Emisora Virtual Educación Al Día

Antioquia busca acelerar pruebas de coronavirus

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Cada vez que en Antioquia se detecta a un sospechoso de covid-19, se pone en marcha un operativo complejo para confirmar si tiene o no el virus: se aísla al ciudadano, se le toman las respectivas muestras, se envían a Bogotá y en un plazo de mínimo de 24 horas —tiempo en el que lo procesa el Instituto Nacional de Salud (INS)— se confirma o descarta el contagio.

Ese tiempo, explicó John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia (U. de A.), es muy largo si se tiene en cuenta que el virus se esparce rápidamente. “Tener un diagnóstico masivo, que responda en corto tiempo, evita más contagios”, dijo.

La U. de A. junto con otras instituciones, incluyendo las universidades Nacional y CES y la Corporación de Investigaciones Biológicas (CIB), le envió una carta al INS, para pedirle que permita el funcionamiento de los laboratorios que esas instituciones tienen, de modo que el departamento pueda hacer diagnósticos propios y más rápido.

“Le solicitamos comedidamente y de manera urgente la capacitación en la prueba, así como la autorización de los laboratorios de investigación que cumplan con los estándares definidos para el diagnóstico molecular”, dice la misiva.

¿Qué se necesita?

Jaime Andrés Cano, director del CIB, explicó que para hacer pruebas de coronavirus en Antioquia se requieren laboratorios habilitados por el INS, laboratoristas capacitados por esa misma institución, equipos —hay algunos que funcionan, pero se pueden traer otros más efectivos— y reactivos que proporciona el Gobierno Nacional.

“Todas las instituciones tenemos personas con muchas capacidades y podemos viajar a Bogotá para la capacitación o recibir a alguien del INS aquí. Con los equipos que tenemos podríamos procesar 240 pruebas por día, pero con los nuevos que están en la frontera esperando autorización del Invima, podrían ser hasta 2.000 muestras”, dijo.

La directora del INS, Martha Lucía Ospina, aclaró que no es necesaria ninguna certificación sino la capacitación que toma dos días y la autorización departamental.

Agregó que están listos para formar a los expertos de las universidades, pero aclaró que lo que funciona en el país es suficiente para la demanda.

“En el INS tenemos nueve termocicladores (equipos de análisis) y 40 personas en el laboratorio. Con eso podemos procesar 1.600 muestras al día”, dijo la funcionaria y añadió que hay otros dos laboratorios, cada uno con capacidad de procesar 400 muestras diarias. “Si sumamos son más de 2.000 muestras analizadas, mucho más de lo que está llegando”.

Los dos laboratorios a los que se refiere son el de Bogotá y uno departamental de salud pública que abrirá la Seccional de Salud de Antioquia en próximos días.

Luis Gonzalo Morales, gerente para el manejo de coronavirus en Antioquia, aseguró que en el transcurso de esta semana el laboratorio podría empezar a funcionar.

“Nos faltan dos o tres coordinaciones con el Gobierno Nacional. Pero damos seguridad en que todos los casos de personas sospechosas del virus, y quienes tuvieron contacto con los diagnosticados, hemos chequeado y se les ha hecho seguimiento diario”, declaró.

Reactivos, el problema

Lina María Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia, indicó que ya hay conversaciones adelantadas para autorizar la operación de los laboratorios universitarios, pero aclaró que por ahora el problema es la poca disponibilidad de los reactivos que se requieren para la prueba.

Al respecto el INS explicó que el problema es mundial, pues Alemania, uno de los distribuidores, prohibió las exportaciones de elementos para la detección del covid-19.

“Vamos a mirar qué se puede hacer. Por ahora vamos a verificar que ellos cumplan con las condiciones de operación, garanticen la protección de su personal y otros temas técnicos y de calidad que son estrictos”, sentenció .

