MBOE), casi tres veces las reservas probadas actuales de convencionales (2.466 MBOE)”.
Ante el anuncio se escucharon voces en contra sobre la postura que tomó la mesa de expertos. Una de ellas fue la de José Roberto Acosta, miembro de la Red por la Justicia Tributaria. Para el experto se requiere de un aparato administrativo lo suficientemente sólido para garantizar que ese proceso se dé con la menor cantidad de traumatismos posibles.
“El punto central es que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), no tiene el equipo técnico ni humano para hacerle seguimiento a los yacimientos de fracking. Ni siquiera con los yacimientos tradicionales hay certezas, ni imaginar con los nuevos”.
Acosta agregó que “institucionalmente no estamos preparados para tener esos cuidados de los que habla la Comisión, mal haríamos al dar un paso adelante que terminaría siendo un retroceso social y ambiental”.
Entre las otras condiciones planteadas por la Comisión de Expertos para emprender proyectos pilotos de investigación (PPI), se debe tener en cuenta, entre otras, el análisis de la oferta y demanda de agua, suelos y biodiversidad; contar con la capacidad institucional requerida para asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental y “el adecuado uso de las tecnologías”.
Finalmente, también se solicitó garantizar las condiciones de desarrollo institucional para la gestión del desarrollo socioeconómico y la gestión de aquellos territorios concebidos como sostenibles.
FUENTE EL COLOMBIANO
A pesar de que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) reconoce que este gobierno sí ha mostrado voluntad política para cumplir con lo acordado tras el paro que se extendió durante 37 días, entre mayo y junio de 2017, hoy volverá a marchar.
Aunque suene contradictorio, Nelson Alarcón, presidente de Fecode, señala que además de exigir que el cumplimiento, también saldrá a pedir protección a la vida de los docentes. En los 44 días del año han conocido amenazas contra 320 maestros.
Al respecto, el Ministerio de Educación, respondiendo a este nuevo llamado de cese de los educadores, el cual afectará a por lo menos ocho millones estudiantes de colegios públicos, señaló que “el presidente Iván Duque, a través del Ministerio de Educación, tiene como prioridad mejorar la calidad de la educación en el país. Por lo cual, en equipo con los miembros del Comité Ejecutivo de Fecode se han sostenido distintas reuniones para atender con responsabilidad social, fiscal y rigor técnico los acuerdos sindicales” (Ver Paréntesis).
Para ampliar las razones y conocer el porqué de esa contradicción, se habló con Alarcón.
¿Cuáles son las razones del paro de 24 horas?
“Nuestro objetivo es la exigencia para que nos respeten la vida. Vienen asesinando a los líderes sindicales y sociales. Apenas va mes y medio del año ya tenemos 320 maestros y directivos amenazados, principalmente en Cauca, con 120 casos”.
¿Y las demás?
“Estamos exigiendo el derecho a la prestación efectiva y de calidad de los servicios de salud, que es responsabilidad del Gobierno, la Fiduprevisora y los prestadores de servicios, porque no están dando citas con especialistas y no entregan medicamentos”.
Ustedes han dicho que se requiere una reforma al Sistema General de Participaciones, ¿eso también lo incluyen?
“Sí. Necesitamos garantizar recursos para la educación, salud, saneamiento básico. Estamos peleando para generar condiciones dignas a nuestros estudiantes en lo que tiene que ver con infraestructura, alimentación, dotación y material didáctico”.
Pero usted el 31 de enero pasado que habló dijo que veía voluntad política de este gobierno, ¿no le resulta contradictorio volver a parar?
“Reconocemos que el gobierno ha avanzado y se han implementado acuerdos. Pero necesitamos avanzar en temas importantes como: el derecho a la vida, que hoy está en juego y no hemos escuchado ningún pronunciamiento del gobierno”.
El Ministerio publicó ayer un comunicado señalando que sí estaba cumpliendo y mencionó 30 reuniones desde que el presidente Duque llegó. ¿Qué es lo que pasa?
“Sí vemos voluntad, pero necesitamos celeridad porque eso se acordó con el Estado, no con Santos o con Duque”.
¿Entonces vendrán nuevas movilizaciones, de qué dependerá?
“Hoy tenemos una circunstancia, que es el Plan Nacional de Desarrollo, el cual desconoce la educación preescolar, básica y media, además de la mejor financiación de la estructura académica, porque quieren implementar las concesiones en los colegios. La plata y la educación deben ser administradas y garantizada por el Estado”.
Esta semana, en redes sociales, se movió un mensaje que decía que apoyaba a los profesores, pero no a Fecode, ¿cómo lo interpreta?
“Es la estigmatización que ha hecho el Centro Democrático, partido de gobierno, que dice que los docentes somos adoctrinadores. Los maestros enseñamos basados en los planes definidos por el gobierno escolar, siguiendo lineamientos del Mineducación”.
FUENTE EL COLOMBIANO
A tan solo cinco días del inicio del estado de prevención, declarado por el Área Metropolitana debido al deterioro de la calidad del aire en el Valle de Aburrá, la ciudad amaneció con 13 de las 18 estaciones instaladas por el Siata (Sistema de Alerta Temprana local) en color naranja.
Esto quiere decir que el aire es dañino para grupos poblacionales sensibles. Las ubicadas en Itagüi, El Poblado en Medellín, Girardota y La Estrella, eran los radares con mayores indicadores de contaminación; mientras que las dos estaciones de tráfico o industriales, una ubicada en el centro y otra en el sur, también estaban en color naranja.
Recordemos que la calidad del aire se mide con la cantidad de material particulado (PM 2,5) en el ambiente. De acuerdo con el Siata, aunque las partículas 2,5 son quizás el mayor peligro para la salud de los ciudadanos, existe un promedio diario que es tolerable para el cuerpo humano:
Bueno: 0 a 12.4 microgramos por metro cúbico.
Moderado: 12.5 a 35.4 microgramos por metro cúbico.
Dañina a grupos sensibles*: 35.5 a 55.4 microgramos por metro cúbico.
Dañino: de 55 microgramos por metro cúbico en adelante.
*Los grupos sensibles son los niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
La medición registrada por el Siata fue tomada a las 6:30 a.m. de este miércoles; no obstante, desde el martes de esta semana se evidenció fotográficamente que la contaminación estaba llegando a niveles altos en la ciudad.
Según un informe de la Contraloría de Medellín, elaborado con apoyo del Instituto de Ambiental de la Universidad Nacional, entre el 2012 y el 2016 murieron 22.922 personas por causas relacionadas con enfermedades respiratorias agudas en Medellín.
Belén, Laureles y Estadio, las zonas de la capital antioqueña donde más se presentó este fenómeno, con un rango de 600 a 900 casos reportados.
El estudio elaborado por la Contraloría fue titulado “Cuantificación física y económica del impacto de la contaminación atmosférica en la salud de la población de Medellín”, y puso el tema sobre la mesa ad portas del inicio del estado de prevención decretado por el Área Metropolitana.
El pico y placa ambiental comenzará a regir en los 10 municipios del Valle de Aburrá a partir del 18 de febrero, y su objetivo es mitigar la contaminación del aire que se ha convertido en una contingencia habitual (cada año) ara la región en los meses de febrero y marzo.
FUENTE EL COLOMBIANO