FUENTE EL COLOMBIANO

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Empresarios y Gobierno piden cuidar abastecimiento del país

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Desde hoy la gasolina y el Acpm (Diésel) amanecen más baratos debido a la sensibilidad de algunos sectores en el uso del combustible y para apoyar la logística en el transporte de alimentos dijo el presidente Iván Duque. Con esta disminución en el precio por galón se completan dos en marzo.

Para Medellín la gasolina cayó 1.290 pesos, al quedar en 8.223 pesos, y el acpm 945 pesos, para un valor de referencia de 8.396 pesos. En las 13 principales ciudades del país, el precio promedio bajó 1.200 pesos para la gasolina y 800 para el diésel.

“Esta decisión se toma en medio de la coyuntura económica que vive el país (…) con una caída pronunciada del precio del petróleo, y lo que busca es darle un alivio a los colombianos que usan combustible (…) y aliviar las cargas en el país”, dijo el viceministro de Energía, Diego Mesa.

Mesa hizo un llamado para que las personas no acaparen hidrocarburos por esta medida “los combustibles no pueden estar almacenados por particulares, este debe ocurrir por los minoristas o las estaciones de servicios”.

La misma invitación hizo el presidente Duque al sumarse a la petición de los comercios que solicitan a las personas ser más mesurados.

“Rechazar esa cultura del vivo también tiene que ver con aquellas personas que quieren acaparar, sin necesidad, que quieren acaparar para inflarles los precios a los productos que están vendiendo, que quieren ver cómo le sacan provecho a la situación”.

Solicitud que realizó posterior a la comunicación de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que siendo la voz de 14 comercios, le pidió a la ciudadanía su ayuda para adquirir los productos de manera mesurada para evitar que otras personas se queden sin alimentos o bienes de primera necesidad.

“Hay suficiente para todos si nos unimos y obramos ordenadamente”, se afirmó en un comunicado en el que también se sostiene que se está trabajando para garantizar el abastecimiento.

La solicitud, además se extendió a la reducción de personas que van a los establecimientos, ideal que sea solo una por hogar, y con especial cuidado en niños y adultos mayores.

Finalmente, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) instó, junto a Fenalco y a la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), a que los mandatarios locales precisen las medidas para que aún en “escenarios de limitación de movilidad o toques de queda, se facilite el tránsito de personas encargadas de la comercialización, al igual que de vehículos de carga con víveres, combustibles, elementos de aseo, salud, medicinas y otros”.

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Declaratoria en Antioquia agilizará medidas de contención

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Con el fin de intensificar las medidas de prevención de propagación del coronavirus Covid-19, el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria declaró anoche el estado de emergencia sanitaria en salud en el departamento.

La declaratoria, que tendrá vigencia por dos meses (hasta el 30 de mayo), establece una serie de órdenes generales de obligatorio cumplimiento relacionadas con promover el autocuidado y la corresponsabilidad social en protección de la salud de las comunidades.

En cumplimiento de la medida, las personas que regresen al departamento después de estar en alguno de los países con circulación del virus, deberán informarlo a las autoridades e, incluso sin presencia de síntomas, deben permanecer mínimo 14 días aisladas en su lugar de residencia.

En el aeropuerto José María Córdova se dispondrá un equipo de profesionales de la salud que atenderá, de manera prioritaria, personas de países donde ha circulado el virus.

Asimismo, las empresas de transporte público deberán realizar actividades de limpieza en sus vehículos diarias antes de ponerlos en servicio.

Gaviria anunció que convocará a un comité técnico asesor integrado por representantes de la academia, de gremios, IPS y EPS públicas y privadas, el cual actuará como Secretaría técnica de contingencia. El equipo, liderado por el exsecretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales como gerente integral, se encargará de diseñar, evaluar y coordinar las acciones de prevención con las autoridades nacionales, departamentales y municipales.

“Acogemos las indicaciones de la declaración de emergencia sanitaria nacional. Se cancelan eventos con más de 500 personas. Invitamos a las empresas a ser más flexibles y a realizar aislamiento preventivo a turistas y adultos mayores”, apuntó el mandatario.

Protocolo de atención

Aquellas personas que se identifiquen con los síntomas asociados al coronavirus, tales como fiebre, tos seca y problemas respiratorios, deberán llamar a la línea 123. El personal dispuesto por este medio se encargará de evaluar la situación y, en caso de ser necesario, trasladar el caso al Centro de Identificación de Casos para atención domiciliaria.

Esta entidad notificará a las EPS y entidades territoriales, que atenderán el caso en el domicilio del paciente, tomarán una muestra para determinar si hay contagio y emitirán una incapacidad para quien lo necesite.

Serán las EPS quienes determinen si el paciente requiere ser trasladado a un centro hospitalario. Además, estas se encargarán de garantizar dicho traslado y de ubicar al paciente en la red hospitalaria, en un periodo de 6 a 12 horas, bajo las condiciones de aislamiento y cuidado requerido.

Cada empresa de ambulancia o centrales de referencia de las EPS deben notificar al 123 la IPS a la cual se trasladará el paciente. Si el paciente no requiere hospitalización, se hará un aislamiento preventivo en casa de 14 días.

¿Una clínica exclusiva?

El pasado 10 de marzo, el alcalde Daniel Quintero anunció que la reformada clínica Victoriana —antigua clínica Saludcoop de Villanueva— se destinaría exclusivamente a la atención de personas contagiadas con el coronavirus.

Sin embargo, la junta directiva de la clínica dijo ayer que los servicios del centro de salud “no se prestarán exclusivamente a pacientes infectados por el coronavirus”.

Juan David Atehortúa, director médico de la clínica Victoriana, aseguró que aún no ha finalizado el proceso de dotación y, por lo tanto, solo se están prestando servicios de imagenología y cirugía ambulatoria. “Inicialmente, como nosotros no tenemos todavía abierto el servicio de hospitalización, no cabemos dentro del grupo de instituciones que podría recibir ese tipo de pacientes”, expresó Atehortúa, aclarando que, una vez se habiliten los servicios de urgencias y hospitalización en el segundo trimestre del año, la clínica recibirá pacientes con esta y otras afecciones que así lo requieran.

“Como cualquier otra institución en la ciudad, si llegan personas que tengan infecciones que requieran aislamiento y un manejo especial, serán atendidas. Pero eso no quiere decir que vaya a ser una institución dedicada a la atención exclusiva de personas infectadas por el coronavirus”, enfatizó Atehortúa.

La Alcaldía de Medellín aclaró que dispondrá en su totalidad de la red pública para la atención de aquellos casos que lleguen a ser confirmados. Además, informó que actualmente están realizando acercamientos con instituciones privadas para que cuenten como red de apoyo en la siguiente fase del virus.

“En toda la ciudad contamos con 400 camas de cuidados intensivos. Estamos mirando cómo duplicarlas, es la preocupación más grande en este momento, porque aunque la enfermedad es de baja letalidad, sí puede llevar a muchos pacientes a cuidados intensivos. Todavía no estamos en una etapa crítica, pero nos debemos prepararnos para eventos como los que se están viviendo en Madrid (España), Italia y otras ciudades del mundo”, explicó el martes el alcalde Daniel Quintero .

FUENTE EL COLOMBIANO

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En Colombia sí hay abastecimiento de tapabocas: Invima

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¿Hay o no tapabocas suficientes en Colombia? Esa es una pregunta que ha surgido en los últimos días ante la demanda de dispositivos médicos en el ámbito mundial como consecuencia de la epidemia del coronavirus, que ya está presente en 77 países, incluidos algunos vecinos de Colombia, como Brasil y Ecuador.

El elemento médico más importante para prevenir los contagios de esta y otras enfermedades es el tapabocas. Tanto la Organización Mundial de la Salud como el Ministerio de Salud han resaltado la importancia de que las personas infectadas con este o cualquier otro brote, como una simple gripe, porten este dispositivo de protección.

Así las cosas, tras la revisión que hizo la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Invima, se encontró que en el país hay 53 registros sanitarios para la comercialización de estos elementos, de los cuales 45 son importados y ocho, de fabricación nacional.

Las cifras entregadas por el instituto indican que en existencias hay 9.392.435 unidades de tapabocas. De estas, 6.055.250 son de importadores y las restantes (3.337.185), de manufactura nacional.

El almacenamiento de esa mercancía es clave en cuanto que este dispositivo médico es una barrera para evitar la propagación del virus. Existen tres tipos de tapabocas: los de filtro de tela, otros con filtro antibacteriano, y una categoría conocida como máscara de alta eficiencia, que tiene un filtro N95, que es una barrera de mayor tamaño.

En un comunicado, el Invima aclaró que “el uso del tapabocas debe ser en pacientes que manifiesten síntomas de infecciones respiratorias, para evitar expandir el contagio”. Es decir, el tapabocas “no sirve para protegerse del coronavirus”, explica el instituto.

Finalmente, el instituto pidió a los encargados de dichos registros sanitarios asegurar su distribución equitativa en todo el país, y señaló que está revisando el abastecimiento de elementos como guantes desechables estériles y no estériles, gel antibacterial, gafas de protección y otros.

Vale recordar que hasta la fecha no se registran casos del coronavirus en el territorio nacional. Los tres colombianos que han resultado infectados están en Japón (un tripulante del crucero Diamond Princess), España y Brasil.

FUENTE EL COLOMBIANO

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Nace la unidad contra la corrupción en alimentación

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Desde el 1 de marzo próximo entrará a funcionar la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, diseñada por el Ministerio de Educación para controlar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y evitar que la corrupción, que ha rodeado a este programa, siga campante.

Es un lastre que ha cargado este programa por el mal manejo del presupuesto. Basta con recordar las pechugas que pasaron de $7.000 a $40.000 o, aunque parezca surrealista, la ferretería que se ganó una oferta del programa en Cartagena y que cobraba los alimentos a un costo más elevado que al precio del mercado, como lo demostró la Contraloría General entre 2016 y 2017.

Para enfrentar el fenómeno, la Unidad tendrá mayor control de los recursos y obligará a los contratistas a que cumplan. Entre sus retos, de acuerdo con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, aparecen el fortalecimiento de mecanismos para mejorar la eficiencia del programa.

Asimismo, la ministra señala que las tareas también se enfocan en que la cobertura pase de los 5,6 millones de estudiantes de 2019 a siete millones al final del gobierno Duque y que el programa opere durante los 180 días del calendario académico, y no como ocurre con regularidad, que aunque los estudiantes empiezan clases en enero, el programa funciona desde febrero.

El presidente Iván Duque señaló que “el país requiere una carta de navegación de largo plazo, que oriente a los gobiernos locales en torno a la Alimentación Escolar como una acción social integral que favorezca el acceso, el bienestar y la permanencia de los estudiantes en el sistema”.

¿Servirá la Unidad?

Para Ximena Norato, directora de la Agencia Pandi –entidad que vela por la protección de la niñez–, la noticia es positiva, pues son recurrentes las dificultades del programa. De esta manera se garantizará que tengan alimentos para que no se afecte su calidad académica. De igual manera, plantea que “debe garantizar la calidad y la eficiencia, que debería ir más allá del calendario escolar”.

La misma percepción tiene Camilo Enciso, director Instituto Anticorrupción, quien señala que la estructuración de la Unidad y su trabajo será un acierto, pues se encargará de diseñar los procesos de contratación del PAE y no como antes, que era a los municipios a los que se encargaban de esta labor.

No obstante, dice Enciso, se debe “fortalecer el modelo de gobierno corporativo, con terceros expertos imparciales, que no les respondan directamente al Gobierno Nacional”, pues el Consejo Directivo de la Unidad está integrado por funcionarios del gobierno.

Para Enciso, la sociedad civil debería “tener mayores dientes y ejercer una veeduría”, con el objetivo de hacer contrapeso en las decisiones que se tomen y de esta manera evitar que los intereses políticos ganen espacio en el PAE.

Llamados de organismos

Esta Unidad es una especie de respuesta a los requerimientos de entidades de control como la Procuraduría y la Contraloría General, que en diversos escenarios plantearon las dificultades del PAE al inicio de este año escolar.

Por ejemplo, la Contraloría emitió una alerta a finales de enero porque el 32 % de los estudiantes de Colombia aún no contaban con acceso a la alimentación, lo que podría generar deserción, mientras que la Procuraduría le pidió al Gobierno, tareas que, de acuerdo con la ministra, se esperan subsanar con esta Unidad.

FUENTE EL COLOMBIANO

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Por amenazas los educadores vuelven a parar

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Alrededor de 200 amenazas contra profesores y directivos sindicales de la educación, así como un homicidio, en lo corrido del año, son el principal argumento que los lleva a las calles de nuevo, según la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Los profesionales vinculados a este movimiento sindical estarán en cese de actividades hoy y mañana, de acuerdo con su presidente Nelson Alarcón, quien señala que esto no tiene que ver con el presidente Iván Duque. Sin embargo, este es el noveno cese en su gobierno.

Explica que la relación se da por las recientes amenazas, que han llegado desde enero, firmadas por las autodenominadas Águilas Negras y nadie da explicación de qué o quién está detrás.

“Mire lo que pasó en El Salado, justo después de 20 años de la masacre en la que mataron 60 personas, nuestros docentes tuvieron que salir por estos panfletos”, dice Alarcón, intentando hacer un acercamiento de la realidad.

En 2019 fueron 950 profesores amenazados y 14 asesinados, mientras que en los últimos 30 años mataron a 1.102, según cifras de Fecode. Hace dos semanas, el más reciente atentado fue contra uno de sus directivos, Carlos Rivas, que salió ileso.

Por eso, en Medellín las jornadas se cumplirán así: hoy habrá una marcha que saldrá, a las 9:00 a.m., desde la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), pasará por la Avenida Oriental y terminará en La Alpujarra. El viernes empezará con un plantón en el Parque de las Luces y luego se iniciará una marcha que irá hasta la sede de Adida.

De manera similar buscan que la movilización ocurra en las principales ciudades del país sumando los 270 mil educadores de Fecode.

El panorama actual

Aunque hace un mes Alarcón valoró las reuniones y los acercamientos entre la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y la Unidad Nacional de Protección (UNP), en aras de crear estrategias para proteger a los docentes, hoy cuestiona que las reuniones no se reflejan en acciones concretas para su protección. Por su parte, el Ministerio de Educación asegura que no se ha quedado quieto ante estas denuncias.

La ministra de Educación señala que los esfuerzos para garantizar su protección se han hecho en conjunto con la UNP y que el Gobierno tiene toda la voluntad de resguardarlos, por eso, llamó la atención de las Secretarías de Educación regionales y locales para que diseñen planes para que no queden expuestos.

La directiva ministerial 02 de agosto de 2019, firmada por la ministra Angulo, señala que para proteger al docente amenazado se deben cumplir cuatro aspectos: las amenazas deben estar comprobadas y sustentadas en la Fiscalía y la Policía, la valoración de riesgo debe realizarse con la autoridad municipal o departamental; si se solicita traslado, los argumentos deben ser “serios y objetivos”, y si en el proceso de verificación de pruebas se demuestra que las razones del traslado fueron “infundadas”, se le aplicará “el proceso disciplinario”, dispuesto en el Decreto 1075 de 2015.

Entre los cumplimientos se puede mencionar que el Gobierno incluyó en el Plan de Desarrollo aspectos reclamados, el aumento en el presupuesto y alrededor de $750.000 millones adicionales para invertir en infraestructura y programas de formación.

La Ocde, al analizar la situación en 2019, señaló que se necesita una inversión más fuerte para mejorar el acceso y la calidad de la educación y la atención de la primera infancia en Colombia, pues para la organización “el sistema enfrenta bajas tasas de matrícula para niños de 3 a 5 años”.

Hay que tener en cuenta que, aunque Colombia, de acuerdo con el presidente Iván Duque, tiene el presupuesto más alto de la historia en educación, con $44,1 billones, falta invertir más, pues solo el 9,2 % se destina en inversión en mejor educación ($4 billones), el resto de ese monto se emplea en gastos de funcionamiento: el 90,8 %, que equivale a $40,1 billones.

¿Reclamos son justos?

Cecilia Dimaté, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación del Externado, asegura que “es preocupante que los estén matando”.

Por otro lado, Jhon Alexander Echeverri Acosta, docente de Envigado y finalista del Global Teacher Prize 2018 (reconocimiento a los mejores profesores del mundo), adhiere un problema que golpea tanto a los 329.888 educadores del país, como alrededor de 10 millones de estudiantes activos. Se trata de la corrupción. “Perjudica nuestra labor porque muchas veces se invierte el dinero en temas de orden político, olvidando la educación”, asegura.

En la otra esquina está la Confederación de Padres de Familia, que se opone a estos ceses, argumentando que afectan a los estudiantes. Ante esto, el directivo de Fecode responde que el tiempo empleado en estas jornadas “siempre se repone”.

Fecode no se olvida de los problemas de infraestructura educativa y, al respecto, Alarcón recuerda las demoras en los plazos de las entregas expuestos por la Contraloría General en 26 colegios, que se están construyendo actualmente en el país.

A esto suman lo que ellos determinan como falta de oportunidades para acceder a formación académica superior. En este caso, para mejorar sus condiciones se puede considerar una de las 65 recomendaciones de la Misión de Sabios, que apunta a la creación de un instituto que les permita obtener con facilidad capacitación. Así lo plantean los analistas consultados, quienes resaltan que, en su mayoría, los docentes deben sacar de su bolsillo para estudiar una especialización o una maestría y ponen de ejemplo a Alemania o Singapur, donde reciben becas para continuar su carrera, aunque reconocen lo distinta que es la realidad colombiana frente a la de esos países.

Retos de la educación
“Si un sistema educativo quiere ser de calidad tiene que preguntarse por el bienestar de sus docentes”, eso opina Wilson Bolívar, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia.

El experto pone de referencia los salarios, que son bajos en comparación con los de la región (ver infografía) y la situación de la salud relacionada con la ineficiencia de su régimen especial, que de todas maneras no les garantiza una atención eficaz y de calidad; incluso, dice Alarcón, de nada sirven las quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud.

Por otra parte, asegura Bolívar, “los Estados piensan que la solución a los problemas radica en copiar modelos educativos, sin pensar en el bienestar del maestro o dar incentivos para educación de alta calidad, que se traducirá en mejores herramientas para enseñar en el aula de clase”.

Para completar, los padres de familia se han alejado del contacto escolar, a juicio del profesor Echeverri Acosta, quien dice que frente al poco acompañamiento “los colegios deben tomar medidas más drásticas ante casos de abandono educativo de los padres” e incluso plantea la importancia del acompañamiento de otras entidades del Gobierno para lograr el complemento de educación familiar necesario para los estudiantes.

Ahora, aunque no hay una fórmula mágica que permita encontrar las respuestas, Gabriela Delgado, profesora del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia y quien hizo parte de la Misión de Sabios, sostiene que el camino que debe abordar Colombia es acatar esas recomendaciones que se conocieron en diciembre pasado, pues de una u otra manera, trazaron la ruta para que la educación, la ciencia y la tecnología se conviertan en un motor de desarrollo, no solo económico, sino social y que permita superar los rezagos.

FUENTE EL COLOMBIANO

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